JWS afianza control de finanzas del territorio

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La jueza Swain, un arbitro encargada de defender los intereses de la clase capitalista.

Por Rogelio Acevedo

 

La semana pasada la Junta de Wall Street (JWS) obtuvo una importante “victoria” sobre la camada de oportunistas y corruptos que administran el territorio bajo el liderato de Ricky, Rivera Schatz y Johnny Méndez. Entre comillas porque este proceso de impugnación de los administradores del PNP era solo una mera formalidad ya contemplada por la JWS en su proceso de “devolverle la salud fiscal a Puerto Rico”. Pero de la misma forma sin comillas, porque a nivel del debate público se aclararon todas las dudas sembradas por las interminables interpretaciones jurídicas de los intelectuales burgueses y liberales. Este nuevo capítulo va allanando el camino de la JWS en su ruta imparable hacia lograr su supremacía en la administración del territorio.

En vista celebrada el pasado martes, la jueza Swain desestimó las demandas presentadas por el gobierno y la legislatura del territorio, donde alegaban que la JWS se había extralimitado en sus poderes al vetar los presupuestos sometidos ambos. La jueza también rechazó el argumento oportunista de Ricky y su pandilla de que los recortes contenidos en el presupuesto impuesto por la JWS no eran “recomendaciones fiscales”, sino mandato que deben acatar.

Esta decisión resulta positiva para disipar las cortinas de humo que han lanzado el pasado año los apologistas del régimen. Como hemos señalado en innumerables ocasiones, la ley Promesa se basa en la cláusula territorial y por tanto, sus poderes van por encima de cualquier instancia gubernamental del ELA. En ese sentido, la JWS no necesita tener facultades para aprobar leyes ya que por virtud de Promesa tiene el poder de fijar presupuestos y por consiguiente, establecer política pública. Además, su otra facultad primaria es la negociación con todos los sectores de bonistas acreedores del gobierno del ELA.

Ambas facultades, es decir, de establecer presupuestos, planes fiscales y de representar al pueblo de Puerto Rico en las complejas negociaciones con los distintos grupos de bonistas son suficientes para cumplir su cometido: crear las condiciones necesarias para el regreso del territorio a los mercados de bonos.

La pugna por el presupuesto viene arrastrándose desde principios de julio cuando la JWS, ejecutando los poderes que le otorga Promesa, aprobó su versión del presupuesto alegando que “es razonable y en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado”. Ese presupuesto aprobado por la JWS, y que se encargarán de ejecutar Ricky y sus secuaces, cuenta con $643 millones menos ($8,529 millones) que el presupuesto sometido por el gobierno del territorio ($9,172 millones), lo que supondrá recortes en todos los servicios básicos y un aumento en la presión contra las masas obreras. Entre los sectores más afectados se encuentran Educación, con recortes al programa de becas de la UPR, Mi Salud y a otros programas sociales que suman $420 millones.

Más allá de los chillidos hipócritas de Ricky que alega sobre la insuficiencia de fondos para la administración y la “prestación de servicios esenciales” según el presupuesto de la JWS, la realidad es que su lucha es por el control de esos fondos y las corruptelas que implica.

Cabe incluir además como parte de los avances de la JWS se encuentran los acuerdos preliminares con los bonistas de COFINA y con los de la AEE. También se vislumbra en el panorama un acuerdo con los del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Todos estos acuerdos, rechazados por los administradores del territorio, representan derrotas adicionales para ellos ya que implican un reconocimiento de los bonistas en su conjunto a la autoridad de la JWS.

Desde luego que estas pugnas interburguesas en nada benefician a las masas obreras, ni mucho menos aseguran la protección mínima de sus intereses. Estas en la práctica representan peleas entre grupos de maleantes por asegurar su control de la riqueza social. En ese mismo sentido debemos ver a la jueza Swain como un arbitro encargada de defender los intereses de la clase capitalista de EEUU mediante la implementación de la ley Promesa y la cláusula territorial.

Ante este panorama de imposición colonial, se agudiza de forma imperceptible la crisis política en el territorio. Con una administración territorial y sus partidos sumidos en el descrédito y la corrupción, un inicio de clases en el sistema público marcado por el cierre de escuelas, y continuos ataques al magisterio, un alza sin precedentes en la matrícula de la UPR, un sistema de salud pública colapsado, un aumento generalizado de la pobreza, el panorama no luce alentador para las masas obreras.

En esta coyuntura crítica de dispersión, la tarea fundamental de los elementos más conscientes de la clase obrera es luchar por su desarrollo ideológico y organizativo.

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