En días recientes, la Legislatura de Puerto Rico aprobó un proyecto para enmendar la Ley Universitaria presentado por el representante novoprogresista Ángel Rodríguez. El mismo implantaría un sistema de votación electrónica para los cerca de 60,000 estudiantes de la UPR. El Proyecto de la Cámara 2726 espera la firma de Luis Fortuño.
El propósito, según el representante Rodríguez, es impedir que “grupos minoritarios con agendas políticas descarrilen la educación de miles de estudiantes de nuestro sistema universitario”. Esto, en alusión al sistema deliberativo de asambleas que provee el Reglamento General de Estudiantes, que en repetidas ocasiones sectores opuestos a la huelga han calificado como amañado por grupúsculos.
Según el liderato estudiantil, limitaría la participación y deliberación democrática de la comunidad universitaria sobre asuntos que le afectan directamente. Se preguntan, ¿cuáles serán las garantías de transparencia, confiabilidad y administración del protocolo de votación —a quién se designaría para ésta? Anticipan la manipulación y el fraude.
Las alegaciones sobre las deficiencias de las asambleas que hacen los sectores reaccionarios, tanto en la Legislatura, como de la mal llamada mayoría silente, ignoran que desde el último año y medio se ha llevado un proceso de discusión y organización dentro de las bases estudiantiles. Durante ese tiempo, el estudiantado ha estado abierto al diálogo con la administración, a lo cual ésta última se ha negado.
A pesar de haberse alcanzado acuerdos entre la Junta de Síndicos y el liderato estudiantil, la administración se negó a cumplirlos y se encargó de sabotear el inicio de clases. Ha presentado múltiples excusas, para ocultar sus verdaderas razones para este retraso. Mencionó reiteradamente sabotajes que, según los estimados de la Rectora Guadalupe, rondarían los $250,000. La falta de mantenimiento de la planta física, la supuesta pérdida de las acreditaciones —cuya publicación en prensa puso en claro la intención de engaño pretendida por la administración— así como la elegibilidad de la Universidad para solicitar fondos federales, entre otros.
No cabe duda de que la actitud revanchista de la presidenta de la Junta de Síndicos Igrí Rivera y el presidente José Ramón de la Torre reflejan la posición del Gobierno. Estos burgueses no han podido asimilar la derrota propinada por el estudiantado universitario y continúan, a través de la mentira, la manipulación de los procesos administrativos y judiciales. Esta intromisión indebida de la Legislatura confirma que la llamada “autonomía universitaria” no existe y que la institución continúa siendo un botín apetecido por las administraciones de turno.
Por su ejemplo de lucha, los principios que los guían y la consistencia de sus actos, ¡felicitamos y apoyamos al estudiantado en su gesta!