Carlos Borrero
Especial para Abayarde Rojo Digital
Nos darían risa las recientes declaraciones del gobernador colonial si no fuera tan grave la condición social y económica de Puerto Rico. En un acto de pura demagogia, Alejandro García Padilla la semana pasada intentó hacerse pasar por defensor de los intereses de la ciudadanía al catalogar de “injusta” la última degradación crediticia llevada a cabo por Moody’s y amenazar con acciones legales contra la agencia acreditadora. Esta más reciente degradación crediticia se produce después de la aprobación hace una semana de la Ley para el Cumplimiento de la Deuda y la Recuperación de las Corporaciones Públicas o lo que se ha llamado la ley de “quiebra criolla”. La postura fuerte de AGP, sin embargo, es sólo un ardid.
En la edición del 1 de julio del Financial Times[1], se destaca la perspectiva de los tenedores de bonos municipales, incluidos los de las corporaciones públicas, al señalar la preocupación que se sienten ante la posibilidad de que se desate una ola de reestructuraciones de deuda a raíz de la nueva ley en Puerto Rico. Se entiende que del punto de vista de los inversionistas, que operan cada vez más en un entorno en que los altos rendimientos son difíciles de encontrar, cualquier retraso en la liquidación o reventa de bonos debido a disputas legales es inaceptable. Ya Franklin Templeton y Oppenheimer Rochester, dos fondos con un porcentaje significativo de bonos de corporaciones públicas en su cartera, han impugnado la constitucionalidad de la nueva ley en los tribunales. Lo que más les preocupa es la posibilidad de que otros inversionistas institucionales negocien términos no completamente favorables para ellos en los futuros procesos legales de quiebra. Pero esta reacción sólo refleja el alto grado de riesgo (exposición) que tienen a causa de su avaricia durante varios años de aprovecharse de la triple exención de la deuda colonial.
La realidad es que la administración colonial no tiene ninguna intención de desafiar al capital financiero como se señala por las garantías del gobernador al declarar recientemente que “vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones para con los acreedores del ELA.” (De hecho, ya se efectuó el martes pasado un pago de casi $400 millones para la deuda de la AEE a pesar de que existen dudas sobre la capacidad de hacer futuros pagos.) Después de servir durante tanto tiempo como fieles ejecutores de los dictados del capital financiero y sus secuaces como Moody’s, ej. despidos en masa de trabajadores públicos, privatizaciones, recortes de servicios, aumentos de tarifas, ataques contra pensiones, etc. suena más que falsa la reciente oposición de los administradores coloniales a los arquitectos de la austeridad. A la raíz de este acto de “teatro político” es la necesidad de resucitar la imagen pública del régimen colonial para que pueda seguir desempañando fielmente su papel de agente del capital financiero. Como tal, la reciente degradación crediticia de Moody’s representa un disparo de advertencia sobre la proa para amedrentar a las masas a la vez que les da “cobertura política” a los lacayos coloniales ahora convertidos en “defensores populistas del pueblo”.
En la sociedad capitalista moderna la reestructuración de una deuda pública refleja el alto grado de pillaje que ya se ha llevado a cabo por el capital financiero. Es la admisión de que la explotación ha llegado a un extremo en que les obliga a los mismos capitalistas a reconocer el riesgo que se corre de desatar convulsiones sociales. Como tal, la reestructuración en un proceso de quiebra no representa un ataque en contra del capital financiero en particular y mucho menos la sagrada propiedad privada de la sociedad burguesa en general sino una reorganización del pillaje. Es cierto que el proceso puede alterar los reclamos de algunos intereses financieros con altos niveles de exposición a la deuda de un determinado municipio o empresa, y que probablemente desencadene intensos conflictos a medida que un conjunto de intereses financieros intenta imponer su voluntad sobre otros, pero la carga de la deuda nunca se alivia para los trabajadores. Ahí están los tribunales burgueses no solamente para mediar las inevitables disputas entre los varios parásitos financieros, sino también para proteger los intereses colectivos de la burguesía. Al fin y al cabo cualquier combinación de una extensión de los términos de la deuda pública y ajuste a las tasas de interés con la venta de bienes públicos (privatizaciones) para acelerar el repago que forma parte de una futura reestructuración de la deuda en Puerto Rico resultará en más recortes de servicios y despidos de trabajadores entre otras consecuencias negativas para la clase obrera en general.
