JWS apadrina incineradora de Arecibo

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Le corresponde a la clase obrera organizada defender el ambiente y la salud de la mayoría.

Por Rogelio Acevedo

 

Como parte de los poderes que tiene la Junta de Wall Street (JWS) bajo Título V de la ley Promesa, esta tiene la facultad de desarrollar una serie de proyectos, llamados críticos, en diferentes áreas como es la producción de energía. Con el paso de María y con la campaña de desprestigio que ha instrumentado Ricky y sus amos capitalistas contra la AEE, los dueños de Energy Answers, han logrado captar la atención y el favor de Noel Zamot, coordinador de revitalización de la JWS. Este ha incluido la incineradora como uno de los cuatro proyectos críticos a pesar de que la propuesta no ha cumplido con prácticamente ningún requisito ambiental para su construcción.

Durante los pasados años la saga de la incineradora se ha desarrollado en lo que puede describirse como una comedia de contradicciones, incluso para los procesos burocráticos dentro del Estado burgués. Las irregularidades evidenciadas en el otorgamiento de permisos para este proyecto demuestran nuevamente los niveles de corrupción que tenemos que sufrir las masas.

Entre las denuncias que hemos hecho sobre este proyecto no solo es el que todavía no cuente con un solo permiso de construcción y sus proponentes no cuenten con un solo centavo para desarrollarlo. También hemos resaltado la complicidad de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y de la Administración de Desperdicios Solidos (ADS) en violar abiertamente las leyes, órdenes ejecutivas y administrativas supuestamente creadas para atender este problema. Incluso ambas agencias han usado como excusa precisamente esas leyes y órdenes para impulsar la incineración como alternativa al reciclaje y compostaje.

Este es el caso de la Orden Ejecutiva 2011-003 de la ADS que establece una jerarquía de manejo que va desde la reducción, reutilización, reciclaje y compostaje, recuperación de energía (W2E) y el relleno sanitario. Sin embargo, la administración del territorio en vez de establecer una política de reciclaje y compostaje coherente, le ha dado prioridad a la penúltima opción de la lista. Precisamente la opción de la incineración tendrá el efecto inmediato de eliminar el reciclaje como política pública por la capacidad que tendrá esta instalación de quemar cerca de 2,100 toneladas de basura al día.

Resalta además, que la empresa Energy Answers durante la gobernación de Fortuño en 2009 obtuvo un contrato con la AEE para venderle energía que le asignaba a la empresa $784,980,000 millones sin esta existir siquiera. Este contrato se enmarcó dentro del programa de fondos ARRA a través del cual se le asignó al gobierno del ELA $9,000 millones para invertir en fuentes de energía renovable.  Aun no está claro si la AEE desembolsó el dinero, pero sí sabemos que este esquema de robo ha sido uno de los más grandes en nuestra historia, donde se dilapidaron más de $7,000 millones en 74 contratos que se esfumaron en corporaciones fantasmas. Incluso la propia gerencia de la AEE ha admitido la irrelevancia de éstos, cancelando la mayoría.

Además, destacan los vínculos de uno de sus ejecutivos, Javier Vélez Arrocho, ex secretario del DRNA bajo Acevedo Vilá y el apoyo logrado dentro del aparato burocrático del territorio, incluso bajo administraciones del PNP. Actualmente el proyecto cuenta con Luis Fortuño con uno de sus más visibles cabilderos en el congreso, cuyas “gestiones” (es decir, a billetazo limpio) ha logrado ejercer presión en altas esferas de la burocracia federal. Específicamente sobre el Departamento de Agricultura y su programa de Servicio de Utilidades Rurales (RUS por sus siglas en inglés) donde se gestiona que la agencia aporte cerca de $400 millones en su construcción. La otra parte de la inversión se financiará bajo el argumento de que es un proyecto crítico de infraestructura dentro de la nueva filosofía de creación de micro redes de generación eléctrica.

Sin embargo, la trama se complica ya que la planta se pretende construir en terrenos inundables cercanos a la antigua central Cambalache. En ese sentido el gobierno federal entra en contradicción directa con su propia Ley Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIA por sus siglas en inglés) la cual entre otras cosas, prohíbe la construcción de infraestructura crítica en terrenos inundables usando fondos federales. La postura del gobierno federal se complica aún más ya que de ocurrir un desastre natural en la zona, como es seguro que ocurrirá por su localización, FEMA tendría que pagar las reparaciones a la planta, precisamente por ser una instalación crítica.

Este caso, reitera la posición oportunista del gobierno federal, quien pretende se le reconozca como “árbitro imparcial” en las disputas en el territorio, pero que tiene una política muy clara de favorecer los intereses de los capitalistas del sector energético. Ya hemos visto como bajo la consigna de la supuesta reforma energética se han dado a la tarea de permitir que se establezcan en Puerto Rico empresas dedicadas a la explotación y utilización de combustibles fósiles como el gas natural y otras fuentes de energía sucia cada vez más restringidas en EEUU. Estas políticas que se están implementando en el territorio responden a la cada vez más descarnada lucha entre grupos monopolísticos del sector energético (gas natural, petróleo, energías renovables), en su carrera desenfrenada por desbancar a sus competidores y apoderarse de sus mercados. Estas movidas, lejos de ser decisiones insensatas, responden a las leyes que rigen el sistema capitalista y su necesidad de expandirse por todo el planeta.

Mientras tanto, Ricky y su pandilla han tenido que conformarse con su rol de socios menores en esta trama, pero reafirmando que continuarán impulsando el proyecto a pesar de toda la oposición popular. Esta es una nueva muestra de que la clase burguesa ni sus socios menores, ni sus portavoces liberales podrán proveer soluciones a los problemas que enfrentamos las masas trabajadoras dentro del marco del sistema de explotación capitalista. Siempre será prioritario el afán de lucro de unos pocos, sobre las necesidades de las grandes mayorías, como bien demuestra este caso, donde se impactará de forma muy adversa y agresiva nuestro entorno ambiental y nuestra salud.

Es por esto que la clase obrera debemos organizarnos en consejos obreros para luchar por un programa socialista para atender las grandes necesidades de nuestro pueblo, que tenga como criterio principal el consenso y la discusión de leyes que impacten al conjunto de la sociedad. Este programa solo podrá lograrse con el derrocamiento del poder burgués por la clase obrera.

¡Revolución o sometimiento!