Por Rafael Bernabe
A pesar de lo mucho que se mencionan los informes de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) sobre la Universidad de Puerto Rico, no deja de sorprender la gran cantidad de personas interesadas que no los ha leído. A pesar de los buenos artículos que sobre el tema han circulado en este y otros espacios, no deja de llamar la atención cómo se continúa usando la amenaza de desacreditación por dicho organismo como argumento número uno contra la huelga estudiantil en curso. Parecería que las huelgas han llevado a la UPR al borde de la desacreditación. Parecería que, si la huelga se levantara mañana, la UPR estaría en rumbo seguro hacia la recuperación.
El informe más reciente del Equipo visitante de la MSCHE es un texto corto. Tiene apenas trece páginas. Su lectura demuestra que, si la huelga terminara mañana, prácticamente todos los problemas planteados por la MSCHE permenecerían inalterados. La amenaza de desacreditación, por tanto, se reduciría poco o nada. En todo caso, la lectura del informe demuestra que algunas de las exigencias estudiantiles ayudarían a enfrentar algunos de los requerimientos formulados por la MSCHE para levantar la “probatoria” impuesta a la UPR. En lo que sigue voy a esbozar brevemente algunos detalles sobre lo que acabo de indicar.
En junio de 2010, la MSCHE puso a la UPR en “probatoria”. La “probatoria” se impuso porque, según ese organismo, la UPR no había ofrecido prueba de que su funcionamiento fuese satisfactorio en cuanto a dos estándares de evaluación: el Estándar 4 (Liderato y Gobernanza) y el Estándar 11 (Ofrecimientos Educativos). Vale la pena destacar que un aspecto del Estándar 11 sí estaba relacionado con la huelga estudiantil de abril-junio 2010: la MSCHE manifestaba la preocupación del posible efecto del cierre de operaciones en “el rigor, la duración y la continuidad” de los cursos ofrecidos en la UPR.
A la luz de esta situación, y para que la UPR tuviese la posibilidad de salir de la “probatoria”, la MSCHE solicitó que la UPR preparase un informe en el que demostrara los pasos tomados para remediar la situación indicada, es decir, para cubrir los requerimientos de los estándares 4 y 11. Esto debía incluir, como indiqué, comprobación de cómo se había subsanado el efecto del cierre en los cursos del semestre enero-mayo 2010. Además de esto, la MSCHE indicaba que, en lo concerniente a otro estándar (el 3), el informe también debía demostrar el desarrollo y la implementación de un plan de finanzas a largo plazo, incluida la mejora del estado financiero de la UPR, que permitiera a la UPR cumplir con su misión. Dicho informe debía prepararse para el 1ro de septiembre de 2010, momento en que una comisión de la MSCHE visitaría nuevamente la UPR.
Según requerido, la UPR sometió un informe a la MSCHE en septiembre de 2010. Según anunciado, una comisión de la MSCHE visitó la UPR en esos días. El resultado del informe y la visita se resume en tres puntos adoptados por el Equipo visitante de la MSCHE: (1) la UPR demostró que había atendido el problema del Estándar 11 (Ofrecimientos Educativos), referente a subsanar el efecto de la huelga en los cursos del semestre enero-mayo 2010, pero (2) la UPR no había sometido prueba suficiente sobre los problemas planteados bajo el Estándar 4 (Liderato y Gobernanza) y, por otro lado, (3) la información sobre finanzas (Estándar 3) era tan inadecuada que la Comisión ni siquiera podía emitir juicio al respecto.
Aunque volveré sobre este punto, puede verse que lo que evitó que se removiera a la UPR de la “probatoria” no fue la huelga o sus efectos. Ese fue, de hecho, el único renglón en que la MSCHE indicó que entendía que se habían tomado las medidas necesarias para atender sus preocupaciones (en ese caso, las medidas para cubrir el material del semestre afectado). El problema grave, el problema que nutre la posibilidad de desacreditación, está en los estándares 4 y 3, es decir, en la forma en que se administra la UPR y en la carencia de fondos para que cumpla con su misión. Se trata, por supuesto, de problemas relacionados con el funcionamiento, las decisiones y las acciones no de los estudiantes, sino de la administración universitaria y del gobierno central: allí están los responsables de la situación que, habiéndose acumulado a lo largo de los años, nos ha traído al borde de la desacreditación. Pero veamos lo que plantea la MSCHE sobre estos puntos.
