Entre tergiversaciones y mentiras Ricky anuncia privatización de la AEE

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Si bien las secuelas de María han creado el pretexto inmediato, la realidad es que Ricky sólo aprovechó el momento para el cual varias administraciones anteriores ya habían allanado el camino.

Por Lidia López

 

En una movida anticipada, Rosselló anunció ayer el plan para privatizar la AEE en tres fases.  Si bien las secuelas de María han creado el pretexto inmediato, la realidad es que Ricky sólo aprovechó el momento para el cual varias administraciones anteriores ya habían allanado el camino.  El papel de Ricky fue el de enumerar los efectos de años de subversión deliberada perpetrada por administraciones sucesivas como si fueran causas para así justificar la estafa.

 

Lo que no dijo Ricky es que aquel “obsoleto sistema de generación y distribución” al que hizo alusión, el mismo que es “28 años más viejo que el promedio” cuando se compara con las jurisdicciones estadounidenses y cuya infraestructura fue prácticamente abandonada “durante la pasada década” ha sido el objeto de una campaña deliberada de desangramiento de sus recursos.  La retención sistemática de recursos para hacer imposible el mantenimiento de los elementos críticos de la infraestructura o la modernización del sistema fue una política de sucesivas administraciones, incluidas las del PNP, que optaron por canalizar fondos hacia contratistas privadas y bonistas.   Y esa dependencia del petróleo a la que refirió es producto de la misma subordinación histórica que Ricky y sus correligionarios defienden la cual ha mantenido a Puerto Rico como un dumping (mercado cautivo) de los grandes monopolios petroleros internacionales.  Y aquella administración deficiente y el servicio sub óptimo que han resultado en frecuentes interrupciones y altas tarifas, ¿no son producto también de la misma politiquería de la que forma parte Ricky y sus consortes?

 

Quizás la más cínica de sus tergiversaciones fue su alusión a “la pérdida del 30% de los empleados de la Autoridad durante los pasados cinco años” la mayoría de los cuales “asignados al mantenimiento y la operación de la red eléctrica.”  Esa pérdida masiva de empleados, que antecede los cinco años desde la administración de García Padilla, fue el resultado de despidos en masa que se llevaron a cabo bajo ambos partidos oficiales de la colonia.

 

Y ¿qué nos promete Ricky?

 

Ricky promete al consumidor opciones y mejor servicio.  Promete además un modelo energético innovador, capaz de responder ágilmente a las catástrofes, basado en 30% de fuentes renovables y amigables al ambiente.  Dice que “los empleados de la Autoridad tendrán participación y formarán parte de” la transformación que se avecina y que los ingresos de la venta serán destinados a capitalizar los fondos de retiro.

 

Son muchas promesa.  Veamos.

 

Según lo revelado por una investigación llevada a cabo por el Centro de Periodismo Investigativo, al menos tres empresas extranjeras, incluida una firma coreana, sometieron solicitudes para comprar partes de la AEE antes de María.  Un cuarta, Sunnova, empresa con sede en Texas que ya acapara 62% del mercado renovable residencial en Puerto Rico, presentó una cuarta propuesta después del paso de María.  El silencio alrededor del contenido de estas propuestas es significativo.  Sin embargo, podemos deducir de los movimientos muy públicos que se han dado recientemente que aquel “modelo innovador” lleno de opciones para los consumidores y compuesto por “fuentes renovables y amigables al ambiente” no es otra que una combinación de esquemas de generación y distribución energéticas con el propósito de satisfacer los múltiples intereses capitalistas con deseos de penetrar el mercado en Puerto Rico.  Dicha combinación incluirá elementos de gas natural y las plantas “waste-to-energy” (energía a base de la quema de desperdicios), además de la ampliación esquemas solares vinculados a la generación energética con combustibles fósiles como los que ofrece actualmente Sunnova.

 

Como hemos destacado en muchas ocasiones, la transición hacia el gas natural en Puerto Rico es un fenómeno que corresponde a cambios ocurridos en la producción energética en EEUU.  Lejos de ser una fuente limpia, “amigable al ambiente” como dirían sus defensores, tanto en la extracción, que se basa principalmente en la técnica de fracking, como en la transportación plagada por las fugas de metano, y todas las demás fases después de la generación, la producción energética con el gas natural es dañina al ambiente y no reduciría la dependencia ni de fuentes extranjeras ni de combustibles fósiles.  Este componente del modelo que propone Ricky es impulsado por los congresistas republicanos que se paseaban por las cámaras con él prometiendo ayudar a levantar a Puerto Rico.

