Fracasan desde el inicio las APP

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Ricky con Rick Scott, gobernador de Florida en el P3SummitPR. Foto: https://twitter.com/ricardorossello

Por Rogelio Acevedo

La semana pasada en una curiosa actividad a modo de” mesa redonda” convocada por Ricky y algunos miembros de su gabinete, entre ellos Omar Marrero director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), anunciaron cuál será su plan para la privatización del transporte de lanchas para Vieques, Culebra, Cataño y San Juan. El sistema de lanchas es administrado actualmente bajo la Administración de Transporte Marítimo (ATM). El propósito de la mesa era dar a conocer que la administración Roselló está solicitando cotizaciones a empresas que se encarguen del manejo de esta operación bajo la modalidad de APP.

Este es uno de los proyectos incluidos en la primera fase de un plan de privatizaciones bajo ese esquema, que incluye la construcción de un complejo de residencias universitarias en el Recinto de Mayagüez (RUM) y un proyecto de almacenamiento de energía eléctrica. La administración de Ricky lleva varios meses anunciando estos proyectos, con el beneplácito de la JWS, como los “poster child” de su modelo de privatización en las APP. Tan reciente como hoy, añadieron un proyecto nuevo enfocado al entrenamiento de policías.

Además, hoy celebraron una “cumbre de APP” en la que básicamente dieron el pistolazo de salida para que lleguen inversionistas, aventureros y timadores de todo tipo a servirse del patrimonio público con el festín de fondos auspiciados por el gobierno federal. El director de la AAPP estimó para los próximos ocho a diez años una entrada de entre $50,000 y $60,000 millones en fondos dirigidos a la tan cacareada “reconstrucción de un Puerto Rico más resiliente”. Esta campaña propagandista apunta a que ya está en curso la primera fase del proyecto de privatización y que la inversión inicial para ese esquema será costeada por el gobierno federal, es decir, por la clase obrera de EEUU.

Este esquema a nivel general incluye además el desmembramiento de la AEE, el traspaso de las autopistas que aún “pertenecen” al Estado, del sistema de contadores para la AAA, así como de propiedades con alto valor ecológico e histórico. Este plan, en combinación con abaratar el valor del trabajo mediante la derogación de la ley 80, buscan estimular la inversión en los ámbitos de servicio y en menor medida, en otros sectores productivos. El objetivo a largo plazo es mediante la revalorización de los activos privatizados con fondos federales, devolver al territorio al circuito de emisiones de bonos. La APP para el transporte marítimo es una de las mejor delineadas, que seguramente servirá de modelo para las demás. En un extenso documento publicado recientemente, la pandilla de Ricky esbozó las “reglas del juego” para las compañías interesadas.

En ambas actividades, en la mesa redonda de la semana pasada y en la cumbre de hoy, se evidenciaron las enormes dificultades que Ricky y Marrero caen al tratar de defender lo indefendible. Ambos se enredaron en sus propios argumentos de las virtudes de la privatización bajo la filosofía de que “se transfiere el riesgo de financiamiento y operación al sector privado”. Estos señalaron que actualmente el gobierno asigna $40 millones anuales a la ATM y que su plan es ahorrarle al Fondo General $227 millones en 23 años, que es la duración del contrato. Esto representaría un ahorro de $9.8 millones anuales. Sin embargo, admitieron que aún con la privatización del servicio, el gobierno tendrá que seguir subsidiándolo por cerca de $600 millones durante ese periodo.

Aparte de que este argumento representa una burda mentira si consideramos que el peso del financiamiento, las inversiones masivas en infraestructura y compra de equipos recaerá sobre asignaciones federales, estas declaraciones confirman el esquema de las APP es un modelo de “desarrollo económico” fracasado. Lo hemos visto en las autopistas, en Plaza Universitaria, entre otros proyectos que no han servido más que para colocar propiedad pública en manos de bonistas y otros especuladores.

Lo que resulta revelador es como los propios defensores de la JWS y de toda la nueva reorganización económica del territorio que erosiona aún más las ya difíciles condiciones de vida de las masas obreras, admiten de antemano en el lanzamiento de su modelo, que es una estrategia fracasada. Lo que no dice esta partida de corruptos es cómo se beneficiarán ellos y sus allegados de todo este esquema masivo de saqueo de fondos públicos.

Sin embargo, más allá de la admisión del fracaso del modelo de APP, este lanzamiento plantea por parte de la clase capitalista criolla e internacional el reconocimiento del fracaso del capitalismo como sistema de producción social. Sin embargo, las propias contradicciones del régimen le imponen a la burguesía y a sus aliados luchar por el sostenimiento de este sistema que representa su propia supervivencia como clase dominante. Le corresponde a la clase obrera, en el territorio y en el resto del mundo, organizarse independientemente en preparación para las luchas políticas que le aguardan en su ruta a la toma del poder político.

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