Administración de Trump hace oficial política de separar a niños inmigrantes de sus padres

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La nueva política hace oficial una práctica ya implementada informalmente.

Por Lidia López

 

El lunes pasado la campaña anti inmigrante llevada a cabo con la bendición de la clase dominante estadounidense en su conjunto llegó a un nuevo nivel de crueldad.  Basándose en un memorando emitido por el departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) la semana pasada, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció que EEUU comenzará a implementar oficialmente la política de separar a todo menor de sus padres al ser detenida una familia mientras cruza la frontera suroeste sin papeles.

Bajo la nueva política, todos los casos de cruces ilegales serán referidos al Departamento de Justicia federal y los padres detenidos serán transferidos a la corte federal por mariscales para cargos que llevan sentencias de seis meses a dos años de encarcelamiento para personas sin antecedentes penales (puede ser hasta 20 años en otros casos).   Los hijos de padres detenidos estarán puestos bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La realidad es que la política de separar a niños de sus padres no es nueva.  Se ha implementado informalmente durante varios meses, por lo menos desde octubre pasado cuando inicialmente se hicieron públicas las discusiones sobre el plan entre oficiales de la administración estadounidense.  Desde entonces, se han reportado por lo menos 700 casos de niños separados de sus padres en EEUU, algunos con menos de cuatro años.

En dos discursos llenos de vileza fascista que pronunció desde Arizona y California para anunciar la nueva política, Jeff Sessions intentó conjurar imágenes de hordas invasoras al referirse a los inmigrantes.  Desde California el fiscal general estadounidense declaró: “Hoy estamos aquí para enviarle un mensaje al mundo que no vamos a dejar que nuestro país sea abrumado.  La gente no va a hacer ni caravanas ni estampidas a nuestra frontera . . . Si estás contrabandeando un niño entonces te vamos a enjuiciar.”  Y, refiriéndose a una supuesta “afluencia masiva” de personas que están cruzando la frontera, Sessions también prometió el enjuiciamiento de “cien por ciento” de los detenidos.

Demás está decir que no hay ninguna “afluencia masiva” de personas entrando a EEUU sin papeles.  De hecho, ha habido una tendencia decreciente de cruces fronterizos ilegales en los años recientes.  La referencia a “caravanas” en el anuncio de Sessions alude al peregrinaje anual de centroamericanos durante la época de Pascuas que hace unas semanas Trump utilizó como pretexto para desplegar la Guardia Nacional a la frontera suroeste.  Un grupo de alrededor de 200 personas que formaron parte de la caravana de centroamericanos que pedían asilo fue detenido a finales de abril en el cruce entre Tijuana en México y San Ysidro a finales de abril. El grupo, que tuvo simpatía abrumadora de parte de la comunidad internacional, permaneció en limbo durante dos semanas mientras Trump emitía tuits exhortando a que no se lo dejaran entrar al país.

Igual de significativo  fue el uso de la palabra “contrabandear” al referirse a los niños.  El intento de representar a los niños de inmigrantes como mercancía ilícita o sus padres como “contrabandistas” demuestra la cínica estrategia que se está empleando para deshumanizar a estas personas.  Uno se pregunta, ¿fueron ‘contrabandistas’ los millones de padres provenientes de países europeos que huían, con sus hijos, de la pobreza y la persecución hacia EEUU a partir de los 1800?

Este más reciente ataque contra los trabajadores inmigrantes forma parte de una campaña más amplia.  Hace tres semanas, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la revocación del estatus de protección especial (TPS) a 57.000 hondureños.  Dicha movida sigue otras revocaciones recientes del estatus protegido a salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y sudaneses.  El estatus de protección especial se aplica a personas provenientes de países donde ha ocurrido desastres naturales o guerras civiles.

La inmensa mayoría de los inmigrantes a que se dirigen las actuales políticas xenófobas de la administración provienen de países centroamericanos.  Como se sabe, la región sufre de enormes niveles de violencia y pobreza, de las cuales estas familias se huyen, y ha sido el blanco de repetidas intervenciones de parte del imperialismo estadounidense para apuntalar a regímenes políticos ultra reaccionarios y represivos, además de fomentar guerras civiles desestabilizadores durante décadas.  El nexo entre la venta de armas y el narcotráfico por un lado, y la intervención imperialista por el otro, está bien documentado.  La hipocresía de las imágenes de legiones de invasores conjuradas por Sessions queda patente.  El país que más ha invadido a otros en la historia moderna es EEUU.  Las sucesivas administraciones estadounidenses, desde Eisenhower quien autorizó en 1954 el golpe contra Arbenz, pasando por Reagan y la destrucción masiva desatada en Nicaragua, hasta el desangramiento de Honduras ocurrido bajo “liberal” Obama después del golpe de 2009, son las principales responsables del sufrimiento humano en Centroamérica.  La política abiertamente racista y cruel implementada por la administración de Trump representa una continuación de esta larga e infame historia.

Como hemos advertido, los ataques contra inmigrantes, que incluye la intensificación de redadas de todo tipo para arrestar y deportar a trabajadores provenientes de otros países, sirve como pretexto para fortalecer los aparatos represivos del Estado y preludio a una ola más general de represión.  La construcción de una inmensa red de centros de detención, los cambios en el marco legal de la política migratoria, etc. también son corolarios de esta campaña.  Todo el aparato que se está construyendo, nominalmente para inmigrantes “ilegales”, muy fácilmente puede ser convertido en un inmenso sistema de represión para toda oposición política.

Ante esta realidad, la llamada “oposición liberal” del Partido Demócrata permanece inexistente.  De los políticos oficiales en Puerto Rico, su silencio cómplice con las políticas reaccionarias del imperialismo evidencia su completa bancarrota moral.  Ni Rosselló ni González, que tanto repudian la “violencia” de gente en protesta contra los atropellos capitalistas y tanto hablan de la igualdad, tiene la vergüenza o el valor de denunciar las barbaridades de sus amos imperialistas.

Los comunistas repetimos nuestra defensa del derecho de toda persona a establecerse en el país que desee para trabajar y vivir una vida plena.  Exigimos la igualdad de derechos para toda persona que inmigre en busca de trabajo.  Instamos a los trabajadores a combatir todo intento de fomentar divisiones entre sus filas por líneas raciales, étnicas, religiosas, de género u orientación sexual.  Nuestro grito centenario mantiene toda su vigencia: ¡proletarios del mundo, uníos!

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