Resistencia popular a la ofensiva anti mujer

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Foto de Twitter: Colectiva Feminista en Construcción

Por Lidia López

Con su prédica harta de hipocresía, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, dos operativos ultra reaccionarios dentro de la legislatura colonial, han intensificado su campaña anti mujer con el proyecto de ley 950 del senado.  La llamada Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida no es más que un intento de institucionalizar el oscurantismo religioso dirigido específicamente a la mujer.

Además de imponer una espera de 48 horas entre la primera vez que una paciente acuda a un médico en solicitud de un aborto y la realización del procedimiento, la medida obligaría al médico a especificarle la edad del feto, informarle que el aborto terminaría con un “ser entero, separado y único” y mostrarle a la paciente un sonograma.  Otras disposiciones del proyecto de ley incluyen la diseminación de literatura dirigida en contra del aborto por el departamento de Salud como parte de la “consejería” obligatoria que tendrá que recibir una mujer, que una menor esté acompañada de un familiar o tutor si acude a recibir un aborto, y la imposición de multas y hasta cárcel a los médicos que violenten las otras disposiciones de la pieza legislativa.

El proyecto 950 es en esencia una copia de lo que se ha impuesto recientemente en varios estados de EEUU en donde no sólo se le ha restringido el acceso a los servicios de salud reproductiva a la mujer sino toda la atención médica (ej. Kentucky, Tennessee, Oklahoma).  En varias investigaciones recientes se destaca cómo las nuevas leyes impuestas para restringir el acceso a los servicios reproductivos han creado innumerables obstáculos al aborto: el cierre de clínicas, la imposición de tener que ausentarse del trabajo varias veces para realizarse un procedimiento, el tener que viajar largas distancias, etc.  Estas onerosas restricciones han hecho prácticamente inaccesible a las mujeres el aborto.  Como se debe saber, el impacto de estas restricciones recae principalmente sobre las mujeres pobres.  Como tal, el rechazo popular al intento de imponer restricciones sobre los derechos reproductivos de la mujer, evidenciado en las protestas de varios grupos de activistas durante las vistas públicas de ayer, refleja los sectores saludables de la sociedad puertorriqueña.

En el fondo, la campaña para restringir los derechos reproductivos tiene que entenderse más ampliamente como parte de los intentos de ejercer mayor control sobre la fuerza de trabajo, particularmente de la mujer, imponer sobre la juventud una educación oscurantista, y fortalecer la Iglesia como un instrumento estatal de dominación ideológica.  No debe sorprender que una persona tan nefaria como Betsy DeVos, la ultra rica e impenitente fanática religiosa convertida en secretaria de Educación federal reciba tan calurosa acogida entre los mismos sectores de promueven el proyecto de ley 950.  Tanto Rivera Schatz como Venegas Brown representan las más claras manifestaciones del pensamiento social retrógrada en Puerto Rico.

Hemos señalado la hipocresía de aquellos que usan reclamos fraudulentos sobre una moralidad universal para adelantar su política reaccionaria.  La moralidad de canallas como Rivera Schatz, Venegas Brown y la jerarquía eclesiástica con que se alinean es una moralidad de clase; la moralidad capitalista.  Mientras proclaman defender “la vida”, guardan silencio ante las invasiones, el saqueo y la destrucción de sociedades enteras por el imperialismo estadounidense; cuando el Pentágono emplea sus instrumentos de muerte dejando caer bombas sobre niños y mujeres inocentes e indefensos; o cuando el capitalismo condena a las masas a la pobreza y el desempleo permanente mientras celebra descaradamente los niveles obscenos e irracionales de desigualdad.

La clase obrera no tiene uso para esta moralidad hipócrita.  Las trabajadoras, quienes enfrentan todos los días el reto y las cargas impuestos por el capitalismo, no aceptan que se les prediquen con estos sermones huecos.  Ninguna mujer de extracción obrera toma a la ligera la decisión de abortar.  Sin embargo, le incumbe a toda persona de pensamiento avanzado defender no sólo el derecho de la mujer a tomar la decisión que ella estime correcta sino también luchar para que la atención médica que ella requiera, independientemente de su decisión, sea accesible.  La clase obrera en su conjunto exige derechos reproductivos plenos para la mujer y todas las familias como parte de un sistema íntegro de cuidado médico accesible, una educación pública progresista e iluminada, y un programa de empleo pleno y digno para todos.  La clase obrera como verdadera defensora de “la vida” lucha por una transformación progresista de la sociedad basada en un reparto justo de los recursos y la riqueza social y la implementación de una política pública iluminada y racional.

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