Rosselló abrirá paso a decisión de tribunal supremo EEUU sobre afiliación a uniones obreras

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Los intereses de los explotadores son incompatibles porque objetivamente la clase obrera y la burguesía somos enemigos irreconciliables.

Por Rosa Rojas

Esta semana Ricky Rosselló y el secretario del trabajo Carlos Saavedra expresaron que las agencias públicas se aprestan a acoger la decisión del tribunal supremo de EEUU relacionada al pago de cuotas a sindicatos públicos por empleados no unionados. En esas declaraciones, Ricky asumió jubiloso la misma argumentación de la reacción planteando la necesidad de “empoderar al trabajador para escoger si quiere pagar o estar unionado”.

Ricky y su pandilla se refieren al fallo del  tribunal supremo de EEUU sobre la eliminación de la llamada regla del “fair share”, con la que se asestó un nuevo golpe a los sectores organizados de la clase trabajadora. En una decisión 5-4 el tribunal revocó la decisión de 1977 en el caso Abood v Detroit que establecía la capacidad de las uniones del sector público a cobrar cuotas a empleados no unionados por los beneficios que recibían resultado de las negociaciones colectivas. El alegato utilizado por la reacción, contenido en el caso Janus v AFSCME, planteaba que se violaba la libertad de expresión al obligar a los empleados a pagar por servicios sin poder expresar su desacuerdo en que se le descontara una cantidad fija al mes.

Inmediatamente los sectores más reaccionarios de la burguesía estadounidense, mediante su portavoz Donald Trump, pretendieron catalogar la nefasta decisión como un asunto político partidista, es decir, entre republicanos y demócratas. Trump celebró la decisión planteando el asunto como “que los empleados no unionados pudieran apoyar los candidatos de su elección” y catalogó el hecho como “una gran pérdida para los demócratas”. Su planteamiento va dirigido a criticar el hecho que los demócratas controlan grandes sectores sindicales de corte corporativo, además que ejercen gran influencia en otros sectores liberales. Con estos argumentos estos sectores ultra reaccionarios pretenden camuflajear tras la “libertad de expresión” y de golpear económicamente a los demócratas, las verdaderas implicaciones de esta decisión.

Desde octubre de 2017 la misma organización que llevó el caso de Janus v AFSCME, radicó un pleito en el tribunal en Puerto Rico en representación de Reynaldo Cruz, un operador de planta de la AAA para abandonar la unión y no estar obligado a pagar cuota. Con esta decisión se afectarán de manera directa no solo la capacidad económica de los sindicatos, sino también los pocos convenios aún vigentes.

Las implicaciones de esta decisión

Esta decisión va dirigida a debilitar, no solo las corporaciones sindicales, sino todo intento legítimo de organización sindical de sectores de base, tanto en el sector público como privado. Más allá del aspecto del cobro de cuotas, este hecho representa un rudo golpe a la reivindicación de la negociación colectiva como arma de lucha económica de la clase obrera frente a sus patronos capitalistas. Al individualizar la capacidad cada trabajador de “decidir sin el control de las uniones” les hace vulnerables ante los ataques cada vez más rampantes de los capitalistas.

De la misma forma, se pretende atacar en el campo ideológico la necesidad objetiva que tiene la clase obrera de la organización sindical para luchar por condiciones laborales y salarios dignos. En ese sentido han sido de extrema utilidad las altas capas de la burocracia sindical, quienes han sido firmes aliados de la burguesía en amordazar y maniatar a sus matrículas cuando estas les pasan por encima y deciden luchar. Los casos del magisterio en EEUU y en Puerto Rico, son extremadamente ilustrativos de cómo se predica la conciliación de los intereses de los patronos y los trabajadores, ejecutado mediante el oportunismo como método habitual de aplacar las ansias de cambio de las matrículas.

En esa misma línea han sido muy útiles los sectores liberales y de la pequeña burguesía radicalizada, en atacar la organización sindical argumentando su obsolescencia como herramienta de lucha económica. En cambio, su propuesta habitual ha sido la participación electoral en un sistema completamente podrido, o su contraparte, en actos de violencia desorganizados.

Estas decisiones judiciales no pueden verse aisladas de la ofensiva general que han emprendido la burguesía y sus aliados. La clase burguesa continuará buscando métodos de seguir debilitando a la clase obrera en el campo económico, por lo que la organización sindical se hace más urgente dentro de este contexto de repliegue. Porque, más allá de su vigencia para la lucha económica, los sindicatos siguen siendo escuelas para enseñarle a los trabajadores métodos de organización y trabajo colectivo, condición indispensable para elevar su conciencia e irlos preparando para su eventual organización política.

Sin embargo, en esta coyuntura de eliminación de las leyes de protección laboral, contradictoriamente llevará a los sectores laborales a organizarse sindicalmente como medida de protección. Por esto, la clase obrera tendrá que ensayar nuevas formas de organización sindical, que permita la formación de cuadros dirigentes acompañadas de prácticas de participación colectiva. Es decir, construir y reforzar sindicatos, no subordinados a sirvientes de la burguesía ni a grandes personalidades de la intelectualidad pequeñoburguesa, sino basado en su capacidad de organización y de lucha para hacer retroceder en el campo económico las medidas de austeridad.

Contradictoriamente, con todas estas medidas la burguesía está creando las condiciones para que la clase obrera, cada vez más desprotegida y vulnerable, busque organizarse sindicalmente para proteger mínimamente su taller y sus condiciones laborales. Ese mismo proceso de reorganización del capitalismo en el territorio abrirá la puerta para que la clase obrera logre superar métodos de organización sindical que ya no responden a las condiciones de lucha que requiere la situación actual. No cabe duda de que esta decisión plantea un revés importante para la clase obrera en su conjunto y que en su proceso de búsqueda de nuevos métodos organizativos y de lucha sufrirá grandes reveses y logrará a su vez grandes victorias. No hay recetas ni atajos para ese difícil camino que nos espera.

Por esto debemos continuar insistiendo en que la clase obrera debe darse a la tarea de organizarse sindicalmente, y los sectores ya organizados, deberán enfilar sus cañones hacia las altas burocracias y demás oportunistas infiltrados como medida para reforzarlos en preparación a las grandes luchas que tiene por delante. De la misma forma, desarrollar su conciencia de que la lucha económica no es suficiente para lograr los cambios necesarios para resolver las profundas injusticias del capitalismo. Para esto hace falta la organización para la lucha por el poder político, es decir, un Partido revolucionario que le sirva para ejercer presión a la burguesía fuera del campo económico y le permita impulsar su programa al resto de la sociedad.

¡Organicemos consejos obreros!

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