Sobre el Estándar 4 (Liderato y Gobernanza), el informe indica que el requisito de “consulta” de decisiones no puede reducirse a simplemente reunirse con diversos sectores de la comunidad universitaria. También hay que demostrar que las aportaciones no sólo se solicitan, sino que se toman en cuenta al tomar las decisiones. El Equipo visitante le propone a la alta gerencia de la UPR que realice visitas a los recintos y celebre sesiones de diálogo con todos los sectores.
Sobre este punto hay que decir que, como señalé, la responsabilidad recae estrictamente en la forma de funcionamiento al que la administración universitaria nos tiene acostumbrados: “consultas” pro forma, cuyas recomendaciones son ignoradas; evaluación de candidatos, cuando ya se sabe quién será nombrado. Sobre los diálogos y las visitas, baste mencionar que durante la crisis actual no se ha querido convocar al claustro del Recinto de Río Piedras. Si la administración está intentando demostrar cuán válidas eran las críticas formuladas por la MSCHE, sin duda está haciendo un trabajo excelente y, lejos de disipar, está fortaleciendo los argumentos a favor de la desacreditación o de mantener la probatoria.
El informe advierte igualmente que proclamar una política de “puertas abiertas” a la comunidad no quiere decir que realmente estén abiertas (“simply stating an open door policy does not make it truly open”). Sutil, pero claramente, el informe detecta una vieja práctica en la UPR: las políticas que se quedan en meras palabras. Creo haber escuchado algo parecido en las declaraciones de los líderes estudiantiles.
Sobre este Estándar, el informe también indica que la Administración Central de la UPR no ha demostrado tener una comunicación efectiva con la comunidad universitaria. No hay diálogo significativo con la Facultad o los estudiantes. La observación merece citarse íntegramente: “UPR Central Administration does not give evidence of having an effective means of communicating with its constituencies. We saw no evidence of ongoing, meaningful dialog with faculty or students. We saw considerable evidence of downward information flow from the Central Administration to the campuses; however, how input from Chancellors and other key campus leaders is used is unclear”.
¿Será necesario repetir que esto es algo que los estudiantes y las organizaciones docentes y no docentes han indicado y denunciado por años? Por otro lado, al igual que en el primer punto, el peligro de desacreditación corresponde a las acciones de las Administración Central, no a iniciativas, buenas o malas, de los estudiantes.
En cuanto a la Junta de Síndicos, el informe indica que no encontró señal de que su funcionamiento corresponda a varios criterios del Estándar 4, entre ellos: (1) que demuestre ser un cuerpo que apoye la generación de recursos necesarios para mantener y mejorar la institución (“a governing body that assists in generating resources needed to sustain and improve the institution”) y (2) la existencia de un procedimiento establecido para evaluar objetivamente el funcionamiento del cuerpo directivo de acuerdo con los objetivos fijados (“a procedure in place for the periodic objective assessment of the governing body in meeting stated governing body objectives”).
No es poca cosa lo que aquí afirma el Equipo visitante de la MSCHE: nada menos que la Junta de Síndicos falla en demostrar que sea un cuerpo que apoye el desarrollo de la institución. ¡Y esto se dice, no de los estudiantes, sino del cuerpo máximo de la UPR, cuya casi totalidad de integrantes (14 de 17) es nombrada por el Gobernador! Mal anda la UPR cuando su cuerpo rector no demuestra ser un organismo capaz de allegar recursos para el desarrollo de la institución. Esto, repito, no lo dice un concilio de encapuchados, sino el Equipo visitante de la MSCHE.
Hasta aquí tenemos entonces: la administración universitaria no consulta ni se comunica con a la comunidad universitaria y la Junta de Síndicos no apoya el desarrollo de la institución. Más que un informe de la MSCHE, este informe parece una hoja suelta de los huelguistas.
También sobre este punto, el Informe indica que hay poca comprobación de colaboración entre los recintos y la Administración Central. Se señala específicamente que no se encontró prueba de participacion de los recintos en la discusión o decisión del programa de “Universidad Abierta” que condujo a la remoción de los portones en varios recintos. ¿Qué hacían entonces los estudiantes que se congregaron ante los portones la noche antes del comienzo del semestre sino protestar una acción que, como indica el texto del Equipo visitante de la MSCHE, no se consultó con nadie, a pesar de que afecta a toda la comunidad?
