Partido Comunista de Puerto Rico
14 de enero 2013
San Juan Puerto Rico
Comunicado de Prensa
El Partido Comunista de Puerto de Rico (PCPR) condena el carácter oportunista de las denuncias del gobierno de Alejandro García Padilla y los guaynabitos del Partido Popular Democrático (PPD) ante la caótica situación del País. El PPD y sus guaynabitos, causantes de esta crisis en maridaje con sus iguales del Partido Nuevo Progresista (PNP), pretenden sacar millaje político y utilizarla de excusa para mantener las políticas de Wall Street en lugar de plantear soluciones certeras que beneficien al pueblo.
No debe haber duda que la administración de Luis Fortuño y los guaynabitos del PNP fue nefasta para la clase trabajadora y amplios sectores de nuestro pueblo. Apenas se comienzan a ver los profundos efectos sociales y ambientales de las políticas neoliberales dictadas desde Wall Street, y aplicadas por Fortuño y su pandilla depredadora. Y es a esa política a la que pretende dar continuidad García Padilla y su claque.
Los comunistas luchamos siempre por lograr a corto plazo reformas que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero esas reformas tienen que hacerse con seriedad. Esta camarilla de guaynabitos del PPD ha recogido muchas exigencias de nuestro pueblo para hacer politiquería con ellas. La forma en que ha comenzado a implementar sus ilusorias promesas de campaña son más que elocuentes y su escudo es el oportunismo descarado.
Veamos esta realidad:
1. La llamada reforma legislativa ha resultado un verdadero fraude. Es claro que García Padilla carece de liderazgo en su partido, cuando Eduardo Bathia y Jaime Perelló han mostrado su verdadero rostro y se han negado a cumplir con el compromiso de reducir el presupuesto legislativo y sus descarados privilegios que ofenden la integridad de la clase trabajadora. Estos demócratas de pacotilla olvidan que el pueblo votó abrumadoramente por la legislatura de una sola cámara. Mientras García Padilla hace el aguaje de que lucha por impulsar la reforma legislativa, en el fondo no cree en ella. Sabe que para continuar aprobando leyes que favorezcan al gran capital tiene que tener contenta a la mafia atrincherada en la legislatura.
2. La forma en que se ha manejado mediáticamente los 42 mil casos de maltrato del Departamento de la Familia demuestra que en el fondo ambos partidos son lo mismo, cuando utilizan esta tragedia social para atacar al PNP en lugar de proceder de inmediato judicialmente contra los responsables de estas acciones criminales. Lo que exige la ciudadanía, y particularmente las víctimas, es que se atiendan los casos y se asignen los recursos necesarios. Esas eternas víctimas silentes de esta sociedad colonial decadente, la niñez y la vejez, y cuyos casos superan las ya mediatizadas 42 mil querellas, sufren en silencio sin albergar ningún tipo de esperanza de que su situación cambiará en el futuro inmediato.
Lo mínimo que debemos exigirle a la administración actual es que procese criminalmente a la licenciada Yanitzia Irrizarry por faltar a su deber ministerial mientras se pavoneaba por los medios de comunicación realzando su figura. La clase trabajadora tiene que ser consciente de que esta tragedia social es causada por este sistema capitalista colonial que nos explota y margina a la mayoría y favorece a unos pocos.
3. La propuesta de los 50 mil empleos reuniéndose con los 300 empresarios es realmente otra tomadura de pelo a nuestro pueblo. Fortuño hablaba de sus 100 amigos millonarios. García Padilla habla de 300 empresarios, muchos de los cuales proceden de esa camada. En el fondo su plan es casi un calco del que tenían los guaynabitos de Fortuño: alquilar por $1 la antigua infraestructura del proyecto Manos a la Obra. En otras palabras, centran sus esperanzas en una de las ramas productivas de mayor pérdida en los últimos años, la manufactura. Proponen bajarle el costo de la electricidad a los empresarios, ¿quién pagará por esa electricidad consumida y que no se beneficiará de las ganancias? Nosotros, la clase trabajadora, por su puesto. Mantener el 4% de impuesto a las empresas foráneas, ¿para qué? Para pagarle a los bonistas de Wall Street, mientras el pueblo se hunde en el pantano de la miseria, con salarios que no alcanzan ni siquiera para cubrir las necesidades básicas. Flexibilizar las leyes laborales, ambientales y de gestión de negocios será la joya de la corona porque significará continuar erosionando nuestras conquistas laborales de clase, así como la continuidad en la destrucción medioambiental en aras de un falso progreso que lo único que hace es llenar los bolsillos de la oligarquía depredadora.
4. La eliminación de la cuota en la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sido otra de las grandes pantomimas del gobernador García Padilla. La comunidad universitaria es consciente de que corresponde a la junta de síndicos decidir la eliminación de la cuota de $800. El gobernador lo sabe perfectamente, pero hace que trabaja para su eliminación en lugar de impulsar una verdadera autonomía universitaria que permita desmontar el plan de control que, junto al PNP, ha ejercido históricamente el PPD.
El gran entusiasmo que se ha mediatizado con la elección de García Padilla durará poco, muy a pesar de las esperanzas que ha depositado la intelectualidad pequeñoburguesa y otros sectores de nuestro pueblo bañados por el oportunismo que derraman los buitres del liberalismo. Luego que el gobernador dé sus falsas batallas y baje la euforia del “cambio” se revelarán nuevamente las políticas usuales de privatización y depredación ambiental. La clase trabajadora no debe dejarse arrastrar por esta euforia apoyando este gobierno de riquitos, sino mantener su independencia de clase. En el futuro inmediato debemos proyectar movilizaciones para exigir que se cumplan las promesas de campaña y se reviertan las políticas neoliberales dictadas desde Wall Street. Debemos apoyar todos los esfuerzos organizativos de base, como el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), para potenciar la concienciación del pueblo y hacer valer nuestros derechos como trabajadores.
Por la Comisión Política
Alberto Torres
787-247-1893