 

La producción energética a base de la quema de desperdicios, “waste-to-energy”, como se quiere imponer en Arecibo, ya tiene mucho respaldo político local de elementos nefarios como Luis Fortuño.  Las negociaciones para construir una incineradora en Arecibo se encuentran en una etapa muy avanzada con el aval recientes de las llamadas agencias protectoras del ambiente.  Los defensores de estos esquemas han cabildeado mucho para incluir estos procesos en la lista de fuentes renovables, principalmente para rebatir las críticas públicas y obtener las exenciones contributivas que ofrecían administraciones federales pasadas.  La realidad es que el impacto ambiental de estas operaciones a través de EEUU está muy claro – véase el libro Garbage Wars: The Struggle for Environmental Justice in Chicago por David N. Pellow para ver el impacto de estas plantas particularmente en las comunidades pobres – independientemente de los esfuerzos cínicos de señalar a los países nórdicos como modelos “limpios” de esta práctica.  La realidad es que en países como Suecia la infraestructura y los sistemas para el reciclaje son mucho más avanzados, incluyen el compostaje colectivo, etc., lo cual reduce enormemente la cantidad de desperdicios que se generan y la tecnología que se usa en la quema de basura es de la más sofisticada.  Aun así, hay crecientes sectores de la sociedad que plantean reservas muy serias respecto a la práctica.

 

¿Y la opción solar de que se ha hablado tanto?  Como bien señala el CPI, el modelo de Sunnova, como otras empresas similares en EEUU, se basa en la acumulación de créditos por el abonado y el cambio de “certificados de energía solar renovable” (SREC por sus siglas en inglés) en el mercado.  A nivel de una residencia individual, el propietario que contrata con Sunnova para la instalación de paneles solares sigue conectado a la misma red energética.  A través de net metering el excedente de energía que generen sus paneles fotovoltaicos se exporta a la red (la realidad es que lo apropia la empresa generadora de energía) a cambio un crédito que se la da al propietario para cubrir sus necesidades energéticas cuando no se está produciendo, ej. durante las noches.  En algunos casos estos créditos acumulados se venden en un mercado, controlado por las mismas empresas generadoras de energía, que luego éstas pueden usar para obtener más exenciones contributivas del gobierno.

 

Estos esquemas se distinguen del uso de baterías para almacenar la energía excedente que se produce y así librarse por completo de la red como se ha destacado recientemente con el caso de Casa Pueblo.  Sin embargo, la opción para los propietarios de casas librarse de una red basada en combustibles fósiles alternos mediante las baterías sigue siendo muy costosa – generalmente implica préstamos con términos relativamente largos – razón por la cual la mayoría de las personas con paneles fotovoltaicos sigue conectada a la red energética.  En el análisis final, los esquemas que promueve una empresa como Sunnova no eliminan la dependencia de los combustibles fósiles.  Como demuestran la investigación del CPI a la que aludimos arriba, en muchísimos casos tampoco cumplen con la promesa de bajar las facturas.  Lo sí se destaca de estos esquemas es la manera en que el afán de lucro capitalista incide en y distorsiona el potencial que tiene la energía solar.

 

¿Y la participación de los trabajadores de la Autoridad en el proceso o la promesa de apuntalar su sistema de retiro?

 

Nadie con sentido común cree que un proceso que hasta ahora se ha llevado a cabo a espaldas de la población permitirá el insumo de los trabajadores.  Esto es aun más evidente cuando se considera que Ricky y sus consortes forman parte de la vil campaña para despedir en masa a los trabajadores precisamente para debilitar la Autoridad.

 

Por otro lado, la promesa de capitalizar el sistema de retiro se reduce a esto.  Las pocas migajas que se retienen después de la venta de los activos de la AEE a precio de ganga y el saqueo que llevarán los bonistas se destinarán a las casas financieras que manejan las cuentas de retiro estilo 401K.  Todo proyecto para recapitalizar el sistema de retiro se basará en la premisa de la eliminación de planes de beneficios definidos y la imposición de cuentas de retiro ‘individuales’ por las cuales los money managers cobrarán honorarios para jugar los ahorros de los trabajadores en los mercados bursátiles.  Dada la reciente eliminación de las regulaciones que daban un mínimo de protección a los retirados, este escenario es tierra fértil para la estafa.

 

El Partido Comunista de Puerto Rico insta a los trabajadores de la AEE, los miembros de la UTIER, a asimilar las múltiples lecciones históricas relacionadas a la privatización de las grandes utilidades e industrias.  Los trabajadores mismos tienen que tomar las riendas de la Autoridad, y todas las demás industrias principales, y llevar a cabo los cambios necesarios de acuerdo a un programa de reconstrucción socialista.  Ya no se puede confiar en los mismos politiqueros de la colonia, quienes en primer lugar subvirtieron la Autoridad, ni los depredadores capitalistas que se afilan los colmillos para imponer esquemas que garanticen su propio enriquecimiento.  Lo que por años muchos han considerado un sueño idealista se ha convertido en una necesidad imperiosa si se ha de sacar hacia delante el sistema energético en Puerto Rico: ¡control obrero!

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