Bishop gana terreno en pugna por la “transformación” de AEE

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Bishop y su "tour guide" González (Foto tomada de Twitter)

Por Rogelio Acevedo

Luego de varios meses de dimes y diretes entre sectores políticos federales y del territorio por la dirección de la AEE en la Comisión de Energía, además de innumerables pugnas entre sectores de capitalistas locales, así como entre bonistas, tal parece que finalmente todas estas facciones están alcanzando acuerdos sobre el proceso de privatización de la corporación pública. Esta semana tuvo mayor resonancia la nueva intervención del congresista Rob Bishop quien impulsa, mediante su proxy Jennifer González, una Comisión de Energía “más independiente”. Es decir, que responda a los intereses económicos que él representa.

Pero mientras se destacaba esa garata en los medios, por otro lado, calladamente los ultra reaccionarios y oportunistas de Larry Seilhamer y Eduardo Bathia condujeron vistas públicas por medio de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del senado dirigidas a establecer el ya muy cacareado “marco regulatorio” para la privatización de la AEE contenida en la ley 120 Para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico. En esas vistas participaron representantes de diferentes sectores de capitalistas locales, representantes encubiertos de bonistas, así como representantes de la pandilla de Ricky como Christian Sobrino por la AAFAF, Manuel Laboy secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el flamante director de la AEE, José Ortiz.

En estas se discutieron varios aspectos del “marco regulatorio” para la privatización donde ya existen acuerdos entre los disitntos sectores.  Entre ellos, resaltó cuál será el carácter de la nueva entidad, donde hipócritamente Seilhamer señala que “no quieren un monopolio de combustibles, ni un monopolio de proveedores”. Con esas declaraciones Seilhamer trata de transmitir tranquilidad a todos estos grupos insinuando que el bizcocho se repartirá equitativamente. Otro asunto importante fue la eliminación de subsidios a los municipios, condición impuesta por los bonistas y la JWS, los cuales alcanzaron $53 millones en 2017 y $42 millones en lo que va del 2018.

Por su parte, Sobrino y Laboy señalaron en que se debe abrir al mercado la generación, transmisión y distribución de energía para evitar que “Puerto Rico dependa de una única fuente de producción”. También insistieron como condición importante que esa diversificación de fuentes de producción (gas natural, eólica, carbón) hará a Puerto Rico “más competitivo para la inversión local y foránea”. Como parte de los planes de recuperación de la AEE, esta semana el director de la Oficina de Recuperación y Reconstrucción Omar Marrero tuvo reuniones en Washington para cuadrar los fondos asignados desde los programas enmarcados en la Sec. 428 del Stafford Act que instrumentaliza FEMA.

Además, enfatizaron en la creación de microredes como solución para “trabajar más fácilmente en vez del sistema existente”, planteamiento que suena atractivo a las gradas pero que contradice frontalmente el plan de los bonistas.

Los planes de los bonistas

Para tranquilizar a los bonistas también se trajo el asunto de la medición del consumo, un aspecto fundamental considerando que precisamente parte de sus ganancias están atadas al elemento de la facturación y de la restructuración de la deuda de la AEE. En este sentido ya hemos denunciado el fraude que constituye el “acuerdo” al que llegó la JWS con los fondos buitres donde se eliminó una tercera parte del total ($3 mil millones) de la deuda de $9 mil millones.

Como parte de ese acuerdo éstos podrán intercambiar sus bonos actuales por otros nuevos divididos en serie A, con los que recuperarán el 68% del valor nominal; y los serie B, catalogados de “crecimiento” con los que recuperarán el 10% en un plazo de 45 años. Este mal llamado acuerdo lo que logra es mantener en manos de los buitres por varias décadas las decisiones fundamentales en la AEE relacionadas aspectos estratégicos como emisiones de deuda para la construcción de infraestructura, hasta el carácter mismo de la corporación sobre las fuentes de energía que utilizará.

En ese sentido, resultan risibles las declaraciones de Seilhamer, Bathia, Sobrino y Laboy sobre el carácter de la corporación en cuanto a si será un monopolio o un sistema interconectado de microredes o qué tipo de fuente de energía utilizará. Bajo el arreglo del pago de la deuda, es decir, en el intercambio por los bonos A y B, con sus correspondientes pagos, se busca estimular la participación de futuros inversionistas dirigiendo la transformación de la corporación en un monopolio privado. Un monopolio privado basado en la utilización de combustibles fósiles para la generación energética donde predominará el gas natural. Aunque los oportunistas de Seilhamer y Bathia dicen que no quieren monopolios, la realidad es que bajo este arreglo con los bonistas resulta incompatible un sistema de microredes y de energía renovable, porque el plan es precisamente mantener la estructura de distribución centralizada de la AEE que abarque una red de consumidores lo más amplia posible. Esa característica es lo que hace rentable las emisiones de bonos de la corporación.

Se sale con la suya Rob Bishop

Más allá de los enternecedores discursos de Seilhamer y Bathia, cuando analizamos en detalle el curso que están tomando las vistas públicas sobre la privatización de la AEE y la “llamada a capítulo” que hace Bishop, queda claro que ha salido victorioso en esta partida. No olvidemos que el senador es representante de los intereses del gas natural y su fiel propulsor en Puerto Rico. Es conocida su participación, junto a Don Young (el mismo aliado de la estadidad durante la época de Rosselló padre) en someter legislación para favorecer monopolios como Shell North American, Kindle Energy y ITC Holdings para apoderarse de la generación eléctrica en el territorio.

Quienes todavía duden que los intereses del lobby del gas natural que representa Bishop (monopolios energéticos, fondos buitres) tienen la mano en esta partida, al menos por el momento, la propuesta para crear una dispensa de 5 años en las leyes de cabotaje para flexibilizar la entrada del combustible y productos relacionados es más que elocuente. Esta propuesta, fuertemente impulsada por el lobby del gas natural en EEUU está atada a la venta de activos de la AEE y a la “despolitización” de las instituciones creadas para regular la industria energética en el territorio.

Como hemos señalado reiteradamente, todas estas pugnas entre sectores defensores del capitalismo en nada benefician a las masas obreras, particularmente en un asunto medular como es la producción y el acceso a la energía eléctrica. Luego de las catastróficas consecuencias por la falta de electricidad que resultaron en miles de muertes, la clase obrera debe reivindicar el acceso a la energía eléctrica a un costo accesible como un derecho humano. El pueblo y las masas obreras saben intuitivamente que los cantos de sirena de los defensores de los explotadores, energúmenos como Seilhamer y Bathia, de que la privatización bajará el costo de la electricidad y que es la alternativa a la situación actual de la AEE, son puras patrañas. Lo que no le dicen al pueblo es que la situación actual de la AEE, al igual que con el resto de las corporaciones públicas, es consecuencia de la corrupción generalizada en el territorio de la que estos energúmenos han sido partícipes y cómplices.

Sin embargo, sabemos que en la debacle que representa el régimen de explotación capitalista y la propiedad privada de los medios de producción esta reivindicación no es posible. Solo con la organización independiente de la clase obrera, la toma del poder político y del control de los ámbitos estratégicos, como la producción de energía eléctrica, serán la única garantía de ponerlas al servicio de la sociedad y no en beneficio de una minoría ociosa.

¡Revolución o sometimiento!

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