Breve historia de las luchas estudiantiles y laborales en la Universidad de Puerto Rico — Parte II

Segunda Parte

1982: El Recinto de Río Piedras instituyó a través del Senado Académico la Política de No Confrontación junto a un protocolo que garantizara las actividades de protesta sin la intervención policiaca. No se permitirían militares, ni cadetes, ni policías uniformados, en el recinto sin autorización estricta. Se abogó por un nuevo reglamento de seguridad.

El reflujo del ’90: Entre la posmodernidad y el pragmatismo, los empresarios hacen fiesta

El aburguesamiento y la comodidad del claustro por un lado, y el desencantamiento en los procesos de transformación social y de lucha por otro, dominaron gran parte de la producción intelectual de estos años. Gran parte del profesorado tenía permanencia, pero comenzaba asomarse una nueva política fiscal de aumentar los contratos a profesores sin respetar los procedimientos de ascenso y obtenciones de plazas. Muchos activistas en décadas anteriores asumieron posturas conservadoras, críticas a la izquierda tradicional, consonantes con políticas neoliberales en la UPR. Los departamentos y el Senado Académico se convirtieron en espacios menos conflictivos (más privados) de adelantar intereses particulares e inmediatos de tipo económico, prestigio profesional o intelectual, desde la docencia y la investigación. La asociaciones de profesores como la APPU continuaban con sus esfuerzos de potenciar el desarrollo profesional de sus asociados y buscar la fuerza social que les permitiera considerarse como unión bona fide, ya que el Tribunal Supremo había fallado en contra de la sindicalización de profesores, y la determinación del Departamento del Trabajo, por ocupar puestos administrativos y gerenciales como parte de su función como docentes e investigadores.

El mismo problema confrontó el estudiantado a nivel general los primeros años. Muchos apostaban por adelantar reivindicaciones a través de los mecanismos institucionales y el Consejo General de Estudiantes (CGE). Esta medida era apoyada fuertemente por la FUPI y las acciones tipo “sindicales” eran promovidas por la UJS. Gran parte del activismo en la Universidad se dio en oposición al gobierno de Pedro Rosselló en unión a luchas sindicales, como la de la Federación de Maestros de PR y la Unión Independiente de Empleados Telefónicos. Los asuntos universitarios fueron dominados por la espontaneidad y el oportunismo de aglutinar estudiantes en torno a un issue incomodo para mantener una actividad organizativa de izquierda. De este modo, el PIP buscaba sus votos en la juventud, y organizaciones socialistas sus espacios en sindicatos al graduarse.

1992: La Ley 17 trae una nueva Reforma Universitaria que restituyó el concepto de Junta de Síndicos como órgano de gobierno del Sistema de la UPR, separándolo del cuerpo de acreditación del CES. Grupos de empresarios nombrados por el Gobernador formaron parte de la agenda neoliberal encargada por el capital financiero a la Junta de Síndicos. Grupos de estudiantes y profesores alertaron sobre el peligro deficitario que pudiera tener en el fisco mantener las autonomías en las unidades de Aguadilla, Utuado, Arecibo, Carolina y Bayamón por la alta burocratización a nivel de recintos y Administración central.

1993: Se fundó la Organización Socialista Internacional (OSI) vinculada al espacio universitario.

1995: Comenzó una nueva jornada en contra del ROTC y en favor de la desmilitarización tras el anuncio del gobierno de establecer el programa en las escuelas públicas. Las acciones de los grupos políticos como la FUPI por la Reforma Universitaria, la UJS por la Matricula Ajustada a los Ingresos (MAI), la OSI, la Juventud del Frente Socialista y el Taller de Formación Política, fueron encontrando cauce organizativo de oposición política contra el gobierno por los peligros de la privatización y el incremento de la represión. La Administración exploró cambios al Reglamento General de Estudiantes como forma de allanar el camino a la privatización.

1997: Estudiantes y profesores rechazaron la política de privatización del Gobierno que comenzó a impactar a la UPR. En asamblea, se creó el Frente contra la Privatización. El gobierno de Rosselló redujo fondos a la UPR, por conceptos de impuestos a casinos, y autorizó el aumento del margen crediticio en el Banco Gubernamental de Fomento para que Wall Street y los bancos en PR tuvieran mayor injerencia en el manejo de los presupuestos universitarios. La calle principal de acceso en el Recinto de Río Piedras se denominó Calle Conciencia. Se formaron dos motines por la violación al Reglamento y Protocolo de Seguridad del Recinto de Río Piedras por parte del gobernador Rosselló y la secretaria de Estado, Norma Burgos. En menos de un mes se dieron estas dos visitas; la de Rosselló implicaba una conferencia a favor de los procesos de privatización, y la escolta del gobernante agredió a estudiantes del Consejo General de Estudiantes que buscaban dialogar sobre el mismo tema. La de Burgos fue con un contingente de seguridad armado y la Fuerza de Choque, lo que representó la violación a la Política de No Confrontación. Estudiantes entendieron la presencia de estos funcionarios como una violación a la autonomía y una afrenta a sus reclamos. La Administración buscó sanciones disciplinarias contra los estudiantes que participaron en los eventos y abogó por sendos cambios al reglamento de estudiantes, que habilitaran la suspensión de forma rápida, en violación a derechos civiles de estudiantes y al Reglamento de Seguridad, buscando eliminar la Política de No Confrontación, aludiendo, entre otras cosas, a que peligraban fondos federales por concepto de ROTC.

