Teatro político evaluación legislativa de ‘Reforma Educativa’

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Ricky, como protagonista principal de un reparto fatal.

Por Rogelio Acevedo

 

A finales de esta semana se dio inicio en la legislatura del territorio al nuevo capítulo del teatro para “evaluar” la propuesta de Reforma Educativa (RE) sometida por el ejecutivo, que abrirá la puerta al desvío de fondos públicos para educación hacia el sector privado. En la maratónica sesión estuvo defendiendo la medida la nena linda de los medios de comunicación burgueses, la contratista Julia Keleher, flanqueada por la secretaria de justicia Wanda Vázquez. A pesar de las discrepancias de forma, el libreto corrió como se suponía y la conclusión a la que llegaron todos los representantes del capital es que la privatización será buena para la educación de nuestra niñez.

En esa vista se tocaron varios puntos que merecen destacarse: la creación de una nueva Ley Orgánica para el DE, los parámetros para las nuevas relaciones obrero-patronales de la agencia, la implementación de las escuelas chárter y la creación de los vales educativos. En el caso de la nueva ley, esta solo servirá de marco que establecerá la forma y manera en que se organizará el saqueo de fondos y otros bienes públicos. Algo muy similar a lo que se está orquestando para la AEE con la excepción de que la ley no considera las responsabilidades con bonistas.

Sobre lo que serán las nuevas relaciones obrero-patronales en el DE llama la atención que el “media tour” que hizo Keleher luego de la vista, se quejaba que se continuaba hablando de lo negativo de la RE y no de los beneficios que tendría para el magisterio. Esa queja es reveladora de que, mientras más repetían el estribillo de que “lo más importante es el acceso a la educación para nuestros niños”, la discusión pública se mantiene en torno a las condiciones laborales del magisterio. Y esto es sin mencionar cómo afectará esta nueva ley a los otros componentes de la comunidad escolar, que en el caso de las charters se convertirán, igual que su plantilla de maestros, en contratistas de una empresa privada sin fines de lucro.

La contratista Keleher también alegó que el DE actualmente gasta por estudiante entre $2,000 y $4,000; muy por debajo de la expectativa de $7,000 de otras jurisdicciones en EEUU. Esta aseveración resulta extraña cuando sabemos que en las escuelas el magisterio no tiene materiales para hacer sus funciones, y que muchas veces ponen de sus míseros salarios por su compromiso; no hay jabón ni papel higiénico, la comida en los comedores empieza a escasear. Ese aumento en la inversión de dinero por estudiante es la frase mágica para justificar las charters, que por medio de su forma de organización atraerá más fondos para los niños y niñas de esas escuelas, logrando así “llegar a esa meta”. El caso más notorio del saqueo de fondos públicos es Nueva Orleans, aunque están bien documentados otros a través de EEUU como Pennsylvania e Indianapolis.

Según el Plan Fiscal (PF) el presupuesto del DE es de $2,500 millones anuales, que se pretende reducir hasta $2,281 millones para el 2022. El sistema público tiene 345,000 estudiantes, de los cuales Keleher señala que se han ido del país alrededor de 25,000 tras el huracán María. El PF plantea que pretende llevar una proporción de estudiante-maestro de 11:1 a 14:1, sin embargo, no se proveen estadísticas recientes sobre la cantidad de maestros con plaza y transitorios para poder establecer ese cálculo. De la misma forma alegó la contratista que el mayor problema de liquidez del DE son los gastos de nómina, que supuestamente abarcan el 80% del presupuesto de la agencia. El DE tiene cerca de 75,000 empleados; incluyendo aquellos de los comedores escolares, otro personal de apoyo, además de las infames capas de burócratas sembradas durante cada administración. Estos sumados a un número de maestros no especificado convenientemente para jugar con los despidos y las reducciones de plazas resultantes de la implementación de la nueva ley orgánica, pero actualmente ronda los 32,000.

Si hacemos algunos cálculos básicos, aun con las fatulas e inexactas cifras gubernamentales, salen inmediatamente a la luz las mentiras de Keleher y de todos los enemigos de la educación pública. Veamos. El salario base de un maestro es cerca de $1,700 mensuales, si calculamos el gasto anual en salarios totaliza $652.8 millones. Para los 75,000 empleados del DE por un salario promedio de $1,500 mensuales totaliza $112.5 millones anuales. Esto sin contar los salarios exorbitantes del personal de confianza que rondan los $5,000 mensuales, más el de la contratista Keleher de $250,000 anuales ($1,000,000 durante el cuatrienio), que podrían alcanzar los $300,000 adicionales al año. Si sumamos todos estos montos en salarios totalizarán $765.6 millones al año, lo que representa el 32% del presupuesto y surge la pregunta obligada: ¿a dónde va a parar el resto de los $1,734,400,000?

Este es el punto central de la cuestión. Mientras las escuelas se caen en pedazos por falta de mantenimiento, el magisterio y el resto de los trabajadores del sistema de educación sobreviven con fuertes cargas de trabajo y bajísimos salarios, no hay los recursos mínimos de materiales para la enseñanza ni la higiene, ese dinero se usa para pagar a empresas privadas todos los servicios desmantelados que antes ofrecía el DE. Entre ellos los servicios de terapia a los niños de educación especial. Además, se han despilfarrado cientos de millones de dólares en implementar los planes de privatización como han sido las PPAA (ahora META), los famosos talleres para maestros, llevados a cabo por personal no cualificado y cuyo único propósito es repartir el botín a estas empresas. Estas empresas de la educación como Pearson, Houghton Mifflin y las sin fines de lucro como Nuestra Escuela han estado guisando por años de ese jugoso presupuesto.

Pero todavía sobran chavos para repartir, y los colegios privados no se podían quedar atrás, así que Junior revivió el muerto de Papi de los vales educativos. Este es el otro aspecto importante de la RE y para esto la secretaria de justicia Wanda Vázquez estuvo de sastre jurídico de la contratista Keleher, alegando que “para que cada padre tenga el máximo control sobre la escolarización primaria y secundaria es eliminar las barreras financieras que restringen el uso de escuelas privadas”. Esta vez están seguros de que pasará el cedazo, un tribunal supremo aliado y que cuentan con un argumento jurídico que nuevamente revela nuestra condición de territorio no incorporado de EEUU: las leyes federales van por encima de las estatales. Y en ese sentido, como la prohibición del uso de fondos públicos para educación privada existe solo en la constitución del ELA y no en la federal, no confrontará mayores trabas.

En esta coyuntura se plantea una lucha, en este caso en el campo de la educación pública, que requerirá de la unidad y el compromiso militante de todos los sectores que componen los trabajadores de la comunidad escolar y del sistema en general: magisterio, comedores, mantenimiento, trabajadores sociales, consejeros, entre otros.

Dentro de esta ecuación tampoco podemos excluir como culpables de esta situación al gobierno federal quienes están abriendo el camino para que sus empresas de educación amplíen sus mercados. Es por esto que los comunistas insistimos en continuar impulsando nuestro programa político que propone a la clase obrera luchar por un sistema de carácter socialista que asegure una educación pública accesible y de carácter científico a todos los niveles. También insistimos en la organización independiente de la clase obrera en consejos, que nos fortalezcan orgánica e ideológicamente para acercarnos cada vez más, hasta alcanzar la meta: el derrocamiento del poder burgués y la construcción de una sociedad que atienda sus necesidades en su conjunto.

 

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