Proyecto de reforma contributiva federal pasa a Trump para su firma

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Los tres bandidos rumbo a celebrar su plan para la transferencia de riqueza hacia los más ricos.

Por Ismael Castro

 

La versión reconciliada del proyecto de ley de reforma contributiva federal ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso después de una segunda votación en la Cámara debido a un problema procesal que anuló la votación original.  Se anticipa que el proyecto se convierta en ley hoy o mañana a más tardar.

 

Todo el proceso a través del cual este proyecto de ley, al que se opone un porcentaje abrumador de la población estadounidense, ha sido impuesto es indicativo del abandono de cualquier pretensión de democracia por parte de la clase dominante y sus lacayos políticos.  Al igual que sus contrapartes en la legislatura colonial, el establishment político en Estados Unidos, infame por su lentitud e improductividad, se movió a la velocidad relámpago para satisfacer las demandas de sus patrones capitalistas.  No se permitió tiempo para el debate público significativo o vistas públicas con los análisis de sectores populares, ni hubo oposición real alguna de los demócratas cuyas críticas se limitaron a la falta de bipartidismo en la formulación del proyecto.  De hecho, la medida fue elaborada en gran parte a espaldas del público, testimonio en sí del reconocimiento de su carácter antipopular además del desdén que tienen los gobernantes capitalistas hacia las masas estadounidenses.

 

De lo que se sabe de la versión final, no puede haber ninguna duda sobre los verdaderos objetivos perseguidos por la clase capitalista.  El proyecto de ley reduce la tasa del impuesto corporativo al 21% al tiempo que reduce drásticamente los impuestos sobre las llamadas empresas pass-through (empresas cuyos propietarios reclaman ingresos individuales de ganancias como el propio Donald Trump), y aumenta al doble el actual monto protegido del impuesto al patrimonio (estate tax), una “carga” que anteriormente se aplicaba sólo al 0,2% más rico.  Ya los análisis de varios peritos han concluido que esta reforma contributiva resultará en una inmensa transferencia de riquezas hacia los más ricos mientras el creciente déficit presupuestario que resultará será el pretexto para debilitar, si no eliminar por competo, varios programas sociales como Medicaid, Medicare y Seguro Social.

 

Significativamente, toda la discusión pública alrededor de este nefasto proyecto que se ha dado en Puerto Rico gira alrededor de su impacto en las llamadas Corporaciones de Control Foráneo (CFCs).  La extensión de un “feriado fiscal” para la repatriación de ganancias acumuladas en el extranjero contenida en la nueva ley implica la eliminación de la ventaja relativa de un lugar como Puerto Rico cuya estrategia para atraer y retener al capital se ha basado principalmente en la oferta de generosas concesiones fiscales.  Las CFC que quedan, además de los industriales locales integrados al mercado estadounidense, tendrán que aumentar el nivel de explotación de los obreros para mantenerse competitivos en el nuevo ambiente.

 

Aunque se ha intentado retratar las disposiciones para reducir el impuesto sobre los activos (8%) y el efectivo (15.5%) que las grandes corporaciones estadounidenses con operaciones en el extranjero repatrian como una pieza central en la reconstrucción de la base manufacturera dentro del territorio estadounidense, la probabilidad de que esto resulte en un aumento significativo de la inversión productiva es muy poca.  De hecho, varios ejecutivos de las corporaciones estadounidenses más grandes han confesado tener otros planes para el dinero que anticipan repatriar, los cuales incluyen saldar sus deudas corporativas, recomprar acciones y aumentar las adquisiciones y fusiones para aumentar su participación en el mercado.  Todas estas medidas, que fueron ampliamente documentadas después del “feriado fiscal” de 2004 para las ganancias repatriadas, corresponden a los estrechos intereses de los accionistas más grandes y poderosos.

 

La clase capitalista ha orquestado una descarada campaña de saqueo.  Esta campaña aumentará los ya obscenos niveles de desigualdad social al mismo tiempo en que allana el camino para la eliminación completa de significativas conquistas sociales ganadas a través de varias generaciones de arduas luchas obreras.  Las lecciones para la clase trabajadora son claras.  Los trabajadores deben reorganizarse en torno a un programa político propio y tomar en sus manos las riendas del poder político.

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