Como siempre, en la prensa se escucharon las alertas sobre lo peligroso que son los “grupúsculos políticos”, los “ruidosos” y los “agresivos”. El año terminó con la destitución del rector de Río Piedras.

1998: Estudiantes realizaron un paro en contra de la Ley de Vales Educativos a estudiantes con fondos destinados a la UPR para que las empresas privadas que fungen como universidades participaran del fondo del Estado, mientras se presentaron amenazas de aumentos en la matrícula. Estudiantes se unieron a la Huelga del Pueblo contra la privatización de la Telefónica. Asambleas y manifestaciones masivas de estudiantes fueron la antesala en la UPR al histórico 1ro de octubre. La Junta Estudiantil Nacional (JEN), que agrupaba los consejos de estudiantes de los recintos, presentó un anteproyecto de reforma universitaria y buscó fortalecer la autonomía universitaria otorgándoles a los estudiantes y profesores el poder de decidir, a través de una Junta de Gobierno con participación equitativa. El Gobierno buscó endeudar a la UPR con megaproyectos, anunciando un incremento de la deuda por motivo de la construcción de la Plaza Universitaria; deuda para la remodelación del teatro; construcción de un estacionamiento multipisos y nuevos edificios.

100 años de historia: la Universidad del siglo XXI y la privatización

2001: Se fundó en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) el Frente Universitario por la Desmilitarización (FUDE) contra el ROTC, compuesto por estudiantes y trabajadores docentes y no docentes, en el marco de la invasión imperialista de Estados Unidos a Afganistán. Un grupo en la Legislatura junto con universitarios discutieron otra reforma universitaria.

2002: El presidente saliente de la UPR, Norman Maldonado, recomendó la imposición de una “cuota de tecnología”. La misma entró en vigor en 2005. La Juventud Puertorriqueña Estadista, a través del liderato de Félix Plaud, buscó provocar confrontaciones con grupos organizados de ideologías distintas, pero el estudiantado lo rechazó masivamente en múltiples ocasiones.

2003: Estudiantes protestaron por la privatización y el cobro del estacionamiento multipisos a cargo de University Parking Systems, que representó una “APP” en la UPR, y los gastos alegres del recién nombrado presidente García Padilla, a quien le llamaban el “presidente de los buenos gustos”, mientras el teatro seguía cerrado y los edificios contaminados, sin atender. Hubo varias protestas por otras de las concesiones privatizadoras, como la del Centro de Estudiantes en manos de Caribbean Foods, Inc., una compañía de la multinacional Burger King. Caribbean Foods, Inc. decidió cerrar, por varios días, y como medida de presión, para que la Rectoría de Río Piedras impidiera las actividades de protesta en “sus predios”, legalmente concedidos por la UPR. En el umbral de la privatización, se celebraron los 100 años de historia de la UPR.

2004: La lucha contra el ROTC en el RUM arreció y se convirtió en un problema político en la zona entre legisladores y otras figuras políticas.

2005: Huelga en el Recinto de Río Piedras por aumento en la matrícula. Subió el costo de créditos en un 33% y se impuso una cuota de tecnología. La huelga no fue apoyada por todos los grupos organizados, pero al decretarse en asamblea se asumió el compromiso. La huelga tuvo muchas dificultades de organización, comenzando en el mismo fin de semana de las Justas. La táctica pública del Gobierno por parte de Acevedo Vilá era ignorar el conflicto, aludiendo a la autonomía universitaria, mientras grupos organizados del PPD ofrecían puestos a líderes del Consejo General de Estudiantes para que desarticularan el proceso. La infame Nina Valedón usurpó la Presidencia del Consejo, que se había distanciado como cuerpo de la huelga, porque el vicepresidente y presidente interino era huelguista. La salida al conflicto se dio a través de la creación de un Comité de Estudio de Finanzas Institucionales (CEFI) a cargo del economista y síndico claustral Waldemiro Vélez. La importancia histórica del evento es la de ser el primero en enfrentar la política neoliberal de Acevedo Vilá y anunciar los atropellos que se efectuaron poco tiempo después. Ese mismo año los camioneros paralizaron sus labores por semanas, la UIA se lanzó a una igualmente arriesgada huelga, el país estaba en bancarrota y, en 2006, el Gobierno cerró funciones como medida de presión para que se le impusiera el IVU al pueblo, lo que garantizó más préstamos a Wall Street.

2006: La Legislatura contempló la reducción de la fórmula presupuestaria de la UPR, pero no se materializó. La Administración universitaria creó un comité pa­ra­lelo al de los huelguistas con nombres similares para que públicamente se asociaran y se confundieran. Éste fue el Comité Asesor de Finanzas Institucionales, que tuvo la encomienda de justificar una nueva alza en matrícula para el 2008.

