Partido Comunista de Puerto Rico
23 de junio 2014
Ponce, Puerto Rico
Comunicado de prensa
El saqueo llevado a cabo por el capital financiero no tiene fin. Intentarán, con todo su poder, aumentar sus ganancias vía la especulación financiera. El capital financiero, de carácter transnacional pero con tentáculos visibles en Wall Street, tiene el compromiso del ELA de tomar las medidas que sean necesarias para eliminar los escollos a la acumulación. Medidas que lo comprueban, todas dirigidas hacia la privatización de los haberes públicos, son la ley 7, ley 3 de retiros de empleados del gobierno, la ley de reforma al retiro de maestros y maestras y la actual convertida en ley de sostenibilidad fiscal.
El capital necesita las mejores condiciones de explotación y opresión hacia nosotras/os, las masas trabajadoras del mundo. Esta es la verdadera razón de las medidas de “sostenibilidad fiscal” que les exigen a las marionetas que administran la colonia en Puerto Rico. Las elites puertorriqueñas, rémoras del tiburón, se mantienen leales a ese capital improductivo, que pretende para el pueblo un futuro de servidumbre en nuestro propio país.
La burguesía financiera sabe muy bien que la deuda jamás podrá saldarse, son cerca de $71 billones excediendo el Producto Interno Bruto. No importa cuántos derechos luchados nos quieran quitar, servicios elementales para nuestra gente, los bonistas nos pisarán con una deuda que cubre más del 100% del presupuesto del estado. Por décadas el Banco Gubernamental de Fomento ha concedido progresivamente préstamos a las diversa entidades públicas para cubrir el déficit del Fondo General sin fuentes de repago. Las entidades crediticias han hecho de vista larga ante tal administración. De eso es que parasita el capital financiero, de la deuda de los Estados. ¿Y nos preguntamos, a quiénes hay que castigar por irresponsables y despreciables? La deuda es ilegal y la clase obrera no cargaremos en nuestros hombros los deseos de quienes componen una minúscula porción de la sociedad.
La burguesía criolla, representada temporalmente bajo la administración del PPD, tapa las grietas cada vez mayores del presupuesto, quitando y poniendo números mecánicamente sin establecer un análisis profundo del problema socioeconómico. Solo obedecen a un poder financiero que ya no les interesa la creación de valor ni el continuo desarrollo de las fuerzas productivas. Está embriagada con la especulación.
Las y los trabajadores estamos claros; las medidas contra los empleados públicos, las corporaciones públicas y demás bienes públicos no son para “que el Estado tenga liquidez para seguir operando”. Son medidas para facilitar al capital extraer riquezas a costa de la más cruel explotación de nuestro pueblo.
En Puerto Rico cerca del 80% de la población depende de un salario, directamente o por dependencia, para obtener todos los recursos para sobrevivir. El ingreso medio actual por hogar es de $19,515 al año cuando la canasta básica de subsistencia para una familia promedio tiene un costo real mayor a $40,000 al año. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase mayoritaria en el país no obtiene, con trabajo o sin él, los recursos necesarios para poder mantener una vida saludable.
Con los recortes aprobados el pasado 17 de junio, por ejemplo, se cerrarán sobre 90 escuelas y se reorganizará la plantilla de maestras y maestros afectándose un sistema educativo altamente degradado. La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción perderá un 12.2% de su presupuesto afectándose servicios esenciales para una población en aumento. El Hospital Psiquiátrico de Ponce contara con 1.4 millones menos para su funcionamiento. La Universidad de Puerto Rico y los municipios operaran sin el aumento de 70 millones y 13 millones respectivamente. La Administración de Seguros de Salud, con un recorte de 50% le facilitara mayores ganancias a las aseguradoras y hospitales.
En términos de las condiciones laborales de los empleados públicos bajo la ley 45:
-Se congelarán puestos de trabajo y se realizaran traslados a juicio de la gerencia. Esto significa la posibilidad de pérdida de empleo para los/as trabajadores/as transitorios/as, cerca de 10,400 en el Gobierno Central, 24,200 en Municipios y 6,800 en las Corporaciones Públicas.
-Cualquier disposición del convenio que afecte la “situación fiscal” estará bajo la revisión del gobierno, es decir que en la práctica queda nula.
-Se elimina los aumentos de salario y bonificaciones adquiridas por los trabajadores ($3,000 por empleado), mientras que con la crisis aumenta la inflación de los medios de subsistencia.
-Se elimina el proceso de negociación colectiva.
En el caso de las Corporaciones Públicas:
– Se podrán realizar subcontrataciones de tareas asignadas por encima de la unidad apropiada representando una privatización de facto.
-Se suspenden las clausulas no económicas de los convenios, se podrán realizar reasignaciones, fragmentaciones de tareas y no habrá requisito de antigüedad.
-Se eliminarán las disposiciones donde el patrono está obligado a dar fiel cumplimiento a lo acordado en convenio.
-El “juez” con la decisión sobre que cláusulas de los convenios afectan negativamente a la recuperación fiscal será el Banco Gubernamental de Fomento.
La situación actual demuestra lo limitado que se encuentra la burguesía colonial en responder a las necesidades productivas de nuestro país. El sector organizado de la clase obrera, los sindicatos, deben fomentar la democracia obrera y establecer canales permanentes y eficientes de vinculación y comunicación entre sus matrículas. Sera imprescindible construir alianzas con otros sindicatos y sectores oprimidos del pueblo en un frente amplio clasista. Hasta que las y los trabajadores del sector público se inserten en las masas trabajadoras no lograremos cohesionar el malestar colectivo hacia los explotadores. Las masas desempleadas y trabajadoras continúan engañadas por la burguesía mediante sus medios de prensa. Es responsabilidad de todos/as los obreros educar a nuestra clase de la necesidad de organizarnos para constituirnos como fuerza política independiente de los partidos de la burguesía.
Han pasado décadas de “indicadores económicos adversos para una sana economía” y los que poseen el poder de conceder emisiones de bonos continúan con el saqueo de riquezas sin precedentes. La clase obrera debemos reconocer como nuestros enemigos principales a los usureros y manipuladores de Wall Street. De la misma forma, debemos impulsar el planteamiento de que se haga ilegal anteponer los intereses del pueblo al pago de la deuda a los bonistas, y sostenerlo en la lucha.
La clase obrera no nos dejaremos engañar con cantos de sirena. El país no podrá desarrollar una economía productiva, creadora de valor y que desarrolle constantemente las fuerzas productivas, sin que los principales medios de producción (como los son la energía, infraestructura, tierra, sistemas educativos, carreteras, etc.) no solo permanezcan bajo control público, sino que su administración y gerencia tenga un fuerte componente obrero. Toda la trayectoria de saqueo de las arcas públicas demuestra incompetencia de la clase rica en proteger el patrimonio del pueblo. La clase obrera debe aglutinar y organizar todas sus fuerzas para detener los planes de degradación social que imposibilita una sociedad al beneficio de las mayorías.
¡Debemos revertir las leyes que destruyen los derechos de las/os trabajadores! ¡Debemos luchar para implementar en cada institución gubernamental comités de fiscalización y administración compuestos por sus propios trabajadores y trabajadoras! ¡No al pago de la deuda ilegal, la asumen a nuestro nombre gente que no representa nuestros intereses!
¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o barbarie!
Comisión Política PCPR
Alberto Torres
partidocomunistapr@gmail.com