No hay que ser clarividente para darse cuenta de que la instalación de Ana Guadalupe como rectora del recinto riopedrense obedece a un claro propósito de desafío descarado, cuyo emblema se patenta en la cínica sonrisa de la indigna rectora. Pero éste responde a un plan de continuidad de los “trabajos” ya encaminados antes de la huelga que precisamente condujeron al histórico choque del sector estudiantil con la administración.
Esta agenda no difiere tanto de la de otras administraciones gubernamentales: la privatización del sistema UPR. Para lograrlo, han venido despojándolo sistemáticamente de sus fondos para luego justificar su remate y liquidación en “pública subasta”. Veamos:
> El contrato abusivo para instalación de servidumbre telefónica a un costo de $1.3 ($20 millones, según admitido por Escalona de Motta), cuando con sólo $300,000 se reacondicionaba el sistema completo. Burócratas como Edwin J. Martínez, director de la División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA), Reinaldo Rivera, director en Infraestructura Tecnológica, y Georgios Kiragiannis, han cabildeado fraudulentamente para obtener subastas que sangran las arcas de la UPR. Kiragiannis viajó a República Dominicana para gestionar la subasta para Cisco, empresa del sistema telefónico. Guadalupe tendrá que contestar porqué mintió cuando dijo que las operaciones de compra de este sistema habían sido detenidas. La representante Lourdes Ramos, quien preside la Comisión de Sistemas de Retiro del Servicio Público y que investiga por qué la UPR le quitó $10 millones a su sistema de retiro, con prueba en mano, la ha citado para que lo explique.
> Retraso intencional de gestiones administrativas que actualicen la oferta y los servicios de la Universidad, de modo que su acreditación esté en la cuerda floja por haber sido puesta en probatoria por la Middle States Association of Education. Diez de once recintos fueron puestos en probatoria por la MSA y su informe fue reconocido en prensa como evidencia de la ineptitud administrativa de Guadalupe y De la Torre. Él lo secuestró, para evitar que la comunidad universitaria, incluyendo miembros de la Junta de Síndicos, se enterara de su contenido. En contra del reglamento procesal de la MSA, De la Torre decidió “contestar” el informe por cuenta propia, haciendo nuevamente alarde de su crasa ineptitud y su deshonestidad.
> Préstamos garantizados contra fondos no recurrentes: La UPR se encuentra en sindicatura del BGF, al que pidió un crédito de $100 millones para liquidez operacional, lo que compromete a la UPR a canalizar hacia el BGF el cobro de la deuda de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) con la Universidad, así como todas las cuentas por cobrar a entidades gubernamentales, que suman $170 millones, según expresado por la Profa. María Gisela Rosado, presidenta de la APPU. En lugar de recibir pago por deudas, incrementa aún más sus deudas y el déficit.
Por si fuera poco, acaba de ser nombrado director de Finanzas Charles Anthony Cordero, vinculado al escándalo del Fondo de Incentivos Industriales de Puerto Rico (PRIIF). Cordero y Carlos Calderón Marcial eran los funcionarios del BGF que diseñaron el PRIIF y luego crearon la empresa Grupo Consultores Financieros, que se benefició del fondo. Con su nuevo negocio, luego de renunciar al BGF, Cordero se hizo de $5.2 millones en cuatro, cuya adquisición no quiso explicar cuando el Comité Blue Ribbon lo citó, y no compareció. En la UPR, nombrarlo a él es como poner al cabro a cuidar las lechugas.
Por último, mencionamos la inaudita desaparición de los fondos federales de los préstamos estudiantiles, solicitados desde agosto, y que la administración se niega a explicar. Con la excusa de que el sistema de procesamiento cambió (desde hace un año, tiempo suficiente para acoplarse), han hecho “ojo de hormiga” el dinero. Los estudiantes, al cierre de esta edición, perfilaban una demanda por daños y perjuicios contra la ya mal afamada administración.
Todos estos datos apuntan a que hay una agenda bien definida para desmantelar la Universidad. Conociendo la claque que nos gobierna, de corruptela en contubernio con los guaynabitos que invierten el nuestras vidas como quien invierte en reses, no es de extrañarse que estén amolándose los dientes los Pepe Méndez de la vida. De hecho, sabiendo que él (Pepe Méndez) es uno de los inversionistas de INTENOR interesados en el desarrollo del Gasoducto de la Muerte, debemos concluir que Guadalupe y el Muerto Sentao han venido a completar el trabajo sucio, ya quemados como están, sin posibilidades de dignificarse: otra infamia más en sus haberes no hace mucha diferencia. Sólo la comunidad universitaria, mano a mano, como durante la gesta de la huelga, puede quitar estos parásitos de en medio y rectificar el camino de Universidad hacia su verdadera autonomía.