Durante las fugaces vistas que celebró la Junta de Calidad Ambiental (JCA) sobre el Gasoducto de la Muerte el pasado 16 de octubre de 2010 en Barceloneta, la férrea oposición del pueblo al proyecto, la demolición de la Declaración del Impacto ambiental (DIA) por parte de científicos ambientales, y la constatación de la ilegalidad del proyecto fueron los elementos que matizaron las mismas.
Sin embargo, además del desfile de los notorios guaynabitos, salieron a la superficie otros intereses económicos que empujan el proyecto desde la trastienda. Éste fue el caso de ciertos burguesitos atrincherados en la asociación llamada INTENOR (Iniciativa Tecnológica del Norte). Según las declaraciones de su representante, el Sr. Elliot Rodríguez, “ésta agrupa a empresarios de la industria privada y sector público de la región interior y norte del país”. Algunos de los 9 municipios que participan en esta “iniciativa” son: Manatí, Barceloneta, Arecibo, Florida, Utuado, entre otros.
No obstante, esta entidad tiene vínculos estrechos con el gran capital internacional en materia de alta tecnología para aplicaciones médicas. Además “creó una alianza entre los gobiernos municipales, empresas manufactureras y la industria tecnológica”. Entre sus “colaboradores” se encuentran la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), la National Science Foundation (NSF) y el gran oligopolio de los chinchorros educativos, Ana G. Méndez. En el clásico estilo parasitario del sector privado local, recientemente el Municipio de Barceloneta le construyó una moderna infraestructura a un costo de $13 millones de dólares.
El deponente de INTENOR desde el principio de su ponencia endosó el proyecto del Gasoducto de la Muerte alegando que “una de las causas que ha afectado la competitividad de la Isla ha sido los altos costos de la electricidad. Esto ha frenado el desarrollo económico de Puerto Rico”. Añadió que “para ser efectivos, debemos reducir la dependencia del petróleo y este proyecto nos encamina en la dirección correcta”.
Condicionó el apoyo de INTENOR al Gasoducto de la Muerte a que “se establezca una red de conexiones desde la línea de gas hasta las empresas interesadas”. Esta condición representa un peligro adicional para comunidades, recursos naturales e históricos, porque en vez de un sólo trazado fatal, se convertiría en una compleja telaraña de líneas de gas dispersas a lo largo de los municipios donde se encuentran estas empresas.
Lo positivo de estos procesos de confrontación de clases es que las apariencias no se pueden mantener por mucho tiempo y, de acuerdo con sus intereses, los individuos y las clases escogen su bando. Si Wall Street y los guaynabitos insisten en imponernos este embeleco, sin duda la sociedad colonial se encamina a un inevitable choque de clases de consecuencias insospechadas. Los trabajadores, las comunidades y el resto del pueblo debemos continuar combatiendo estos planes de destrucción del país en todos los frentes, hasta que los guaynabitos, o mejor aún, los bonistas de Wall Street, entiendan que no podrán con la fuerza del pueblo organizado.