Por: M.A.O
Los planes de privatización en PR tienen elementos meticulosos que destacan un carácter fantasmagórico que revive las esperanzas de la clase obrera. Levanta espíritus progresivos en nuestra clase cuando ejecutan conceptos como la libre competencia u otros que amancillan la privatización. La burguesía colonial conoce muy de cerca las leyes de hierro del sistema capitalista y no nos puede parecer extraño que llame nuestra atención. Lo que suplicamos a la ligera es poner en movimiento nuestra fuerza de trabajo. Única forma de conseguir los medios de subsistencia. Estamos listos para llevarla al primer postor capitalista que aparezca. Pero la evolución del capital consiguió la habilidad de estar en todos lados. Para que el Capital Trasnacional vea a Puerto Rico como escenario que asegure grandes tasas de acumulación de riquezas, la burguesía política tiene que ofrecer una fuerza de trabajo dispuesta a esclavizarse. “La tienen”. Hay que legislar para que lleguen. Por ahí está la ley de incentivos a las corporaciones extranjeras. No obstante, existen limitaciones políticas que impiden poner a competir nuestra fuerza de trabajo a nivel global. Pero Aníbal Acevedo Vila ya está hablando abiertamente de “soberanía”.
A medida que ha ido tomando fuerza el capital, se dan exageradas razones sobre los beneficios de la privatización: “la empresa privada es más eficiente”; “el sector privado paga mejores salarios”; “el sector privado satisface a los consumidores”; etc. Puede que sea cierto. Pero veamos la funcionalidad de la privatización en nuestro país. Puede que en otros países con abundantes recursos económicos la crisis de la clase obrera no se refleje de igual manera. Mientras más recursos económicos tengan el capital más formación política para asegurar sus riquezas.
Comencemos con la administración de Pedro Rosselló en la que se estableció un comité de privatización que se encargaba de identificar propiedades y servicios públicos para vender o arrendar. Esto se hacía por medio del Banco Gubernamental de Fomento. En esa misma época se privatizaron la mayoría de los hospitales de Puerto Rico. Ya los bonistas estaban cobrando la deuda. La venta de los hospitales se justificó para saldar deudas a los bonistas. No fue así, las ventas se procesaron por menos del dinero de lo que la Autoridad de Edificios Públicos debía a los bonistas.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados, luego de ser vendida a una Empresa Francesa, no cumplió con los servicios y se enfrasco en problemas con la Agencia Federal de Calidad ambiental. En 2004 regreso a manos del gobierno.
Los activos de las corporaciones azucareras y los hoteles de la Corporación de desarrollo hotelero (Mayagüez Hilton, Caribe Hilton y Ponce Hilton) fueron vendidos.
Dispensarios y hospitales regionales de salud mental fueron vendidos a empresas privadas, dejando a pacientes con problemas de alcoholismo, drogas y tabaco sin servicios.
En los 90 se hizo el primer intento de vender la Puerto Rico Telephone Company. Su venta se materializó en el 1998.
En el 1992 bajo el mando de los guaynabitos coloraos se privatizó la administración de todos los residenciales públicos provocando la reducción del 80% de los trabajadores del Departamento de Vivienda. En el 2011 las carreteras PR-22 y PR-5 fueron arrendadas a Metropista por los próximos 40 años y en el 2013 fue adquirido el Aeropuerto de Puerto Rico por la Compañía Privada Aerostar.
Extraer excedentes de riquezas implica acomodar todo un cuadro administrativo para reducir al máximo los costos en la producción. Seria desmedido pensar que las empresas privadas se instalan para el desarrollo económico cuando buscan posicionar sus capitales y extraer mayor fuerza de trabajo a un costo mínimo. No decimos que el capital no haya creado riquezas. Pero si aseguramos que lo ha hecho obteniendo fuerza de trabajo cada vez más barata y adquiriendo privilegios económicos del gobierno, que pertenecen a la clase trabajadora. En el 92 una empresa privada construyó el puente de la laguna San José con fondos públicos. Este puente se le arrendo a compañías privadas por 35 años para que se beneficiara del pago de peajes u otros servicios que pudieron haber ingresado en la banca del Estado. Después que el Gobierno burgués intercambio partes administrativas de la Puerto Rico Telephone Company al Capital trasnacional, la Corporación pública fue negociada por alrededor de $2, ooo millones de dólares cuando se estimaba que su valor estaba en un promedio de $8,000 millones. El capital trasnacional salivaba por la Telefónica desde 1986, cuando se instaló la empresa privada Cellular One, ahora conocida como AT&T. Apareció el «boom» del monopolio privado de las comunicaciones y ahora el mercado lo absorbe T mobile, AT&T y Claro. Estas han logrado abaratar los costos de su producción mediante los ajustes que ha realizado en reducir fuerza de trabajo y construir ambientes económicos favorables para acumular más capital. La abundancia de empresas de comunicaciones es un elemento más de la cuestión fetichista de la producción desmedida de mercancías.
Existen intereses muy comunes entre el gobierno burgués y la empresa privada. Quienes nos gobiernan son empresarios privados que dirigen los recursos públicos. Cuando compartimos en nuestras comunidades, en centros comerciales, en la barrita de la esquina, en la plaza del mercado o en cualquier lugar donde frecuenta a diario la clase obrera, escuchamos: “hay que privatizar la AEE, hay que privatizar la AAA, hay que privatizar todo”. Es lo más lógico cuando estamos comandados por empresarios privados que no representan a la mayoría del país. La creación en el 1993 de la Administración De Seguros de la Salud de Puerto Rico (ASES) pone en evidencia la relación entre el Gobierno y la empresa privada. Cuando se efectuó su creación en Puerto Rico existían 1.5 millones de personas sin plan médico. ASES se dio a la tarea de contratar planes médicos privados que cubrieran esa necesidad apremiante. Resulta que ASES es una de las agencias con altos niveles en deuda. En el 2011 se le otorgo a ASES una línea de crédito cargada con $171 millones de dólares. Esa línea de crédito fue para saldar financiamientos de empresas privadas provenientes de las primas de seguros por servicios que administran el programa Mi Salud (TRIPLE SSS). La relación entre el Gobierno y la empresa privada a la que nos referimos en oraciones anteriores está ejemplificada en el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, David Chafey JR. Este pertenece a la Junta de Directores de la aseguradora privada Triple SSS. Cuando el gobernador Alejandro García Padilla hizo política pública enfatizando que las 75, 000 personas que no cuenten con un plan médico en la isla podrán tener acceso a Triple SSS (Plan Mi Salud), Chafey JR brincaba en un solo pies. $96 millones fueron otorgados a Triple SSS en 2013.
Canchas, urbanizaciones, planes médicos mediocres, Centros de Convenciones, «Choliseos», centros comerciales, tren Urbano, Institutos educativos fraudulentos, programas sociales lucrándose de fondos federales, subsidios a grandes empresas trasnacionales, entre otros ; son los méritos de progreso que se achaca la clase rica política. Pero que continuamente subsanaron el interés de la empresa privada en adquirir más capital y a la vez inflar sus panzas con tantos millones acumulados. ¡Ahora el pueblo obrero a pagar la deuda! La burguesía trasnacional y la burguesía nacional apuntan a seguir llevándonos por esa ruta para no construir su propia tumba y dejar de ser la clase dominante en este sistema anárquico de producir de mercancías. Nuestra clase tiene el deber histórico de organizarse. Es la forma más acertada dentro de la lucha de clases para conseguir mejores niveles de vida.
¡Revolución o Sometimiento!
¡Comunismo o Barbarie!