Defender los recursos para lograr un país sostenible

Por Elena Latoni

Ni una pulgada más de destrucción de nuestros escasos terrenos agrícolas.

El Frente Rescate Agrícola (FRA) surge como respuesta a la negligencia del gobierno con la agricultura de Puerto Rico a través de leyes ambiguas que no se implementan responsablemente, junto al poco interés en aumentar y preservar la agricultura existente. La utilización de las localidades destinadas a la producción y a la investigación agrícola, en la implementación de proyectos que pretenden resolver problemas sociales es una incongruencia común en los países con gobiernos neoliberales. Los recursos naturales de Puerto Rico se desvalorizan en pro de albergar compañías extranjeras como Pattern Energy en Santa Isabel. Otra inversión incongruente es la edificación de escuelas del plan Siglo 21. Por esta línea se encuentra la venta de terrenos de la Estación Experimental Agrícola de Gurabo / UPR. Mientras todo esto ocurre, las escuelas que nos quedan están sin maestros y con pésimas condiciones en los planteles.

Diferentes sectores a nivel nacional entienden que el caso de Santa Isabel —como todos— es una irresponsabilidad crasa con el País ante la crisis alimentaria. La oposición al proyecto de las turbinas de viento de Pattern Energy en el valle agrícola de Santa Isabel, a alzado su voz alertando a la población en las comunidades de santaisabelinos y en las comunidades de trabajadores y trabajadoras agrícolas en: los riesgos a la salud y la calidad de suelo del valle, única y escasa en el mundo.

Cabe mencionar que la explotación de los recursos naturales no es una nueva alarma para activar la lucha por un país sostenible. Esas tierras durante décadas han sido explotadas por multinacionales agrícolas que no sólo mantienen a las comunidades sumergidas en nubes de agroquímicos, si no que se también, se han caracterizado por emplear a más de un tercio de mujeres como trabajadoras agrícolas en las labores más intensivas. El empleo de mujeres en esa agricultura está viciado por la perspectiva machista: “las mujeres trabajan con delicadeza labores que requieren precisión”. Sin embargo, las maestras de Santa Isabel han sido y son claves en acrecentar esa alerta a estas mujeres mal pagadas, jefas de familia y que son las madres de los estudiantes que asisten a las escuelas. La labor de educar a las comunidades está encabezada por mujeres profesionales.

Decenas de pequeños y medianos agricultores del valle están viendo su trabajo afectado por la presencia de camiones que abren caminos, y otros que aplanan y rellenan, destruyendo las siembras y los sistemas de riego y drenaje. Para el (FRA) resulta incorrecto invertir en proyectos que atentan contra la industria agrícola local y que por consiguiente atentan contra la sobrevivencia del ser humano.

El pasado 15 de diciembre de 2011, seis puertorriqueños incluyendo a una valiente madre, historiadora y agricultora, fueron arrestados en los predios del valle agrícola de Santa Isabel donde se pueden ser destruidos 3,700 cuerdas. Fueron acusados de violar la antidemocrática y corrupta enmienda Tito Kayak del Artículo 208b del Código Penal. Dicha ley acuñada por el ex-legislador Chuchin condena a no menos de 6 meses en cárcel a toda persona que pretenda perturbar e impedir el cumplimiento de un contrato. Esta ley atenta contra los derechos civiles reprimiendo explícitamente la libertad de expresión. El 17 de febrero de 2012, la jueza Gladys González Segarra encontró causa para arresto, en la sala 505 del Tribunal de Ponce donde media hora antes habían entrado 5 alguaciles. La vista preliminar al juicio será el viernes 2 de marzo en Tribunal de Ponce a las 10 am.

¡Ni una pulgada más de terrenos agrícolas para la siembra de cemento!

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