Traqueteo con sistema de pensiones de docentes en UPR Ponce

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Foto: Archivo Abayarde Rojo.

Por Rosa Rojas

Al parecer la administración universitaria no está satisfecha con el zarpazo que le dará la Junta de Wall Street (JWS) al sistema de pensiones de empleados del sistema UPR. Ahora en el Recinto de Ponce se han puesto creativos con una nueva modalidad de continuar socavando los ya míseros salarios de los docentes sin plaza.

Un miembro de la facultad del recinto denunció a Abayarde Rojo que la administración universitaria aprobó la Certificación #14, que establece que a determinadas categorías de empleados y contratistas se le descontará el 12% de su salario bruto retroactivo al 1 de septiembre de 2018. De primera mano, el lector pensaría que bueno que van a incluir a estos trabajadores en el sistema de retiro para que al menos tengan un ingreso mínimo. Falso. Las intenciones de la administración son mucho más siniestras.

El documento suministrado por el docente explica además la manera abusiva en la que se perpetró este esquema, incluso en contra del propio ordenamiento jurídico burgués del territorio. Los docentes firmaron sus contratos con la UPR entre la última semana de julio y la primera de agosto de 2018 mientras que la Certificación #14 fue firmada el 27 de agosto de 2018. El propio contrato establece que por su naturaleza laboral no les aplica cotizar para el retiro y que cualquier enmienda retroactiva hace nulo el acuerdo. La propia constitución del ELA prohíbe la aprobación de leyes que menoscaben acuerdos contractuales y que todos deben aplicar de manera prospectiva. Es decir, desde el momento en que se firma el acuerdo.

No podemos perder de perspectiva que el 12% del salario de docentes sin plaza representa un rudo golpe a su ya precaria situación. El año pasado la plantilla total de docentes del sistema UPR ronda los 4,800; de los cuales cerca de la mitad no tiene plaza. Los salarios de estos docentes sin plaza promedia entre $4,000 y $12,000 anuales, sin ningún tipo de beneficio. Si le restáramos el 12% a un docente que gane $12,000 anuales esto representaría un recorte de $1,440.

¿Qué traman los administradores universitarios con esta movida?

Como mencionamos antes esta movida es mucho más siniestra si la analizamos más allá del recorte de facto en los salarios de estos trabajadores. A los administradores lo que les interesa es poner estos fondos bajo el control directo del capital financiero sin ninguna responsabilidad futura hacia los trabajadores. Actualmente el sistema de retiro de la UPR es de beneficios definidos (no como el que pretenden implantar de aportaciones definidas) y estos necesitan la inyección de nuevos fondos a corto plazo para que no se desplomen.

Si este resulta ser un sistema ya integrado al mercado sin beneficios definidos, esta acción cobra un carácter aún más coercitivo ya que obliga a los más vulnerables a entregar un tributo al capital financiero sin la más mínima garantía de recibir algún beneficio futuro.  De esa manera: 1) especulan con esos fondos o, invierten en ámbitos productivos; 2) usan estos salarios diferidos para costear la expansión de nuevos negocios.  Ya mediante estos fondos – y otros similares- se evidencia otro aspecto de la contradicción entre la socialización de la producción en los recursos que usan para esa inversión y su apropiación privada.

A fin de cuentas, los fondos de retiro están compuestos de salarios diferidos de los trabajadores y lo que pretenden los capitalistas es remover la traba de las juntas con representación obrera de los nuevos organismos, que estarán exclusivamente bajo control del capital financiero.  El control sobre estos enormes fondos figura como punto álgido de la lucha de clases.

Aquí se ve la mano siniestra de cabilderos y bufetes que están sirviendo de punta de lanza para que el capital financiero adquiera el control de estos fondos. El ejemplo más notorio que ha surgido en medio de esta controversia ha sido el claro conflicto de intereses de Walter Alomar, presidente de la junta de gobierno de la UPR, quien es dueño de la firma de asesoría legal DBPR Legal LLC goza de jugosos contratos que ascienden a más de $5 millones. Aunque la denuncia es porque su firma compite con la UPR en la obtención de contrataciones del gobierno, existen sospechas que pudiera está involucrada en este fraude masivo.

No cabe duda de que no solo a los trabajadores del sistema UPR se les va la vida con los planes que ha planteado la JWS para con sus fondos de retiro. Es una lucha que toca a todos los trabajadores gubernamentales y sus corporaciones públicas. Este es un nuevo ejemplo que a la clase capitalista le importa un bledo su propia estructura jurídica al momento de asestar golpes a la clase obrera y no vacilará que saltarla con tal de lograr los objetivos que se plantee para cada coyuntura, ya sea en el ámbito político o económico.

Es por esto que todos los esfuerzos jurídicos que intenten de la mano de sus asesores legales pequeñoburgueses serán contrarrestados, por jueces coloniales o en última instancia por la jueza Taylor Swain. La única ruta que les queda es la lucha militante contra estos planes.

¡Que los obreros tomen el control de sus sistemas de retiro!

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