2007: Se realizó el Foro Social de Puerto Rico en el Recinto de Río Piedras. Se escenificó la alfombra roja como forma de protesta que impidió la gala gubernamental y empresarial de reinauguración del Teatro de la UPR. Estudiantes protestaban por la privatización del mismo a través de los intereses privados en la Junta Directiva, entre la que se encontraba el Banco Popular y el comerciante Silverio Pérez.

2008: Se impuso un nuevo aumento de 12% a todos los costos de matrícula y un aumento estimado (especulativo) en proporción del promedio del costo de vida de un 4% a los créditos, anualmente. Hubo oposición, pero no se pudo concretar nada que no fuera la aplicación de la prórroga negociada en la huelga de 2005, y un contrato que garantizara que el estudiante no iba a ver aumentados sus costos de matrícula. Estudiantes universitarios apoyaron la huelga de maestros y maestras liderada por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

2009: Asambleas masivas de estudiantes rechazaron la Ley 7 de Fortuño, y autorizaron la creación de Comités de Acción por facultades, como antesala a conflictos importantes en la UPR. Se realizaron varios paros. La HEEND realizó un paro de 48 horas.

2010: Huelga en 10 de los 11 recintos del sistema, principalmente contra la eliminación de las exenciones de matrícula y para exigir la apertura de libros financieros. Recientemente, el Recinto de Río Piedras había decretado una huelga en contra de la cuota de estabilización fiscal de $800 anuales. La UPR se encontró en el peor momento desde el punto de vista fiscal y los empresarios sólo buscaban cómo repartirse el fondo público de las contribuciones de trabajadores a través de las APP y el pago a deudas. La comunidad universitaria quedaba a merced de la explotación del trabajo de los estudiantes en investigaciones, aumentos de matrícula, y la cancelación de derechos laborales a docentes y no docentes. La congelación de plazas catedráticas representó no sólo una afrenta contra los derechos de los profesores, sino contra la calidad académica y la existencia misma de los programas graduados. Toda la situación se venía anticipando por los estudiantes en, y desde antes, de la huelga del 2005.

2011: Frente al descrédito abierto y explícito de la Administración universitaria, cuya deshonestidad ha quedado más que patente en lo que concierne al manejo de fondos estatales y federales que se allegan a las arcas de la Universidad, el movimiento estudiantil, en defensa de la UPR como recurso educativo público, y su apoyo docente y no docente, ha crecido en credibilidad y valor ante los ojos del pueblo. Numerosas acciones de la Administración han evidenciado su proceder mediocre, malintencionado y oportunista, y su descrédito hace que los titiriteros políticos, incluido el pinochesco gobernador Fortuño, se “sienten a dialogar”. Basta con mencionar algunas de estas acciones: su complacencia ante el despojo de fondos de la Universidad una vez se aplicó la Ley 7, ya que no hizo el mínimo gesto por defenderlos; la pésima Administración fiscal, evidenciada tanto en su deshonestidad de no rendir los informes económicos ante la comunidad universitaria y el fisco, como en el informe de la Middle States Association on Higher Education, que censura su gobernanza y la sitúa como motivo de desacreditación; la imposición de una cuota abusiva, en nada justificada, ya que el “déficit presupuestario” de la institución obedece al no reclamo de dineros que el Gobierno le adeuda al Sistema (cerca de $300 millones, precisamente la cifra que alegan como déficit); el nombramiento de funcionarios corruptos a la directiva financiera, investigados por el comité Blue Ribbon por acopio ilegal de fondos del Banco Gubernamental de Fomento; los préstamos tras bastidores para endeudar todavía más el presente y el futuro de la Universidad sin que se vea una solución a corto plazo de pago con fondos renovables; y el uso de mercenarios uniformados de “seguridad”  para intimidar y apalear abusivamente a los estudiantes y fabricarles casos. Esta Administración, en particular, debería ser ajusticiada en tribunales, de existir alguno imparcial y justo, por su mala intención y su propósito explícito de destruir el principal sistema público universitario del país. Es evidente que obedece a una política de desarticulación de la oposición al asimilismo y de facilitar el entreguismo de los recursos del país al capital, extranjero y colonial. Una colonia no requiere de seres críticos y pensantes, sino de carne de cañón para guerras imperialistas. Para eso, la Universidad ha sido, es y será un obstáculo permanente.

Todas las gestas estudiantiles han conllevado sacrificio y grandes esfuerzos. Los estudiantes de ayer, tanto como los de hoy, han comprometido sus corazones y destinos en aras de defender nuestra universidad, que representa, con todos los defectos que pueda tener, el centro de debate más enriquecedor y constructivo del país. Su sacrificio no debe ser en vano, pues en esta lucha el pueblo se juega también su derecho a la sede donde construir su intelecto y su criterio, el que le sirve y servirá para discernir su camino.

Por esa razón, la lucha de los estudiantes es la lucha de todo el pueblo trabajador.