¿Qué planes esconde la supuesta consolidación de agencias gubernamentales?

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Acogemos la movilización de la clase obrera. Instamos a los obreros a tomar en serio nuevas formas de organizarse para tomar en sus manos las riendas de la administración pública.

Por Rosa Rojas

Ayer la administración Rosselló firmó la Ley del Nuevo Gobierno, por medio de la cual pretende encaminar una reestructuración gubernamental que busca “establecer un mecanismo más ágil y eficiente para reducir las 131 agencias existentes en 30 o 35”. Esta medida en apariencia podría parecer simpática para las masas que sufrimos la asfixiante opresión de la burocracia colonial, porque se supone que con la eliminación de agencias simplificaría la prestación de servicios que brinde el gobierno. ¿Verdad? Pero conociendo en carne propia la negligencia criminal y el oportunismo que caracteriza a esta pandilla de rateros sabemos que esta nueva ley representa un nuevo golpe a las masas trabajadoras en su conjunto.

Sobre la prestación de servicios

Uno de los efectos principales que tendrá la nueva ley 122 será precisamente la drástica reducción de los servicios que brinda el gobierno. Esta ley forma parte del plan concertado entre la pandilla de Ricky y la Junta de Wall Street (JWS) de implementar medidas de austeridad bajo la excusa de la “necesidad de reducir gastos excesivos”. Sin embargo, para una población cuyo empobrecimiento se ha acelerado exponencialmente con el paso del huracán María, que señala estimados todavía conservadores de un aumento de 44.3 a 52.3% del nivel de pobreza, esta supuesta consolidación de agencias significa una reducción al acceso a servicios que necesita desesperadamente.

Quienes dudaban del oportunismo y la falta de la más mínima sensibilidad hacia las necesidades de las masas les debe resultar elocuente que, al día de hoy, todavía estos mequetrefes siquiera han definido lo que son servicios esenciales. Los portavoces del gobierno alegan que se protegerán aquellas con rango constitucional, que en teoría son: educación, salud, vivienda, entre otras. Aunque sabemos que hay numerosas agencias que no cumplen ninguna función en la prestación de servicios al pueblo, hay otros cuya función es imprescindible para sectores marginados de la población. Al no definir claramente qué se eliminará y cuál será el carácter de esas consolidaciones, abre la puerta a la eliminación de servicios a una masa trabajadora que sufre altos niveles de pobreza, violencia y marginación.

Añadido a eso, hay que considerar cómo la aceleración en los procesos de privatización de servicios esenciales que no tienen rango constitucional, tendrá el mismo efecto de privar su acceso a amplios sectores de las masas. Es decir: si no pagas, no los recibes. ¿Quién puede negar que la energía eléctrica, más que un servicio esencial, es un derecho humano? Todos los planes de privatización que se están implementando en educación, energía eléctrica, acueductos, salud, se han hecho de forma segmentada, es decir, dividiéndose el bizcocho, no solo han limitado su acceso, si no que han empeorado su calidad.

Efectos de la reforma laboral

La ley 122, la ley del empleador único y la infame reforma laboral están relacionadas estrechamente, son partes de un mismo plan. Aun cuando la ley 122 alega proteger los derechos adquiridos de los “empleados regulares”, la realidad es que la pandilla de Ricky utilizará la ley de empleador único para realizar despidos indirectos cuando implemente traslados de empleados de unos centros a otros y estos no puedan cumplir con las nuevas condiciones. A esto se le sumarán los despidos de los empleados declarados excedentes apoyados en la premisa de que hay un exceso de empleados en la nómina gubernamental. El resto de los empleados que retenga el gobierno estarán a la merced de sus nuevos patronos, las compañías privadas, quienes impondrán nuevas condiciones laborales sin beneficios y con contratos temporeros de empleo.

