Teatro político torpe en la legislativa colonial

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Por Ismael Castro

 

La interminable saga en que los politiqueros de la colonia intentan hacerse pasar por defensores de las masas trabajadoras parece alcanzar nuevos niveles de bajeza a diario.  Esta vez, le tocó a los moradores de la Cámara colonial intentar engañar con una medida la cual, en esencia, le ofrece unas míseras migajas a un reducido número de trabajadores despedidos sin causa mientras subsidia a los patronos que se aprovechan de la desesperación para contratar al recién despedido ofreciéndole, claro está, un salario de mierda.

Las “enmiendas” al proyecto del senado para derogar la Ley 80 hechas esta semana en la cámara son toda una farsa.  Empecemos con los $100 millones durante los próximos tres años de los cuales se nutriría el llamado Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reingreso al Ámbito Laboral.  En realidad, sólo $50 millones se destinarían a los trabajadores despedidos indebidamente ya que el resto se usaría, según la medida, para subsidiar a un patrono que emplee a cierta categoría de trabajador despedido.  Si dividimos esta cantidad por tres, los años que sería operacional dicho fondo, lo que encontramos es que el proyecto contempla una asignación de unos $16.6 millones anuales.  En otras palabras, durante cada uno de los próximos tres años, ¡bajo las mejores circunstancias!, 3.300 trabajadores que queden ‘botados’ de sus trabajos sin justificación recibirían $5.000 – cantidad bruta, es decir, antes de impuestos.  Claro está, la cantidad de $5.000 sólo les correspondería a ciertos trabajadores despedidos dependiendo de sus años de servicio.  Como era de esperar, el lenguaje dentro de la legislación es muy ambiguo respecto a esta cuestión.

El resto del dinero del nuevo fondo se destinaría a cualquier patrono que decida emplear a uno de los trabajadores recién despedidos.  Es decir, un capitalista que se aprovecha de esta nueva ronda de despidos en masa, además de beneficiar de las condiciones favorables en el mercado laboral para ofrecer un salario bajo es premiado por el gobierno con fondos públicos en la forma de un vale (voucher) o crédito contributivo de $4.500 por cabeza, por decirlo así.  El patrono sólo tendría que contratar al recién despedido por un año para recibir todo el crédito aunque la medida también permite créditos proporcionales para varios períodos de empleo menos de un año.

El proyecto de la Cámara sólo aplicaría a aquellos trabajadores despedidos con menos de 15 años de servicio.  Cualquier trabajador con 15 años o más, “de forma consecutiva con el mismo patrono”, seguiría cobijado bajo la actual Ley 80.  De esta manera, tanto el proyecto del senado como el de la cámara persigue la estrategia de dividir a los trabajadores por edad.  Si aceptamos que la Ley 80, aun con las enmiendas que se le han hecho a través de los años para debilitarla, ofrece más protecciones contra el despido (una premisa cuestionable) entonces no es difícil ver que la nueva generación de trabajadores se encuentra en una condición de mayor vulnerabilidad que las viejas.

De lo que podemos estar ciertos es que lo que se persigue en Puerto Rico es la creación de condiciones para la súper explotación de la clase obrera.  Dichas condiciones incluyen la reducción de salarios reales y la eliminación de toda protección laboral, particularmente cualquiera que implique la responsabilidad del capitalista hacia el trabajador.  En este sentido, los esfuerzos para librar al patrono de toda responsabilidad en casos de despido injustificado sólo pueden entenderse como una parte clave de la imposición de un nuevo régimen de “empleo a voluntad”.  Dicho régimen inclina la relación de fuerzas entre los capitalistas y los trabajadores aun más hacia los primeros mientras sujeta a los últimos a toda arbitrariedad patronal.  Como advertimos después de la aprobación de la versión senatorial, “el concepto de “empleo a voluntad” tiene como objetivo no sólo facilitar los despidos sino socavar todas las bases legales para la organización sindical elemental de los trabajadores.”

El proyecto de la Cámara está lleno de retórica hueca respecto a la protección de los trabajadores.  ¿Qué más se puede esperar de un cuerpo encabezado por un canalla como Johnny Méndez?  Si bien los politiqueros de la Cámara le han dado a sus superiores en la Junta la señal de que todo lo que hacen es para el consumo del público “ingenuo” en Puerto Rico (una de las cláusulas finales condiciona la ley a la aprobación del presupuesto por la Junta), los cálculos políticos que hay detrás de este más reciente ejemplo de cinismo legislativo se evidencian con el marco de tiempo para la ley prospectiva; se vence justo después de las próximas elecciones.  Comoquiera, después de tres años al vencerse esta cínica ley todos los trabajadores quedarán desprotegidos.

La clase trabajadora no puede poner su fe en ninguno de los políticos coloniales o aquellos dentro de las filas de la alta burocracia sindical que fomentan las ilusiones en las peticiones ante los cuerpos legislativos capitalistas.  Los trabajadores deben comprender los intentos de crear un nuevo marco legal para la imposición de condiciones para la súper explotación como una advertencia urgente.  La única respuesta progresista al asalto contra la clase trabajadora que está llevando a cabo es la organización de nuevos órganos compuestos por los propios trabajadores, tanto para la lucha inmediata como para el futuro ejercicio del poder político.  Estos órganos son consejos obreros.

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