Por las pasadas semanas ha habido un intenso debate sobre el profundo conflicto de intereses que existe por parte del titular del

Departamento de Salud, Francisco Joglar, por sus vínculos estrechos con la aseguradora Triple S y de las repercusiones que este conflicto tendrá en la prestación de servicios de salud pública. Se ha planteado inclusive el engaño cargado de fuerte cinismo que representó para nosotros la clase trabajadora, el hecho de que el gobierno planteara que se «otorgó la gestión de salud a un pagador único». Desde una perspectiva demagógica sí es un pagador único como alegan García Padilla y los guaynabitos del PPD, pero desde la óptica de la economía política esta movida representa lo que ha sido la tendencia histórica del capital: su concentración hacia el monopolio.
La profundización en la privatización de los servicios públicos como la educación y la salud (ver nuestro Boletin Junio2013) en nuestro país no es un hecho aislado, es una necesidad del capital financiero de aumentar sus tasas de ganancia a costa de las condiciones de vida de los seres humanos, y que ocure a nivel mundial a diferentes intensidades. Uno de los factores de peso que evalúan las burguesías a la hora de intentar implementar políticas neoliberales siempre es el nivel de organización y combatividad que tenemos las y los trabajadores, porque somos la única clase capaz de detenerlas si así nos lo propusiéramos.
Acompañando las noticias del desbarajuste que ha causado la privatización en nuestro sistema de salud público, ha habido en las pasadas semanas una campaña mediática sobre los grandes logros que han obtenido los empresarios de la salud, en especial durante estos tiempos de crisis. Tal ha sido el caso de la empresa llamada HIMA San Pablo quien celebra hoy la reciente otorgación de un contrato multimillonario en España para administrar tres hospitales en la Comunidad de Madrid. Como parte de esa campaña no debe sorprendernos que el periódico El Nuevo Día reseña la nota en su edición del 20 de agosto de 2013, página 32 de la sección de Negocios .

Más allá de los argumentos superficiales del «orgullo que debemos sentir por los logros de nuestros empresarios» y de que estamos «demostrando la pericia de la clase profesional (!?) boricua», es que el sistema de salud pública en España está siendo repartido por los mismos actores políticos y económicos que lo hicieron en Puerto Rico: las aseguradoras y el capital financiero (bancos, inversionistas). El Estado español presupuestó para el 2013 cerca de 70 mil millones de euros para salud pública, mientras que para la Comunidad de Madrid está cercano a los 7 mil millones. Este representa sin dudas, un botín demasiado apetecible para dejarlo escapar.
Aun con las masivas manifestaciones de los gremios profesionales del sector de salud (médicos, trabajadoras de limpieza, enfermeras/os), oranizaciones sociales, políticas, sindicales), los distintos gobiernos encabezados por el ultrafascista Partido Popular (PP) y el ultra oportunista (y cuasi fascista) del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han llevado adelante una paulatina privatización. La misma se ha hecho por fases, comenzando por seis hospitales y 27 centros de atención en la Comunidad de Madrid y desmantelando disitintos sectores que complementan los servicios de salud como son cocina, ambulancias y limpieza de las instalaciones hospitalarias.
El modelo es muy similar al implementado aquí porque la receta viene de los mismos archienemigos de nuestra clase: han ido aumentando la asignación de fondos públicos de forma escalonada al sector privado como parte de su «Plan de Sostenibilidad» en el que alegan la necesidad urgente de modernizar el sistema de salud público. Esto ha provocado lógicamente la disminución en la asignación presupuestaria a las instalaciones del Estado provocando su deterioro y la desmejoría en las condiciones laborales. Lastimosamente, organizaciones sindicales como Comisiones Obreras (CCOO) han hecho muy poco por movilizar sus matrículas a la lucha, e inclusive han apoyado los planteamientos de los «socialistas» del PSOE de que es necesaria la modernización del sistema de salud público.
La clase trabajadora no debemos dejarnos embelezar por cantos de sirena que nos llaman a alegrarnos por los logros de «nuestros» burgueses, sino deben llamarnos a reflexionar sobre los aspectos medulares que encierrra este caso de privatización en España:
1. Las similitudes del caso español y el nuestro no son pura coincidencia. Son producto del comportamiento inexorable del capital a ampliar su campo de expansión más allá de las «fronteras nacionales.» En un país como Puerto Rico, donde 54 de sus 63 hospitales son privados (es decir el 85%) ya hay poco campo para expasión y los capitalistas locales han comenzado a dar pasos hacia el exterior. Recordemos que hace varios años Triple S comenzó a cotizar en la bolsa de valores (Wall Street siempre está presente), su consolidación de monopolio al convertirse en «pagador único» y, ahora esta movida de HIMA San Pablo que le asegurará una tajada de $4,160 millones en diez años.
2. Los «logros» de la burguesía colonial no son los nuestros. Esta movida por la que se felicitan todos los burgueses de «la industria» de la salud ha sido el resultado de la explotación de las y los trabajadores de la salud, tanto pública, como privada. Las grandes ganancias que generan estos sinvergüenzas vienen de jornadas de doce horas, con la reducción de personal, es decir, se aumenta la carga de trabajo a los que no son despedidos/as. Más aun, el desbarajuste del sistema de salud es responsabilidad completa de los banqueros, inversionistas y políticos (apostadores y mafiosos) disfrazados de servidores públicos, quienes se han encargado de dilapidar el presupuesto (producto de nuestro trabajo) asignado para esos fines.
Para colmo de males, los sindicatos que organizan las y los trabajadores de la salud han sido demasiado tímidos (por no decir

que actúan en contubernio con los patronos) y se han negado a organizarlos efectivamente para dirigir la lucha en un ámbito crucial de nuestra sociedad. Sus líderes, siguiendo las directrices de las corporaciones sindicales, nacionales e internacionales, se han cruzado de brazos mientras las instalaciones languidecen y continúan los despidos de sus matrículas.
3. Con esta campañita de «logros» la burguesía colonial, teledirigida por el capital financiero, está preparando el terreno para liquidar el resto de las corporaciones y otras dependencias públicas. La ofensiva mediática ha sido brutal, particularmente hacia la educación, Acueductos y Alcantarillados, y apunta a la «joya de la corona», la Autoridad de Energía Eléctrica. Llevamos semanas escuchando el argumento de funcionarios de gobierno, así como economistas burgueses de «la inviabilidad de que el Estado siga costeando negocios que dejan pérdidas». Esa es la lógica capitalista, sin embargo, estas instituciones a pesar de su estructura corporativa, por su papel social, no pueden operarse desde la perspectiva de generar ganancias. En vez de continuar girando bonos contra sus haberes, lo que se debe hacer es cobrar las deudas millonarias a las empresas, hoteles y otros sectores del capital que se benefician de su destrucción. Pero por la propia lógica del capital, sabemos que los guaynabitos y bonistas no pueden hacer otra cosa que empujarnos hacia el abismo del capitalismo.
Ciertamente, en estos momentos el capital ha obtenido otra victoria sobre nuestra clase. Pero como todo cambia siempre, debemos seguir trabajando, insistiendo y reivindicando la educación y organización clasista, para que la clase trabajadora tomemos el timón y estemos en capacidad de superar esta oscura etapa.
¡Comunismo o barbarie!