Muerte y emigración como política de limpieza social

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Las habitaciones hoteleras para federales y contratistas por un lado, y el éxodo forzoso para las masas obreras por el otro.

Por Rosa Rojas

Desde principios de semana el principal responsable de FEMA en Puerto Rico, Alejandro de la Campa, ha estado en un intenso media tour para reparar la mancillada imagen de la agencia por su mediocre respuesta durante la emergencia de María. A pesar de que desde el mes pasado aseguran haber entregado cientos de miles de toneladas en suministros como agua, combustible y alimentos, ayudados por una intensa campaña mediática, al parecer no han convencido a nadie.

Desde hace varios meses venimos denunciando la farsa de la supuesta ayuda federal, principalmente porque en primer lugar, los fondos procedentes de FEMA son un seguro que pagamos los trabajadores, por lo que no es una ayuda, es una relación contractual, y ahora les toca pagar.  En segundo lugar, tras la mascarada de ayudas, pretenden lanzarle un balón de oxígeno a la maltrecha banca hipotecaria luego del crash de 2008 mediante préstamos a familias que hayan perdido parcial o totalmente sus hogares.

Pero el agudo problema de acceso a vivienda que sufrimos las masas en el territorio, al igual que dentro de EEUU mismo, está sirviendo como la excusa perfecta para que el gobierno federal, de la mano de FEMA y Vivienda Federal (HUD por sus siglas en inglés) intente implementar un plan piloto de éxodo masivo forzoso a familias desposeídas. Este plan, que aún se encuentra en su etapa de discusión de viabilidad, plantea mover inicialmente 3 mil personas a EEUU ante la supuesta incapacidad de poderlas reubicar en lo inmediato en Puerto Rico.  En situaciones de desastre el programa de FEMA, Asistencia a Refugio Transitorio (TSA), costea la reubicación de familias en hoteles y otros albergues en lo que se da el proceso de rehabilitación de las áreas donde se encuentran sus hogares. Sin embargo, en este caso, según ambas agencias “dada la escasez de opciones disponibles ha surgido la opción de evacuar grandes números hacia el continente”.  Este plan ha sido discutido con oficiales de Fortaleza, así como con empresarios del sector de construcción de hogares del territorio.

Echando a un lado las “preocupaciones logísticas” que expresan las agencias federales, este plan plantea una política abiertamente fascista hacia los sectores más desposeídos, donde la solución viable es, en vez de proveerles vivienda digna, expulsarlos del país en contra de su voluntad.  Los sectores que impulsan este plan están conscientes de que aquellas familias “que cualifican” no podrán pagar un préstamo hipotecario, por lo que lo más adecuado es hacer una variante de la solución final que se aplicó en la Alemania nazi, es decir, desaparecerlas.  En ese sentido, tanto los federales, como Ricky son consistentes con las políticas fascistas que impulsa la administración Trump.

Desde luego, Ricky, para evitar cualquier aspecto “antidemocrático” ha corrido a señalar que el programa es voluntario.  Las numerosas familias desposeídas se preguntarán ¿qué hacer ante la falta de alternativas en nuestro país?  Este cinismo confirma la bancarrota política de los administradores del territorio, quienes prefieren expulsar a los desposeídos antes de proveer soluciones reales a los agudos problemas que enfrentamos. Pero están muy ocupados en el rediseño del esquema de saqueo que se está implementando.

Como contrapunto a la forma que las clases explotadoras tratan a los vivos, Ricky y su pandilla se sigue enfangando con la polémica sobre la tasa oficial de fallecidos por el huracán.  En una conferencia de prensa ayer el gobierno territorial aceptó que sólo en los 10 días luego del huracán aumentaron en 49% las muertes con relación a septiembre de 2016.  Esto significó un aumento de al menos 350 muertes por encima del promedio, con 2,838 muertes el pasado septiembre, frente a las 2,366 registradas en septiembre 2016.

Otras fuentes, aunque denuncian de igual manera la negligencia criminal del gobierno, apuntan hacia otro ángulo como causa del vertiginoso aumento de muertes: la ausencia de preparación en los hospitales ante la eventual falta de electricidad.  Esa situación provocó que además de no poder tener en funcionamiento los equipos para estabilizar personas delicadas, los hospitales se convirtieran en criaderos de bacterias y que el personal médico tuviese que trabajar en condiciones indignantes. Además, todavía queda por aclarar sobre el escandaloso número de personas cremadas sin practicársele autopsia, que ronda las 911 personas. Según portavoces del gobierno, de las 55 muertes reconocidas causadas por el huracán, fueron cremadas sólo 20.  Sin embargo, reconociendo la situación crítica de los hospitales durante y después de la crisis, resulta increíble pensar que esa cantidad no fueron consecuencia directa del huracán.

A pesar de la avalancha de datos, el terrorista director de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, se mantiene en que la cifra oficial de muertes por María es de 55.  Peor aún, justifica la actitud chapucera del gobierno planteando que “como hubo una situación de crisis ¿por qué investigar?”.

No cabe duda que estos hechos confirman la conducta criminal, no solo de los administradores del territorio, sino de las agencias federales que operan en Puerto Rico.  Más allá del esquema de corrupción, esto representa una conspiración que pone al desnudo la falta de escrúpulos de la clase capitalista en EEUU y de la complicidad sumisa de Ricky y su camarilla de rateros para enriquecerse a costa de nuestro sufrimiento. Todavía más evidente es como en su servilismo colonial, Ricky y su pandilla se han visto obligados a reproducir las políticas fascistas de sus amos imperialistas para poder tener acceso a las multimillonarias asignaciones de fondos.

En vista de estos hechos, que cada día se acumulan y hacen más evidente el desmoronamiento de las estructuras políticas del territorio y la bancarrota moral de sus dirigentes, nos reafirmamos en nuestro programa de recuperación para la clase obrera.  En particular, exigimos la requisición de habitaciones hoteleras para ser ocupadas por familias sin techo así como el control obrero sobre las corporaciones públicas.  Solo con una economía planificada bajo el poder político de la clase obrera se podrá encaminar la verdadera recuperación de Puerto Rico.  Los obreros más conscientes rechazamos el “plan de recuperación” que promueve la burguesía criolla y sus portavoces para supuestamente “levantar a Puerto Rico”.  Nuestro mensaje a las masas obreras es, contrario a los esquemas que responden al afán de lucro, tenemos que utilizar todos nuestros recursos para atender las necesidades de las grandes mayorías.

¡Control obrero de las corporaciones públicas!

¡Organicemos consejos obreros!