Amenazado el sistema público de enseñanza

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Por Félix Arroyo

El sistema público de educación de Puerto Rico enfrenta los embates de la burguesía y la empresa privada para apoderarse de la educación del país y controlar y adoctrinar la población en función de sus intereses capitalistas. El cierre de escuelas, la declaración de maestros como excedentes en el sistema, maestros transitorios sin nombrar, descuentos injustificados en sus sueldos, una organización escolar con una estructura empresarial capitalista, el aumento en carga laboral a los trabajadores de la educación y las nefastas consecuencias de las cesantías de los empleados administrativos y de mantenimiento constituyen el panorama para el año escolar 2010-2011.

El año escolar comenzó con portones cerrados en cerca de 40 escuelas, porque las estadísticas del sistema educativo informaron que éstas tenían menos de 100 estudiantes matriculados, ya que la cantidad de estudiantes “no justifica” su plaza. Más de 3,000 estudiantes, padres, maestros y trabajadores de la educación sufren las consecuencias de estos cambios que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En la región educativa de Humacao se declararon excedentes a cerca de 600 maestros, a los cuales el sistema intentará reubicar en otras escuelas donde haya plazas vacantes. Declarar excedentes a los maestros y ubicarlos en otras plazas que eran ocupadas por maestros transitorios implica la eliminación de plazas y pérdida de derechos, enfrentándose estos trabajadores de la educación a las consecuencias nefastas que crea el capitalismo: desempleo y hambre en los profesionales capacitados para contribuir en el proceso educativo de excelencia. Maestras y maestros jóvenes y recién graduados de las mejores universidades del país quedan frustrados y decepcionados por las actuaciones del Estado y su política educativa. El aprendizaje y la motivación que se adquieren durante el estudio de la pedagogía se hacen irreales al estrellarse contra la burocracia, los intereses de la clase dominante y los partidos burgueses que controlan el sistema educativo colonial.

Numerosas escuelas tendrán cambios en la organización escolar por supuestas reconstrucciones que no han sido subastadas y no cuentan con permisos, afectándose cerca de 15,000 estudiantes y trabajadores de la educación. Como si fuera poco, algunos centros de cuido diurno y de educación preescolar que les ofrecían servicio a los hijos de los trabajadores han cerrado, afectando el proceso de aprendizaje durante una de las etapas más importantes en el desarrollo del ser humano.

Por otro lado, a cientos de maestros se les hicieron descuentos injustificados en sus sueldos, situación que en los últimos tres años se ha repetido a raíz de la implantación de un sistema de ponchador que ha tenido seria fallas, pero que responde muy bien a los intereses capitalistas y los preparativos iniciales para la privatización del sistema de educación pública. Los atropellos e injusticias que constantemente sufren éstos responden a estrategias políticas y económicas como medio de manipulación para implantar la privatización del sistema de educación pública.

Las administraciones de turno del DE han impuesto cartas circulares que responden a los intereses de la burguesía en detrimento de la educación de comunidades oprimidas y marginadas, para justificar el supuesto de maestros excedentes, eliminar cursos de bellas artes, salud y educación física, aumentar la carga y el horario escolar —contrario a los que la ciencia de la educación propone-, eliminar el periodo institucional y la asignación de trabajo administrativo.

Los trabajadores de la educación deben organizarse para enfrentar los intentos de privatización, asegurar los derechos adquiridos (como el amenazado Sistema de Retiro), fortalecer la calidad educativa, democratizar los procesos, defender la educación de los hijos de los trabajadores y establecer una filosofía educativa que responda a las necesidades de las comunidades, de los marginados y de los oprimidos, en  la formación del ser humano nuevo. Queda en manos de ellos organizarse en un frente común que defienda la educación pública del país para lograr estos objetivos.

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