Arrinconada economía territorial ante reforma tributaria federal

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Wall Street
Los intereses de la clase obrera y de la burguesía son irreconciliables. Por eso insistimos en la necesidad de la organización independiente de la clase obrera como condición indispensable para responder a la crisis.

Por Rogelio Acevedo

 

Luego de varios días de audiencias auspiciadas por la Junta de Wall Street (JWS) en las que han desfilado economistas, representantes del gobierno, empresarios, académicos y hasta dirigentes sindicales, si algo ha quedado claro es que ni la administración del Ricky y su pandilla, ni el gobierno federal, están dispuestos a trabajar con seriedad para resolver los profundos problemas que enfrentan las masas trabajadoras en el territorio. Más bien lo que ha evidenciado nuevamente es una incompetencia criminal que se basa estrictamente en el ánimo de lucro y en mantener aplastada cualquier resistencia que surja de la clase obrera.

Las audiencias de la JWS

 Lo primero que resaltó de estas audiencias fue incompetencia de Ricky y su pandilla de poder siquiera producir datos concretos sobre los gastos y deudas del gobierno como paso previo a la formulación del nuevo Plan Fiscal (PF) y el presupuesto del año 2018-19. Luego de gastar más de $25 millones en consultores para esa tarea, todavía lo único que han producido son estimados sobre la caída de los ingresos para este año (25%), deudas a suplidores (es decir en servicios privatizados) aproximadas en $750 millones. Tampoco pudieron proveer números exactos sobre la asistencia de los empleados gubernamentales, que estimaron entre 75% y 85%, mientras que para el Departamento de Educación está cercano al 60%.

 Desde luego, toda esta aparente incompetencia esconde una táctica profundamente oportunista y reaccionaria de Ricky y su pandilla. Por una parte, están jugando a dar largas al asunto para lograr facturar todos los destrozos a FEMA sin que la JWS tenga control o pueda fiscalizar el uso de ese dinero, que sabemos que no se utilizará para la tan cacareada “reconstrucción”. Dentro de esta ecuación entra el cálculo electorero y por eso han mantenido la asignación del bono de navidad y la negativa a la reducción de jornada, como medidas populistas para realzar su imagen seriamente deteriorada después de María. Por el otro, quieren aprovechar la pasada decisión de la jueza Swain sobre la AEE para continuar golpeado políticamente a la JWS en el terreno de “quién ocupa qué campo” y evitar su injerencia en la medida que les sea posible para poder viabilizar el saqueo.

 Aun con ese revés judicial, la JWS ha continuado cabildeando en el congreso con el objetivo de que se le otorguen más poderes para fiscalizar a la administración del territorio. Para esto ha incurrido en una serie de contrataciones en cabilderos como Off Hill Strategies, firmas de contables como Kobre & Kim y bufetes para los litigios de Promesa como Munger, Tolles & Olson. Estos contratos, hasta agosto de 2018 suman más de $4 millones sin hasta el momento haber alcanzado ningún logro aparente. A pesar de las muestras de frustración que ha dado la JWS por el comportamiento de la pandilla de Ricky, sí logró arrancarle algunos compromisos, como el establecimiento de un protocolo para las contrataciones del gobierno, así como la entrega de informes semanales sobre deudas y gastos. Sin embargo, el aspecto más importante es que la JWS se mantuvo en su posición de que el territorio tiene que hacer recortes en los programas de asistencia social, establecer una reforma contributiva que beneficie a los capitalistas y estimule la inversión, además de iniciar el proceso de privatización de la AEE.

Complicado panorama en Washington

 Mientras tanto, chapucera y descoordinadamente, Ricky por un lado, y Jennifer por el otro, hacen vanas gestiones para que se atiendan los reclamos del territorio de trato justo en materia contributiva frente a la reforma tributaria recién aprobada. Todos estos trámites no han logrado apoyo de ningún representante en el congreso más allá de expresiones vacías sin compromiso alguno, como las hechas por Paul Ryan de “hacer mejoras en materia tributaria en lo que refiere a Puerto Rico”. Incluso, a pesar de todas las presiones de los mal llamados industriales sobre Marco Rubio, no han surtido efecto alguno en su postura.