Estas observaciones de la MSCHE se relacionan con otro sentir que se escucha a menudo: “Estoy en contra de la cuota, pero contra la huelga. Hay que buscar otros medios para detener la primera”. El sentimiento es válido. Pero el problema es que, como indica la MSCHE, en la UPR “otros medios”, cuando se trata de medidas apoyadas desde arriba, son por lo general nulos. ¿Vistas? ¿Consultas? ¿Diálogos? La misma MSCHE dice que o no existen o son más bien formalidades. Si queremos una UPR en que menos cosas se decidan con huelga de por medio, tenemos que exigir otro funcionamiento de la administración universitaria. Mientras eso no cambie, descartar la huelga sería en muchos casos abrazar la resignación.
Sobre el Estándar 4, el Equipo visitante también comenta la propuesta de la dirección de la UPR de crear Comités Ad Hoc (7 Comités de 7) que, para usar las palabras del informe, “aparentemente” consistirán de grupos de trabajo que harán “recomendaciones para mejoras”. Sobre dichos comités, el Equipo visitante indica que “su articulación no está clara”. Indica que no está claro cómo se realizará la selección de sus integrantes. El Equipo sugiere que se asegure la participación sustantiva de los sectores de la comunidad universitaria, que su trabajo se lleve a los recintos y que su funcionamiento sea transparente.
Hace pocos días se publicó en la prensa del país la convocatoria oficial para la creación de los 7 Comités. La convocatoria no estipula representación de ningún sector universitario (ni docentes, no docentes o estudiantes) ni de sus organizaciones o estructuras representativas. Es un llamado general a que se sometan candidatos. ¿Quién nombrará a los siete seleccionados para cada comité? ¿Los diversos sectores, las diversas organizaciones? ¿Serán representantes electos por los diversos sectores? No: serán nombrados… por el Presidente de la UPR. No sé qué pensará la MSCHE sobre esto, pero dudo que corresponda a sus recomendaciones. Con miedo de cansar al lector o lectora, repito: otra vez la alta gerencia de la UPR se las arregla para poner en peligro la acreditación.
Sobre las finanzas, la MSCHE hace varias observaciones, a pesar de la falta de información. Señala la falta de informes financieros auditados actualizados. Se dice rápido, pero no es poca cosa. Esta administración pretende sacarles $40 millones del bolsillo a los estudiantes y ni siquiera bajo amenaza de posible desacreditación puede producir cuando menos informes financieros al día para la MSCHE. ¿Por qué será que me siento como miembro de la tripulación de un barco cuyos oficiales, en lugar de evitarlo, llevan la embarcación en ruta directa al naufragio?
El Informe indica que la UPR ha estado funcionando con déficits durante los últimos años, lo cual levanta la preocupación sobre su capacidad de seguir funcionando adecuadamente. Indica que, si bien hay documentos generales, no hay un plan económico detallado a largo plazo. Hay indicaciones, se plantea, de que “los controles institucionales que podrían ajustar recursos y gastos no están funcionando adecuadamente”.
Se dirá, quizá, que la Cuota de Estabilización decretada por la Junta de Síndicos podría allegar fondos para la UPR, ayudando a subsanar los problemas planteados por la MSCHE en el Estándar 3. Esto es, en parte, cierto. La cuota obligaría a los estudiantes a pagar, ya que la Junta no ha hecho el trabajo de defender las finanzas de la UPR. Obligaría a los estudiantes a pagar, mientras la administración universitaria no puede producir informes financieros auditados a tiempo. Les obligaría a pagar, aunque no existen planes multianuales sobre el manejo de ingresos y gastos. Les haría pagar, aunque esto excluiría a muchos de la educación universitaria. Les pondría a pagar aunque, si la huelga terminara mañana, todos y cada uno de los elementos del Estándar 4 que han colocado a la UPR en “probatoria” sigan en pie. La imposición de la cuota es ejemplo perfecto del funcionamiento sin consulta ni diálogo descrito por la MSCHE. Es injusta. No atiende el problema de fondo. Es el colmo que, por resistirla, se considere que los estudiantes atentan contra la acreditación, la cual tan sólo el funcionamiento de la administración ha puesto en peligro.
¿Qué sacaría a la UPR de la probatoria, de acuerdo con los criterios formulados por la MSCHE? Una verdadera reforma democrática, verdaderos mecanismos de participación y consulta, medidas de ahorro y austeridad debatidas y discutidas ampliamente, y la devolución de fondos o el cese de la exclusión de la UPR de fuentes de fondos necesarios para cumplir su misión. ¿Será necesario indicar que estas son, precisamente, las exigencias del movimiento estudiantil?