Tal y como anunciara la Junta de Síndicos durante la huelga estudiantil, parte de su plan para “reducir el tamaño de la Universidad” incluye arrancarle conquistas laborales a todos los sectores de la comunidad universitaria. Uno de los más débiles, por la falta de conciencia de clase de grandes sectores de sus miembros, es sin duda el profesorado. Y aunque existen dos organizaciones de profesores, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Confederación Nacional de Profesores Universitarios (CONAPU), éstas no tienen la facultad de negociación colectiva y la mayoría de los docentes no participan en la misma.
Como consecuencia de la huelga y de la tan cacareada “crisis”, la administración universitaria estableció las llamadas “medidas cautelares” que se aplicaron a nivel de todo el sistema UPR. Éstas consisten en reducirles la paga en un 5% con la eliminación de compensaciones, ascensos, y descargas para investigaciones. Y aunque esas descargas para investigaciones se están pagando como compensaciones, éstas se redujeron drásticamente.
Pero tal y como reportara el Abayarde Rojo en su edición anterior (Núm. 2, agosto 2010), la administración está creando las condiciones para implementar las APP, y el plan piloto se está ensayando en el Recinto de Bayamón. Estas medidas debilitan aun más la posición de los docentes universitarios. El portavoz alterno de la CONAPU y presidente de la Asociación de Profesores en el Recinto de Bayamón, Raúl Guadalupe, señaló que “las APP las están implementado a través de la Universidad Extendida (UNEX) y la Nocturna.”
“El Departamento de Educación recibirá 23 millones del Gobierno Federal para mejoramiento profesional de los maestros. Mientras que la UNEX, coordinada por empleados del sistema Ana G. Méndez, es la que organiza los seminarios. Esto es altamente destructivo para la Universidad porque hay un ente externo dirigiendo procesos propios de la institución. Sobre qué se haría con esos fondos, el profesor Guadalupe añadió: “el Rector (Arturo Avilés) dice que parte del dinero se utilizará para cubrir los gastos operacionales, pero esa operación no requiere tanto gasto”.
A esto, Abayarde Rojo le preguntó: ¿en qué se utilizaría entonces el resto de ese dinero? “Los coordinadores de ese programa, docentes de los departamentos adictos al PNP, están recibiendo jugosos beneficios que rondan los $1,600 y $1,800 por cada sesión de ocho horas de taller, y el resto pasaría a la empresa privada (Ana G. Méndez).”
Sobre el presupuesto, el profesor Guadalupe añadió que “el Recinto operó el año pasado con $40 millones, sin incluir los gastos operacionales”. Esos $23 millones para “mejoramiento profesional” serán un nuevo imán para la corrupción, para nuevos aventureros ajenos a la Universidad que llegarán a enriquecerse y, peor aún, seguirán desmejorando las condiciones laborales de los docentes, en especial los sin plaza, junto con la calidad de la enseñanza”.