31 de mayo de 2011
Comunicado de Prensa
La Hermandad de Empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (HECRIM) repudia las recientes expresiones del alcalde de San Juan, Hon. Jorge Santini, en relación a que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) “es un lastre, un cáncer para el municipio…esa inútil organización pública” y desea la independencia del CRIM para el crear el suyo. Esto está contemplado en el proyecto de la Cámara de Representantes 2660 (PC 2660) de la autoría del Rep. José “Nuno” López.
El CRIM es una entidad municipal cuya misión es mantener el catastro, tasar, notificar contribuciones sobre la propiedad, cobrar estos impuestos y distribuirlos entre los gobiernos municipales del país. Es importante destacar la estructura de distribución de fondos y financiamiento que el CRIM les provee a los gobiernos municipales. Debido a la naturaleza no equitativa de la distribución de la actividad económica en el país, muchos municipios no cuentan con solvencia fiscal suficiente para proveer servicios adecuados a sus residentes. El CRIM atiende este asunto con mecanismos como el fondo de equiparación, el cual está diseñado para lograr una mejor distribución de los fondos de impuestos sobre la propiedad y los fondos aportados por el Gobierno Central a los municipios. Esto se logra mediante la aplicación de fórmulas que toman en cuenta tanto los ingresos municipales como la estructura democrática y social de la población de cada municipio.
Entre sus funciones, el CRIM también provee el mecanismo para que los municipios puedan garantizar sus emisiones de bonos y empréstitos para obras permanentes mediante los fondos de la contribución especial (CAE). No menos importante es que el CRIM provee líneas de crédito para el pago de las remesas que aseguran el funcionamiento diario de los municipios. La mayoría de los gobiernos municipales no serían capaces de lograr este tipo de acuerdo con la banca de forma independiente.
Queda demostrado que el CRIM provee una estructura de financiamiento municipal adecuada para el funcionamiento de los gobiernos municipales y la potenciación de la autonomía municipal.
Del PC 2660 convertirse en ley permitiría que los municipios autónomos que cuenten con quinta jerarquía en sus planes de ordenamiento territorial, puedan establecer sus propias oficinas de recaudación de ingresos municipales. Solo siete municipios en la Isla podrían cumplir con este requisito, los cuales están concentrados en su mayoría en la zona metropolitana de San Juan.
Estos siete municipios generan el 48% o más de los recaudos del país, lo que nos da una idea de las grandes desigualdades regionales que existen en Puerto Rico en términos de la distribución de la riqueza, los recursos y las oportunidades económicas.
La aprobación de este proyecto implicaría condenar a la mayor parte del país a la pauperización de la calidad de vida. El proyecto 2660 derrota el propósito de la reforma municipal pues promueve la centralización de la actividad económica en el área metropolitana de San Juan dejando a los municipios pequeños y medianos en la bancarrota. Aparentemente, el proyecto concede más autonomía a los municipios, pero su efecto sería el contrario pues al concentrar aun más los recursos fiscales en el área metropolitana aumentarán aun más las desigualdades regionales existentes en la Isla. En este contexto la posibilidad de regionalizar el sistema no es costo efectivo, pues no existen al exterior del área metropolitana núcleos de desarrollo económico a una escala lo suficientemente amplia que permita que consorcios municipales asuman las competencias del CRIM.
En su exposición de motivos el PC 2660 plantea que debido a los avances que los municipios más solventes han logrado en sus prácticas gerenciales y en sus sistemas de información de avanzada no necesitan del CRIM para poder operar sus propios sistemas de recaudación de ingresos sobre la propiedad. La función del CRIM ha sido precisamente que estos procedimientos y sistemas de información de avanzada estén al servicio de todos los municipios del país y no de unos pocos. Al separarse los municipios con mayor solvencia del CRIM condenan a todos los demás municipios a no tener acceso a estos adelantos en un futuro previsible. Como consecuencia, a corto plazo se crearía un disloque que afectaría negativamente toda la estructura de financiamiento municipal que tendría particular impacto en el fondo de operacional del CRIM, el fondo de equiparación y en las líneas de crédito para pagar las remesas mensuales de los municipios.
Las consecuencias de este proyecto para el país son funestas. Entre ellas pueden anticiparse la previsible bancarrota de muchos municipios, el despido de empleados municipales, la eliminación de servicios prestados a la ciudadanía o, en su defecto, el cobro por servicios como el recogido de basura serían la orden del día, un mayor deterioro en la calidad de vida, un aumento de los niveles de pobreza, de inseguridad pública, criminalidad y una degradación de las condiciones de vida de la clase media trabajadora.
Por las razones antes expuestas la HECRIM se opone al PC 2660.
Judith Orozco
Presidenta HECRIM