A pesar de la victoria estudiantil en la pasada huelga, la administración universitaria ha continuado su plan de “reducción del tamaño de la Universidad” desmantelando y privatizando solapadamente los servicios que ofrece la institución. La administración de la UPR/Bayamón ha ideado un vergonzoso plan piloto para implementar la privatización en el recinto que, de tener éxito, profundizará la insuficiencia económica del estudiantado y de la Universidad.
Este esquema de privatización está dirigido al estudiantado de nuevo ingreso, aunque afecta igualmente al resto de la matrícula. Según documentos de la propia Universidad, los estudiantes que obtengan bajas puntuaciones en las pruebas de ingreso en español, matemáticas o inglés se verán obligados a tomar “cursos preparatorios”, previo a su incorporación a los programas académicos regulares. Los créditos de estos cursos valen el doble que el resto de los cursos regulares.
El nuevo programa de estudios se canalizará a través del Programa de Educación Continua (DECEP) y de la Universidad Extendida (UNEX), una forma de privatización que ya ha sido implantada hace varios años. Estos programas han tenido el efecto inmediato de limitar aún más la oferta académica diurna, cuyos créditos tienen un costo regular, moviéndose esos cursos a las secciones nocturnas manejadas por la DECEP y la UNEX.
Fuentes estudiantiles aseguraron al Abayarde Rojo que “a través de esos programas obligan a los ‘prepas’ a matricularse en los cursos remediales para sacarles el dinero de las becas”. Añadieron que “lo triste del caso es que el Consejo General de Estudiantes se ha encargado de orientar a los prepas sobre la necesidad de tomar esos cursos describiéndolos como altamente recomendables, cuando debería estar denunciando esta situación”.
Aseguraron que “para colmo, estos cursos los ofrecerán los profesores de los departamentos de forma gratuita” como “una contribución al bienestar económico de la institución” aduciendo a la supuesta crisis económica. “Esto significa otra reducción de salario a los docentes, quienes se ven obligados por la administración a preparar y ofrecer estos cursos”.
A preguntas del Abayarde Rojo sobre qué se hará con el dinero que se genere de estos programas, nuestras fuentes aclararon que “la Ley 174 de 1996 les otorga la facultad a los rectores de los recintos a utilizar los fondos que se generan de estos programas de la forma y manera que ellos mejor entiendan”. Este mecanismo abrirá la puerta para justificar más privatizaciones, contratos leoninos y continuar arrancando más conquistas y derechos a estudiantes y docentes. Este esquema es sólo la punta del témpano de todo el plan integral que tiene preparado la Junta de Síndicos para la Universidad del pueblo. ¡Detengámoslos!