 Sin embargo, esta ley plantea una nueva realidad en EEUU, donde las clases explotadoras se beneficiarán grandemente y que tendrá el efecto de recortar cerca de $1 trillón para la próxima década en programas sociales. Esta madeja de luchas de poder entre republicanos y demócratas, realmente son negociaciones para que cada bando logre la aprobación de leyes que les beneficien mutuamente. Aun así, un comité conjunto de finanzas del senado señaló que si bien la reforma estimulará el crecimiento de ciertos sectores, no será suficiente para frenar la pérdida de ingresos cercana a los $458 billones a un gobierno federal que ya arrastra un déficit de $700 billones. Eso dejaría al gobierno con $407 billones para compensar los $1.5 trillones que plantea la reforma en recortes tributarios.

Postura de los trabajadores

 Dentro de toda esta trama resulta muy preocupante postura conciliatoria de algunos líderes sindicales, como Ángel Figueroa Jaramillo (UTIER) y Roberto Pagán (SPT) acerca de la disposición de los trabajadores en “aportar a las soluciones que necesita el país”. Aunque reconocemos la distancia en las ejecutorias de ambos sindicalistas, la raíz del problema sigue siendo la misma: la subordinación de la clase obrera a los designios de las clases explotadoras. Insistimos en que nuestra crítica no es que los trabajadores utilicemos todos los foros que nos permita el sistema burgués para adelantar nuestras luchas e intereses, sino en que estos foros se conviertan en el único campo de lucha. Mientras no nos esforcemos por organizar y preparar a los trabajadores para luchar de forma independiente, continuaremos desbandados y a la defensiva.

 En esa misma línea, hemos criticado anteriormente la propuesta sindical de fortalecer y proteger las “empresas de capital local” porque ese apoyo no se traducirá en un aumento en los empleos y de la actividad económica, más aún frente a la competencia con los monopolios. Además ¿cómo apoyar a la misma clase parasitaria que cabildeó para la aprobación de la reforma laboral y que ahora se escudan con la crisis de María para zafarse del pago del bono de navidad? ¿Por qué insistir en la “convergencia y el diálogo” cuando la burguesía no ha mostrado la más mínima sensibilidad hacia la clase obrera en esta crisis? Estas propuestas reformistas, que realmente son impulsadas por la pequeña burguesía, lo que hacen es desarmar a los trabajadores con el imaginario de que “tenemos que levantarnos juntos como pueblo” y enmascara la verdadera realidad de la sociedad capitalista: que nuestros intereses son incompatibles con los explotadores. Que la clase obrera y la burguesía somos enemigos irreconciliables. Por eso insistimos en la necesidad de la organización independiente de la clase obrera como condición indispensable para que podamos establecer y conducir nuestra política propia acorde con nuestros intereses.

 Mientras se desarrollan todas estas luchas, cruciales para las condiciones de vida de las masas en EEUU y en el territorio, los politiqueros coloniales siguen sin comprender que han quedado atrapados en el fuego cruzado de la política imperial. Peor aún, no han comprendido que en esa lucha ningún bando en el congreso tomará rehenes y que ante el “reclamo” de estadidad, la respuesta será “Such is life”. Todas estas intrigas interburguesas ponen de manifiesto las sabias palabras del camarada Engels cuando afirmaba que: “El Estado moderno no es sino un comité que administra los problemas comunes de la clase burguesa”.

 Nuevamente queda demostrado que ante la bancarrota moral y política de la claque corrupta que nos gobierna, solo la clase obrera organizada y consciente, como representante legítima de toda la sociedad, estamos llamados a luchar por el derrocamiento del poder burgués y por la construcción socialista.