¿Es la falta de título de propiedad el problema de acceso a la vivienda?

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Por Rosa Rojas

En esta sesión legislativa se discute la Resolución 760, la cual mandata al  Departamento de Vivienda (DV) a investigar la situación de miles de familias que perdieron sus casas luego del huracán María y que no eran elegibles a recibir ayudas por carecer de títulos de propiedad. Esta resolución, más allá de reconocer el fracaso absoluto y el cinismo de los administradores del territorio, revela un problema candente para las masas trabajadoras en todo el mundo: la falta de acceso a vivienda digna.

Este grave problema, endémico del sistema capitalista, arrincona a las masas obreras a construir viviendas frágiles en áreas vulnerables que, en eventualidades naturales catastróficas, las deja sin ninguna protección ni garantía. En los pasados meses esta situación se ha disparado a niveles alarmantes, ya que más de 75,000 viviendas se encontraban en áreas inundables, zonas de deslizamiento de terrenos, las cuales sufrieron daños irreparables quedando estas familias completamente desamparadas. En los pasados meses se ha visto la avalancha de solicitudes denegadas por FEMA por múltiples razones, muchas de ellas triviales.

El aspecto de la titularidad de los terrenos que ocupan las viviendas, aunque se presenta como un requisito para el acceso a ayudas, que en su mayoría son préstamos con “bajos intereses”, realmente es una excusa de los representantes de la clase capitalista para dejar a merced de los buitres de la banca a las cientos de miles de familias que buscan acceder a vivienda digna. En ese sentido, y siguiendo la pauta de FEMA, se plantea la estrategia del “Hazard Mitigation”, es decir de invertir en la construcción de “estructuras más resilientes y de acuerdo a los códigos de construcción para eventos como huracanes”, la cual implica el cumplimiento de una serie de permisos y códigos para los que, desde luego, no cumplen las más de 75,000 viviendas que componen las comunidades obreras en Puerto Rico. Para justificar la inversión en obras de mitigación, se publicó el año pasado el estudio Natural Hazard Mitigation Saves, el cual establece que se ganan $6 por cada $1 invertido en este tipo de obras.

Sobre ese particular, recientemente la Asociación de Constructores estimó que alrededor del 55% de las viviendas en Puerto Rico carece de cualquier permiso o sigue algún tipo de código de construcción. Estos abogan además, por el aumento de la inversión gubernamental de viviendas “de interés social” (¡con un costo por debajo de $150,000!) ya que entre 2000 y 2016 esta disminuyó $1,910 millones, y que redundó en la disminución de 25,171 unidades. Estos estimados revelan, más allá de los chillidos de los constructores por subsidios públicos a sus empresas, los alarmantes niveles de pobreza y vulnerabilidad de las masas por falta de vivienda.

Sin embargo, el aspecto de la titularidad, aunque parezca un asunto de justicia, en el pasado se ha utilizado como herramienta para desbaratar las comunidades mediante la “compra individual” como hemos visto en muchas ocasiones en Vietnam, Alto del Cabro, entre muchas otras. Pero tras del título de propiedad, se esconde el aspecto primario en esta problemática: que estas cientos de miles de familias tengan acceso a vivienda con ciertas protecciones de las leyes del mercado sobre la especulación inmobiliaria y bancaria. Pero sabemos que todos los sectores de la clase capitalista se mueven a crear condiciones contrarias a este reclamo.

En la coyuntura actual, los legisladores coloniales pretenden trivializar el problema de la vivienda como resultado del paso del huracán María, ya sea ofreciendo ayudas a familias obreras para que puedan pagar sus hipotecas, o gestionando títulos de propiedad para vivienda pública. Con su hipocresía esconden que este es un problema atado directamente a la explotación capitalista. Sin embargo, las contradicciones que genera su estrategia de “recuperación económica” de aumentar las condiciones de explotación del trabajo, bajando su valor; a la misma vez que entregan a manos privadas todos los ámbitos de servicio a las masas, como es el caso de la vivienda, apretará aún más el nudo gordiano sobre su propio sistema.

Por esto y mucho más reiteramos nuestro reclamo de que la clase obrera coloque bajo su control directo, no solo la banca y el crédito, sino todas las propiedades vacías usadas para la especulación inmobiliaria

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