En su peor momento la AEE

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Los trabajadores en plena protesta contra la Junta de Wall Street

Por Abayarde Rojo

 

A raíz de los recientes eventos en la AEE, como el anuncio de reclutamiento y posterior salida de Rafael Díaz Granados como director ejecutivo con un salario de $750 mil, la advertencia del gobierno federal de que ampliará su fiscalización sobre el proceso de privatización, sumado a una larga lista de malas decisiones gerenciales, son una muestra más de la crítica situación de la corporación pública.

Para darnos más detalles, Abayarde Rojo conversó brevemente con Fredyson Martínez, vicepresidente de la UTIER.

Abayarde Rojo: ¿Cuál es la situación actual de la AEE? ¿En qué estado está la infraestructura? ¿Cómo va el despilfarro en contrataciones?

Fredyson Martínez: La AEE al momento podríamos decir que se encuentra en mejor posición que previo a María por el reemplazo de infraestructura que se hizo y las reparaciones tras el paso del huracán.

En cuanto a la AEE en general, hay mucha incertidumbre por la politiquería, las renuncias en masa de los altos directivos con salarios de seis cifras nunca vistos aquí. Reina un sentido de poca importancia a la empresa más vital del país que es la dueña de toda la infraestructura energética, el 60% de los abastos de agua y la red de fibra óptica más poderosa.

Las contrataciones siguen siendo en el orden de cientos de millones de dólares sin resultados concretos ni visibles. En fin, una jauja de grandes proporciones a empresas que no son de aquí ni sus trabajadores son de aquí y que se llevan todo ese dinero fuera de Puerto Rico.

AR: ¿Cómo va la implantación de la reforma energética?

FM: La reforma energética tiene dos vertientes. La que debiera ser y la que realmente quieren implementar. No hay necesidad alguna de privatizar un activo tan valioso como la AEE, pero la visión mercantilista y de negocio de los administradores del gobierno y del poder económico detrás de ellos hacen que la reforma sea un nombre de falacia para encubrir el robo más monumental que se haya perpetrado en Puerto Rico con la propuesta venta de la AEE.

AR: ¿Qué efectos concretos se esperan con la implantación del plan fiscal?

FM: Esperamos empobrecimiento de los trabajadores, alza en las tarifas, precarización de las condiciones y protecciones laborales y un país de mayor desigualdad donde se le sigue quitando a los que generan la riqueza con tal de sacar ganancias y salarios de cinco estrellas a los directivos extranjeros que siguen sacando de cuanta esquina hay.

AR: ¿Cuáles son las condiciones de los talleres y de los trabajadores?

FM: Los talleres de trabajo están en pésimas condiciones en cuanto a equipamiento y modernización se refiere. No hay equipos modernos, los trabajadores están sin uniformes, sin botas de trabajo, sin los equipos de seguridad más esenciales en los momentos más difíciles de la empresa.

Demás está decir que hay un sentimiento de enojo colectivo ante las decisiones erradas y políticas neoliberales de esta administración que no tiene empacho alguno en precarizar las condiciones laborales con tal de dejar más dinero disponible para los pulpos que pululan por la AEE.

AR: ¿Qué es lo próximo para los trabajadores de la AEE ante la ofensiva actual?

FM: Definitivamente que la unidad de los trabajadores es la única oportunidad de sobrepasar esta crisis con la esperanza de construir un modelo amigable a la sociedad como un todo y no para grupos particulares. El momento, aunque difícil y duro, es propicio para levantar la bandera de la lucha. En este proceso estaremos envolviéndonos en un esfuerzo de concientización interna y externa sobre la importancia de una AEE en manos del pueblo verdaderamente y que se puedan forjar alianzas verdaderas que trasciendan lo coyuntural con miras a permanecer Unidos y reivindicar los derechos de los trabajadores. El momento y el país esperan que alguien aparezca como salvador. Ese espacio lo podemos ocupar los trabajadores y la UTIER es clave en ese esfuerzo.

Agradecemos esta oportunidad de hablar con un representante de la clase obrera en Puerto Rico.  Sus señalamientos confirman muchos de los planteamientos hechos por los comunistas respecto a la cínica campaña de negligencia deliberada que se ha usado para allanar el camino para una intensificación del saqueo de la gente mediante la privatización de la AEE.  Sabemos que lo que han intentado los gobiernos capitalistas es incitar la frustración masiva de los abonados de la AEE, que se han visto obligados a aguantar el empeoramiento del servicio y el alza del costo de energía, para así volverlos en contra de los trabajadores de la AEE quienes luchan por mantener el carácter público de este recurso.

Los comunistas les recordamos a los trabajadores y abonados de la AEE que la lucha para reformar el sistema eléctrico tiene que partir de una visión de control democrático de la industria energética por el pueblo mismo y la implementación de un plan racional de modernización.  Por lo tanto, hacemos públicas las demandas del Partido Comunista de Puerto Rico respecto a la AEE:

1) La inmediata derogación de la Ley de Transformación del Sistema Eléctrico para privatizar los activos de la AEE;
2) La eliminación de todo ‘nombramiento’ político a la Junta de Gobierno de la AEE y la implementación del voto popular para todo puesto en la misma;
3) La reconfiguración de la Junta de Gobierno de la AEE para que haya una representación de los sectores laborales y de consumidores además de peritos en materia de energía sostenible y renovables, impacto ambiental, etc. en proporción con la población – es decir, una mayoría para los sectores populares;
4) El ajuste de toda compensación para los miembros de la Junta igual a la de un trabajador medio de la UTIER;
5) La inmediata apertura a los libros de finanzas interna de la AEE y la rendición mensual de cuantas mediante postings en la página de internet de la AEE y el canal de televisión pública (WIPR);
6) La suspensión de todos contratos actuales con entidades privadas además de individuos contratados bajo contratos de asesoría, etc. hasta que se lleve a cabo una revaluación de los mismos como parte de una auditoría completa facilitada por la nueva Junta en un foro público (Vistas públicas televisadas en WIPR);
7) La aprobación popular de todo nuevo contrato mediante referendo público;
8) La implementación inmediata de un programa de restauración plena del financiamiento para el equipo, los efectos laborales, etc. de la fuerza laboral actual de la AEE y la asignación de partidas para la revitalización a mediano plazo de todo el equipo pesado de las plantas generatrices públicas y el sistema de distribución;
9) Un análisis público y transparente de las varias opciones para la modernización del sistema eléctrico con énfasis en la transición hacia fuentes renovables;
10) La elaboración y implementación de un plan para restaurar los empleos eliminados durante los últimos cinco años y recapacitar toda la fuerza laboral según el plan de modernización del sistema;
11) El mantenimiento de todos los actuales beneficios directos y marginales de la fuerza laboral sin incluir las capas gerenciales.

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