El gobierno español intensifica la represión contra los separatistas catalanes

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Ex ministros catalanes a su llegada al Tribunal.

Por Ismael Castro

 

En respuesta a la declaración de independencia de la semana pasada, la magistrada española Carmen Lamela ordenó el arresto y la detención sin fianza de ocho ministros del recién disuelto gobierno regional catalán bajo el pretexto de sedición, rebelión y mal uso de fondos públicos.  Los cargos conllevan sentencias de ocho a 25 años de prisión.  La fiscalía española también ha solicitado que la Audiencia Nacional (Tribunal Nacional) emita una orden para el arresto de Carles Puigdemont, el expresidente catalán que se encuentra actualmente en un lugar desconocido en Bélgica junto con cuatro diputados.  La semana pasada, Puigdemont desacató una orden de comparecencia ante el tribunal español aunque sí solicitó permiso para responder mediante videoconferencia.  Fue citado por el tribunal para proveer evidencia relacionada a varios años de esfuerzos independentistas que culminaron en el referendo ocurrido el 1ro de octubre.

 

Los arrestos surgieron a raíz de la aplicación del infame Artículo 155 de la Constitución española bajo el cual el gobierno central destituyó el gobierno autónomo de Cataluña, disolvió el parlamento y tomó control directo de la fuerza policiaca catalana.  La aplicación del Artículo 155, la llamada ‘opción nuclear’, fue precedida por la movilización de decenas de miles de efectivos de la Guardia Civil para aplastar a cualquier oposición a las políticas reaccionarias del régimen de Madrid.  También se ha anunciado desde Madrid la convocación de nuevas elecciones bajo el control del gobierno central pautadas para diciembre en las que serán prohibidos los partidos políticos favorecedores de la independencia catalana.  Además de estas medidas, el gobierno central español ha amenazado con la intervención directa del ejército en Cataluña.

 

La Unión Europea, así como la administración de Trump, han respaldado plenamente las medidas represivas que está llevando a cabo el gobierno del PP de Rajoy.  Hasta el jueves, las principales potencias europeas permanecieron en silencio después de que Puigdemont hiciera un llamado público para que la UE respondiera a los arrestos.  Solo la oficina del primer ministro belga emitió una declaración escueta en la que se distanció de Puigdemont y sus seguidores.  En comentarios recientes, el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó las preocupaciones de los principales sectores del capitalismo europeo con respecto a la independencia catalana cuando éste declaró, “No quiero una situación en la que, mañana, la Unión Europea esté compuesto por 95 estados diferentes.  Ya tenemos suficientes divisiones y fracturas.”  Juncker y los sectores más poderosos de la clase capitalista europea son conscientes de que la profundización de la crisis social en todo el continente, agravada por la imposición de severas medidas de austeridad apoyadas por Bruselas y Berlín, fácilmente puede provocar otras crisis políticas en áreas históricamente caracterizadas por movimientos nacionales como Flandes y Escocia.

 

Ya señalamos que Puigdemont y sus seguidores no ofrecen propuestas progresistas para las masas trabajadoras en Cataluña.  El actual conflicto entre el Puigdemont y el gobierno central en Madrid gira alrededor de la política contributiva y el acceso al crédito internacional.  Es un conflicto entre secciones de la clase capitalista dentro de la península española.  Antes de su disolución, todos los partidos representados dentro del parlamento catalán estaban igual de dispuestos a imponer medidas de austeridad a los trabajadores de la región que el PP y el PSOE, las dos agrupaciones políticas principales que se han alternado en el gobierno central desde el fin de la dictadura franquista.

 

No obstante, la movilización del ejército español al igual que la suspensión de derechos democráticos, la cual incluye el arresto de exministros y exdiputados del gobierno catalán, representa una grave amenaza para las masas obreras, tanto en Cataluña como en el resto de España.  La clase trabajadora no puede dejarse engañar.  Las medidas represivas actualmente dirigidas contra los líderes “burgueses” del movimiento independentista catalán se usarán para aplastar a los trabajadores, quienes se oponen a la política reaccionaria de todos los gobiernos capitalistas, ya sea que apoyen la independencia o no.  Y esta amenaza también aplica a los trabajadores en el resto de España tal y como el giro hacia la derecha en la política a través de toda Europa representa un peligro para toda la clase trabajadora europea.  Precisamente por eso, la necesaria defensa de los derechos democráticos por parte de las masas trabajadoras en la actualidad no puede limitarse al marco de una defensa del sistema capitalista bajo el fraudulento argumento de que tal o cual sector de capitalistas es más progresista que otro.  Ningún sector de la clase capitalista actualmente en pugna representa el progreso humano.  Al contrario, todos representan el interés egoísta y una profunda hostilidad hacia los trabajadores, no importa el discurso nacionalista que empleen.

 

El creciente peligro para la clase trabajadora que plantea la intensificación de la represión contra los opositores políticos del gobierno central en Madrid requiere una respuesta internacionalista.  La clase trabajadora no puede permanecer subordinada a ninguno de los partidos políticos capitalistas ni dejarse arrastrar por la vorágine de una guerra civil en la que se vería obligada a derramar su sangre en nombre de una u otra sección de la clase capitalista.  Por el contrario, los trabajadores catalanes deben fortalecer sus vínculos con el resto de la clase trabajadora española, así como los trabajadores en toda Europa.  La frustración y el sufrimiento de las masas trabajadoras en toda la península ibérica así como el resto de Europa no se resolverán a través de ninguna propuesta política presentada por los capitalistas.  Solo la revolución socialista a escala continental puede comenzar a resolver los problemas sociales y políticos que emanan del putrefacto sistema capitalista.