Ya en enero de este año denunciamos desde el AbayardeRojo Digital una reunión entre acreedores de Puerto Rico y especialistas en la reestructuración de la deuda pública en las oficinas de la firma Jones Day en Nueva York.[2] En aquella ocasión señalamos el papel nefario que jugaba Jones Day, la firma que le dio consultoría legal al gobierno estatal de Michigan, en la quiebra de Detroit. Las consecuencias sociales de la quiebra de Detroit, especialmente para los trabajadores, son sumamente aleccionadoras para los trabajadores en Puerto Rico[3]: Una reducción dramática de las pensiones de los trabajadores públicos; recortes severos a los servicios públicos esenciales; el desmantelamiento de las escuelas públicas; desalojos; ataques a las instituciones culturales; y más recientemente un número récord de cierres al servicio de agua a residentes por impago de facturas. Este último ha llegado a un extremo en que oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU lo han clasificado como una violación de derechos humanos. Y mientras que todos estos crímenes se llevan a cabo en contra de las familias trabajadoras en Detroit, un enjambre de parásitos ha convergido sobre la ciudad en una orgía de especulación financiera. ¿Duda alguien que esta firma, que seguramente aconsejó sobre los mecanismos jurídicos como parte de la elaboración de la llamada ley de “quiebra criolla” en Puerto Rico, haya desarrollado un plan con consecuencias similares para la clase obrera puertorriqueña?
De todos los aspectos de esta vil ofensiva que se está llevando a cabo en contra de la clase obrera puertorriqueña el más importante es el papel cómplice que están jugando no pocos elementos del liderato sindical. En el caso de Detroit, el liderato de la principal unión de trabajadores municipales (La Federación de Empleados de Estado, Condados y Municipios, Local 25 o AFSCME por sus siglas en inglés.) no solamente falló en su responsabilidad de preparar a sus filas para una lucha radical y prolongada dirigida hacia los cimientos del sistema capitalista, sino avaló muchas de las medidas reaccionarias impuestas en los tribunales bajo el pretexto de que no les quedaba más remedio dadas las circunstancias. En vez de promover entre las filas trabajadoras una comprensión de las raíces sistemáticas de la crisis y el odio hacia los enemigos de clase, el liderato sindical en Detroit predicaba la búsqueda en común de soluciones a través del diálogo. En vez de enseñarles a los trabajadores a usar tácticas cada vez más radicales, canalizaron toda la frustración y desesperación de las masas trabajadoras hacia los tribunales burgueses. En vez de adelantar la lucha de clases del proletariado neutralizaron la iniciativa espontánea de los trabajadores.
Los obreros con conciencia de clase denunciamos las posturas de la administración colonial a la vez que les enviamos un mensaje claro a las bases de trabajadores: ¡No se dejen engañar por las prédicas de conciliación o de diálogo de nadie! Cada centavo para una deuda falaz representa una gota de sangre obrera. Esta es una lucha de clases; una guerra entre fuerzas sociales irreconciliables y la vamos a ganar.
¡Del movimiento huelgario al movimiento revolucionario!
¡Consejos de obreros revolucionarios en las bases de todos los sindicatos!
¡Control obrero sobre todas las industrias!
[1] “Moody’s cuts Puerto Rico deeper into junk” 1 de julio 2014
[2] Véase el artículo “Detroit y Puerto Rico son…” http://abayarderojo.org/index.php/detroit-y-puerto-rico-son/
[3] Los vínculos entre la firma legal Jones Day y FTI Consulting, la firma contratada “oficialmente” por la administración colonial en abril del 2014 para propósitos del proyecto de reestructuración de deuda corren de las relaciones profesionales entre sus respectivas juntas ejecutivas a la prestación de servicios complementarios en la consultoría a clientes corporativos y estatales.