Esta situación la veremos con mayor crudeza en las corporaciones públicas (AEE, AAA) y en el magisterio, pero no se limitarán a estos sectores. Ya grandes sectores de la clase trabajadora abandonados a la merced de sus patronos, se les ofrece flexibilidad para “negociar sus horarios” pero bajo extremas condiciones de explotación y desprotección laboral.  Debe quedar claro que bajo el carácter capitalista del proceso laboral, es decir, la obligación del trabajador de vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, cualquier beneficio potencial de una flexibilización de la jornada laboral lo derivarán los patronos.  Además de las disposiciones que eliminan el pago por horas extras, una reducción salarial, está la estrategia deliberada para debilitar la solidaridad obrera al convertir a todo trabajador en un tipo de “contratista” independiente.  Aun la nueva reforma contributiva federal establece por primera vez una tasa impositiva diferente para los que trabajan bajo contrato si se registran como “empresa”, es decir, contratista independiente. En este caso, al flexibilizar la jornada, lo que pretenden los capitalistas es aislar a los trabajadores unos de otros para prevenir la acción colectiva en defensa de sus intereses comunes.

Los trabajadores más conscientes no se oponen en teoría a la flexibilización de la jornada. A lo que se oponen es el uso cínico de este mecanismo para reducir salarios y debilitar la solidaridad de los trabajadores. Contrario a este plan de los capitalistas levantamos nuestra demanda de un ajuste racional de la jornada sin una reducción salarial o de beneficios con el objetivo de aumentar el raquítico nivel de participación laboral. Exigimos que tal determinación de la jornada laboral esté a cargo de una comisión de trabajadores responsables, elegidos por sus compañeros de trabajo.

Mientras tanto, sectores sindicales agrupados en la Coordinadora Sindical y la Mesa de Diálogo Sindical están convocando para este jueves 21 frente al Departamento del Trabajo una nueva manifestación en repudio a estas medidas.  Bajo la consigna de recuperación con justicia social” se reclaman el derecho a la energía, la educación, la salud, la vivienda y alimentación, el trabajo digno y otras protecciones laborales. 

Dentro de las actuales condiciones de incesantes ataques contra de la clase obrera llevados a cabo por los representantes políticos de los capitalistas, acogemos este intento del liderato sindical para reunir las fuerzas de la clase obrera en defensa de sus intereses.  

Advertimos, sin embargo, que el mero acto de denunciar las infamias del gobierno de los capitalistas es insuficiente.  Instamos a los obreros, particularmente aquellos que están organizados sindicalmente, a aprovechar el momento para discutir nuevas formas de organizarse independiente de toda influencia de los capitalistas y los políticos que les sirven.  Dada la acelerada reorganización de la economía en el territorio, cuyos efectos devastadores en la composición, las condiciones y las relaciones entre sectores de la clase trabajadora ya se sienten, se hace imperativa una discusión honesta con los lideratos sindicales sobre lo que significa organizarse sindicalmente.
Planteamos la necesidad de nuevos tipos y formas de organización obrera, más allá del tradeunionismo, que se ajusten a estas nuevas condiciones. Como parte de esas discusiones tiene que plantearse el papel de la organización política independiente de la clase obrera, no para participar en elecciones, sino la organización revolucionaria que la coloque en posición de derrocar el poder burgués.  Como hemos planteado desde las primeras asambleas de trabajadores convocadas en el otoño del 2015, la acción política de la clase obrera requiere de nuevos órganos políticos, consejos obreros permanentes, además de un programa político propio, uno socialista.  La clase obrera debe articular no solamente sus necesidades inmediatas sino también una nueva visión abarcadora de la sociedad.  Recordamos a los sindicalistas una vez más: Sin socialismo, no puede haber justicia social.  
En este sentido, invitamos a los obreros a estudiar y hacer suyo el programa político de nuestro Partido.  Los capitalistas y sus representantes políticos han comprobado una y otra vez su incapacidad de implementar políticas públicas en beneficio de la mayoría.  ¡Qué la clase obrera misma se prepare para tomar en sus manos las riendas de la administración pública!

¡Organicemos consejos obreros!