Salud pública: derecho irrenunciable de la clase trabajadora

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En las últimas semanas ha regresado a la palestra pública la discusión sobre el sistema de salud del país. Muchas y muchos son los que opinan sobre cómo debería reorganizarse al caos heredado del régimen rosellista. Durante ese nefasto periodo la mayoría de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) fueron vendidos a quemarropa a los ahijados políticos del régimen, dejando a amplios sectores desprovistos de servicios elementales de salud.

Al convertirse la salud en una mercancía más, los monopolios dedicados a ese «negocio», junto con los intermediarios locales, han convertido ese importante renglón de nuestra vida en otro mecanismo de opresión y de explotación.

Luego de la venta de los hospitales esos monopolios se han dedicado a «administrar» la Administración de Servicios de Salud (ASES) por medio de sus agentes, y cuyo presupuesto alcanza una tercera parte del total que asigna el gobierno para sus operaciones anuales. Por ejemplo, para 2008-2009 el presupuesto para salud alcanzó cerca de $3,700 millones. Demasiado apetitoso para dejarlo pasar.

Además del cierre de numerosos CDT, como resultado de la privatización (otros tuvieron que ser «comprados» de vuelta por los municipios), la consecuencia más descarnada ha sido el control irracional de los planes médicos sobre la forma y manera en que los médicos y los hospitales deben atender a los pacientes. Controlan los tratamientos, el acceso a medicamentos, los laboratorios, más aún a los propios médicos quienes se ven en la encrucijada de someterse o no recibir el pago por sus servicios.

Esta injerencia directa ha causado numerosas muertes que deben considerarse como negligencia crasa, cuyos responsables deben ser procesados.

A través de ese oscuro personaje llamado el hospitalista (debería  llamarse capitalista), los planes médicos han logrado establecer una verdadera tiranía del capital en el renglón de los servicios de salud. Estos hospitalistas son médicos subcontratados por los planes para insertarlos en las salas de emergencia para encargarse de decidir quién se hospitaliza y qué medicamentos (usualmente viejos o que causan considerables efectos secundarios) recibe. El capital transnacional le ha otorgado a estos «profesionales», literalmente, el poder de decidir sobre la vida de pacientes con el incentivo de bonificarles por cada hospitalización o determinado tratamiento que denieguen.

Mientras tanto, los guaynabitos del PPD premian al «sindicalista patriota» Dennis Rivera con una silla en la nueva junta de síndicos (¡perdón! de gobierno) de la Universidad de Puerto Rico por sus servicios prestados durante la pasada campaña electoral (traducido en cientos de miles de dólares saqueados de las matrículas que mantienen cautivas). Este premio está relacionado con los planes de los representantes del capital con el «plan universal» que está proponiendo el actual gobierno, donde una de las fichas fundamentales es amordazar los sindicatos del sector de la salud.

La dirección de éstos sindicatos ha mantenido un silencio cómplice, a costa de sus matrículas, aún con la brutal ofensiva de la cual han sido objeto en los pasados años. Estos sindicalistas, como puntas de lanza del capital dentro del movimiento obrero, cargarán con parte de la responsabilidad del golpe que se avecina y cuya única barrera serán precisamente las matrículas que han amordazadas por tanto tiempo.

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