Comunidades de Humacao, Maunabo, Ponce y Yabucoa unen sus esfuerzos para derrotar la ofensiva ilegal de las compañías instaladoras de torres para antenas de telefonía móvil. Estas empresas se desbocan por instalar sus torres en cada rincón del país sin importarles cuán próximas puedan estar sus antenas emisoras de microondas de las zonas residenciales. Es más que sabido lo nocivas a la salud que son las emisiones continuas de ondas electromagnéticas en las frecuencias de microondas y, sobre todo, a tan altas potencias de transmisión usadas por las empresas de telefonía celular.
Así funciona la dictadura del capital: para imponer sus intereses, compañías como Red Tower Corp. y Wireless Communications se aprovechan de las prácticas corruptas de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, agencias que no importa en cuál de sus oficinas regionales (Humacao, Ponce, San Juan, etc.) se tramiten los permisos, las acciones son exactamente las mismas : (1) Se responde con dilación de meses a las querellas de las comunidades, inclusive cuando las torres se construyen sin permisos —prevalece la artimaña de construir primero y luego solicitar los permisos ante una ARPE que se hace de la vista larga— (2) ARPE, ilegalmente les otorga permisos violando los reglamentos que rigen a su agencia; (3) Para ganarse los permisos las compañías someten impunemente documentación falsa y ARPE no cuestiona la veracidad de los documentos, en cambio… (4) los documentos y los expediente presentados por las comunidades querellantes se desaparecen como por arte de magia de los archivos de ARPE.
En los casos en que se determina oficialmente la ilegalidad de esas operaciones, las intocables compañías no se sienten obligadas a cumplir con las órdenes de la propia ARPE y ni siquiera con las decisiones judiciales para la remoción de torres construidas sin permiso (Red Tower Corp., caso #09CX2-CET00-07697; Tribunal Superior de Humacao HSCI200901493-26/01/10).
En otro caso, como declarara Roberto Arroyo, portavoz de la Comunidad Quebrada Arenas, sector Vista Alegre, en Maunabo, en entrevista con Abayarde Rojo, “en enero pasado, la jueza María Garriga del Tribunal Superior de Humacao declaró con lugar la demanda nuestra de injunction contra Red Tower Corp. (RTC) ordenándole detener la construcción de la torre pero, irónicamente, a la vez le permitió a la compañía continuar, sin penalidad alguna, con los tramites conducentes a los permisos de ARPE y que fueron iniciados ilegalmente”.
El caso de la comunidad Quebrada Arenas, en Maunabo, es aleccionador. Como nos dijera Roberto Arroyo: “A finales de agosto de 2009, la compañía RTC comenzó la construcción de una torre de telecomunicaciones en las inmediaciones de nuestra comunidad sin los permisos requeridos por ARPE. El 10 de septiembre de 2009, radicamos una querella ante ARPE por RTC no tener los permisos legalmente necesarios para dicho proyecto. Cinco días después, el Sr. Luis Delgado, inspector de ARPE, expidió una orden de paralización de la construcción. No obstante, la empresa, en abierto desafío a la decisión de ARPE, continuó construyendo la torre, proyecto que pudo culminar el 4 de diciembre.
El 9 de septiembre, el inspector Luis Delgado emitió una segunda orden de paralización, pero sin atreverse a multar a la delincuente compañía. Envalentonada, la RTC hizo el mismo caso que antes. La comunidad tuvo entonces que radicar el 23 de diciembre una demanda de injunction ante el Tribunal de Humacao. Casualmente, en ese mismo día, RTC radicaba su solicitud de permiso de construcción ante ARPE, oficina de Humacao, cuando ya tenía construida su torre de 67 pies. Desde entonces, RTC cuenta con los servicios de Carlos J. Quiñones, ex funcionario de ARPE, quien, en el momento en que la compañía radicara su solicitud ante ARPE, firmó los documentos requeridos sin tener al día su licencia de ingeniero, por lo que el trámite de la compañía presenta ahí otra ilegalidad”.