Administración de Trump dirige campaña antiinmigrante contra salvadoreños

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Se aumentan los ataques contra los inmigrantes en EEUU (Foto tomada de Univisión)

Por Lidia López

 

En lo que sólo pude describirse como la etapa inicial de purgas étnicas sistemáticas, la administración de Donald Trump puso fin esta semana al Estatus Temporero Protegido (TPS, pos sus siglas en inglés) bajo el cual se cobijan 262.000 inmigrantes salvadoreños en EEUU.  Al igual que movidas similares dirigidas contra los inmigrantes sudaneses, nicaragüenses y haitianos el año pasado, la decisión representa una intensificación de la campaña antiinmigrante que ha venido cogiendo auge durante los últimos años.

 

El TPS fue otorgado a salvadoreños en los años posteriores a la prolongada y sangrienta guerra civil salvadoreña (1979 – 1992) en la que el imperialismo estadounidense apoyó a las fuerzas reaccionarias, tanto del gobierno como de los grupos paramilitares, que llevaron a cabo ataques sistemáticos, incluyendo brutales masacres de mujeres y niños no combatientes, contra organizaciones afiliadas al Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí además de campesinos pobres que reclamaban una reforma agraria y los derechos democráticos básicos.  La devastación a gran escala causada por terremotos en 1986 y 2001, que provocaron la muerte de miles de personas y dejaron a muchos más sin hogar, aumentó el flujo de salvadoreños a  Estados Unidos.  A estos inmigrantes se les otorgó TPS, un tipo de estatus de refugiado reservado a personas que huyen de desastres naturales y guerras.  En la actualidad, los 262 mil salvadoreños cobijados bajo el TPS, que incluyen a casi 200 mil jóvenes, representan el mayor grupo con dicha protección.

 

La decisión de la administración significa que 262 mil salvadoreños tendrán 18 meses, hasta septiembre de 2019, para abandonar a EEUU o cambiar su estatus inmigratorio.  Aproximadamente 50% de estas personas, que al igual a otros grupos de inmigrantes constituyen un sector importante de la clase obrera en EEUU, han vivido en el país durante al menos 20 años.  Tienen profundas raíces en sus comunidades.  El fin del TPS para esta población supondrá penurias crueles para las familias, incluida la posibilidad de separar a niños de sus padres. Sin embargo, la crueldad de la posible separación de miembros de familias se vuelve en una amenaza mortal para muchos como evidencian varios estudios que resaltan la violencia a la que han sido expuestas muchas personas deportadas, particularmente aquellas devueltas a países centroamericanos sumergidos en sangrientas guerras entre pandillas y la represión política de gobiernos de derecha.

 

En un acto de puro cinismo, la declaración emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) para anunciar la nueva política incluyó la fraudulenta afirmación de que ahora le corresponde al Congreso promulgar algún tipo de legislación para resolver el estatus legal de estos y otros grupos de inmigrantes.  Cabe recordar que toda esta cuestión ocurre en medio de la decisión reciente por el Tribunal Supremo de permitir el infame veto inmigratorio además de aquella de la actual administración de poner fin al programa DACA, el cual cobija a aproximadamente 800 mil jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos como niños.  La administración de Trump ahora está utilizando estos últimos como una ficha de negociación para obtener financiamiento, al son de $18 mil millones, para construir un muro a lo largo de la frontera entre EEUU y México.  Dicho muro representa la militarización ulterior de la región fronteriza que incluye varias facilidades de detención masivas que pueden ser convertidas fácilmente para encarcelar a disidentes políticos dentro de un Estado cada vez más autoritario.

 

Como hemos destacado anteriormente, los ataques contra los inmigrantes en Estados Unidos – así como en todos los principales países capitalistas – son un asunto bipartidista.  De hecho, la administración de Obama sentó las bases para la actual intensificación de la campaña antiinmigrante al deportar a miles de madres y niños centroamericanos en 2014.  Esto fue parte de 8 años en los que esta supuesta administración liberal batió récords para el número de deportaciones de inmigrantes.  Como tal, cualesquiera denuncias de la actual política hacia los inmigrantes por parte de los demócratas suenan huecas.  Son simplemente teatro político.  Todas las secciones de la clase capitalista en EEUU junto con sus diversos representantes políticos respaldan el programa fascista llevado a cabo por Trump y sus consortes.

 

Significativamente, dentro de la colonia, ninguno de los lacayos políticos que se proclama defensor de los principios democráticos tiene siquiera un mínimo de integridad para denunciar las medidas fascistas que se dirigen contra los inmigrantes.  Su complicidad con los reaccionarios políticos en Estados Unidos representa un espectáculo aborrecible.  La expresión más nauseabunda de esta complicidad, aunque de ninguna manera la única, se encuentra en la persona de gente como Jenniffer González, discípula de la delirante Zoraida Fonalledas, cuya defensa de republicanos como Paul Ryan y Donald Trump merece todo nuestro desprecio, así como Ricky Rosselló, un hombre cuya impotencia y capacidad de auto degradación quedarán para siempre grabadas en la conciencia popular después de aquel silencio cobarde mientras Trump manifestaba todo su desprecio imperial hacia las masas sufridas en Puerto Rico.  Este llamado liderato político no tiene nada que decir sobre los ataques contra inmigrantes salvadoreños, nicaragüenses, haitianos, etc. porque está demasiado atareado con proyectos para afianzar la subordinación de las masas puertorriqueñas al imperialismo estadounidense, particularmente su máquina de guerra, mediante la anexión.

 

Los comunistas nos oponemos a toda medida dirigida en contra de las comunidades inmigrantes.  Tal como el capital exige el derecho de recorrer al mundo en busca de márgenes de ganancias superiores, exigimos la libertad para el trabajador inmigrante trasladarse adónde quiera sin restricciones para trabajar y vivir con los plenos derechos democráticos y las protecciones de los ciudadanos naturales de dicho país.  Les advertimos a los trabajadores a no sucumbir al discurso xenófobo; les instamos a combatir todo intento de dividir a la clase trabajadora por líneas raciales, étnicas, religiosas o de género; Les recordamos que el verdadero enemigo no es el trabajador inmigrante sino el explotador capitalista y sus secuaces políticos.  Los comunistas somos los únicos que luchamos por la unidad de todos los trabajadores y el derrocamiento del sistema basado en la explotación de las masas trabajadoras.