Administración avanza su plan para desterrar a presos boricuas al sistema de cárceles privadas en EEUU

0
274
El secretario de Corrección, Erik Rolón, en el servicio de la industria carcelaria privada.

Por Ismael Castro

 

En febrero del año corriente denunciamos desde Abayarde Rojo el cínico plan promovido por el canalla Erik Rolón, secretario del departamento de Corrección, para usar el trabajo carcelario en la reconstrucción de casas después del huracán María.  En dicha denuncia, destacamos también la intención de la administración para reavivar el proyecto de desterrar a presos puertorriqueños, trasladándolos a cárceles privadas en EEUU.  Después de dos recientes intentos fallidos, uno para el traslado de presos boricuas a Mississippi y el otro a Texas, el periódico británico The Guardian ha informado de un nuevo contrato que está a punto de firmarse entre el departamento de Corrección y la compañía carcelaria privada CoreCivic, para el traslado de 3.200 presos desde Puerto Rico a un centro de detención privado, La Palma, ubicado en el pueblo de Eloy en el estado de Arizona.  La justificación para esta movida, como todo lo que hace la administración reaccionaria de Rosselló, es la necesidad de ahorrar dinero; en este caso, $400 millones durante cuatro años.  No obstante, hasta el día de hoy los detalles preliminares del contrato por firmarse entre la administración y CoreCivic aun no se han hecho públicos.

Según el informe de The Guardian, que lleva como subtítulo “Esta es la trata humana”, los traslados comenzarán a partir del 2019 con 1.200 presos seguido por aproximadamente 700 personas cada año siguiente.  A preguntas sobre el alegado carácter “voluntario” de los traslados, Rolón tuvo que admitir que en realidad no hay alternativas debido a que ya está en marcha el cierra de varios cárceles en Puerto Rico.  De hecho, una vez se firme el contrato, el departamento de Corrección estaría obligado a trasladar a los presos independientemente de cualquier oposición suya o perder el dinero.

Varios expertos en materia de la rehabilitación de presos han advertido sobre el desastre social que provocarán traslados de confinados que imposibiliten visitas regulares con sus familias, los separen de sus círculos de apoyo, les impongan la enajenación cultural y lingüística y, particularmente en el caso de las cárceles privadas, los expongan cada vez más al trato abusivo.  Estas condiciones, lejos de facilitar la rehabilitación del preso tienden a “endurecer” a los confinados haciéndolos menos aptos para la futura reintegración social.  De hecho, el informe de The Guardian destaca dos experiencias previas en que se trasladaron presos desde Puerto Rico a EEUU, una en 1993 cuando mandaron a presos boricuas a una cárcel en el estado de Minnesota y la otra en 2012 cuando los trasladaron a una facilidad privada en Oklahoma, las cuales corroboran las advertencias en contra del plan por expertos.  Ambos intentos fracasaron y en el último caso los abusos por el personal carcelario a que estaban sujetos provocaron motines entre los presos boricuas.

En el caso particular de La Palma, cárcel privada que es propiedad de la empresa CoreCivic, las denuncias de abusos y maltrato son extensamente documentadas y verificadas, tal como se ha visto a través de toda la industria de cárceles privadas.  Entre éstas se destacan el uso excesivo de confinamiento solitario, la falta de servicios médicos adecuados, y fallas en la seguridad de las poblaciones vulnerables, entre otras cosas.

El auge de cárceles privadas en EEUU durante los últimos años refleja unos cambios importantes en la estrategia corporativa de empresas carcelarias como CoreCivic y GEO, las más grandes, además de sus vínculos con los grandes bancos y otras instituciones financieras.  Según los hallazgos de un estudio realizado por el centro de investigación y política pública In The Public Interest (ITPI), las empresas como CoreCivic y GEO funcionan en realidad como fideicomisos de inversión inmobiliaria (Real Estate Investment Trusts o REITs).  A través de esa estructura corporativa, estas empresas entran en contratos de arrendamiento a largo plazo con estados y otras dependencias federales como ICE en que cobran “por cabeza” para alojar a la población carcelaria.  Según declaraciones del presidente de la empresa carcelaria GEO, George Zoley, “Las facilidades que solamente se administran tienen el margen de ganancia más bajo . . . como un [Fideicomiso de inversión inmobiliaria] hemos crecido principalmente debido a la propiedad y el arrendamiento de las facilidades y es ahí donde permanece nuestro enfoque principal.”   De hecho, los accionistas de estas empresas, además de aquellos de los grandes bancos que les proveen el crédito, derivan ganancias aun más jugosas gracias a las exenciones contributivas para las cuales califica su estructura de fideicomiso.  Tal como ocurre en cualquier otro renglón económico, la extensión de crédito a estas empresas por los grandes bancos incentiva la expansión de la industria carcelaria privada además de la política publica de encarcelamiento masivo.

En un informe del ITPI publicado en el 2016 se destaca el incentivo perverso de estas empresas carcelarias para promover códigos penales más severos a nivel federal y estatal como parte integral de la política pública de encarcelamiento masivo.  Aunque este fenómeno puede verse en la actualidad dirigida a la población inmigrante en EEUU también amenaza la población obrera en general.  El afán de lucro de estas empresas carcelarias, además de sus altos niveles de endeudamiento a manos del capital financiero, no sólo funciona como incentivo para gastar millones de dólares en cabildeos políticos en aras de la expansión masiva de la red de cárceles privadas y el endurecimiento de sentencias sino también asegura que las condiciones dentro de las facilidades privadas sean aun peores que las de las públicas dentro de los sistemas estatales y federal.

Detrás de todo el discurso moralista de los políticos capitalistas y más allá de sus argumentos sobre la necesidad de ahorrar dinero, el cuadro que surge es de un esquema nefasto en que el capital privado promueve el encarcelamiento masivo para entonces extraer enormes ganancias mediante el saqueo de las arcas públicas.  Los administradores coloniales como Rolón y cía. son cómplices de este esquema.

Ya los presos organizados en Puerto Rico, como la Asociación Ñeta, se han declarado en contra de la movida.  Está por verse exactamente qué forma cobra dicha oposición cuando la administración ponga en marcha sus planes.

¿Por qué le importa este asunto a la clase obrera?

Como se sabe, la abrumadora mayoría de la población penal proviene de los sectores más pobres y enajenados de la clase obrera.  El sistema judicial dentro de la sociedad capitalista es uno clasista, es decir, inherentemente prejuiciado contra las personas pobres y de extracción obrera.  Como tal, tanto el código penal como la condición de los presos son inseparables de todo el sistema de explotación capitalista.  En el análisis final, es el sistema capitalista el cual limita las oportunidades de la educación y el empleo digno para las masas pobres, impone penurias y condiciones de enajenación masiva sobre la gente, y divide la población pobre entre un grupo sujeto a la súper explotación y otro que sufre del desempleo o subempleo permanente.   En comparación con los crímenes cometidos por elementos delincuentes individuales, por horribles que sean, los de los defensores del sistema capitalista son inmensamente peores.  El juicio final contra estos elementos verdaderamente criminales sólo se impondrá la clase obrera revolucionaria.

 

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

What is 9 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
¡Importante! Para comentar en este blog tendrá que resolver la ecuación matemática. De esa manera la administración de este blog entenderá que usted es un humano y no un proceso computadorizado.