¿Qué medidas económicas se plantea la administración del territorio en esta coyuntura?

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Nada de lo que propone la pandilla de delincuentes que administra el territorio servirá para reconstruir a Puerto Rico.

Por Rosa Rojas

A tres semanas del catastrófico paso de María por Puerto Rico se revela en toda su crudeza la postración e impotencia en que se encuentra la administración del territorio para atender esta crisis. Hemos reseñado extensamente el carácter criminal de como los burócratas coloniales se han desempeñado en proveer soluciones a las profundas necesidades de las masas durante esta crisis. Hemos denunciado cómo su ineptitud, falta de liderazgo, y su nauseabunda sumisión a los representantes del imperialismo no han hecho más que agravar la situación.

Contradictoriamente todas estas cualidades a su vez les permiten controlar y beneficiarse de esta situación, lo que los convierte en los administradores de la fiesta de los millones que se avecina. El proceso de reconstrucción que se plantea por distintos sectores de la clase capitalista, de aquí y de allá, augura una sangría de contratos que promete ser sustancial, incluso con las migajas que caigan de su mesa.

Sin embargo, el gobierno del territorio se encuentra en una situación fiscal precaria ya que se han interrumpido algunas de sus principales fuentes de ingresos como las patentes y el IVU.

En caso del IVU, representa un golpe fuerte ante la imposibilidad de cobrarlo por la ausencia de comunicaciones. Para el año fiscal 2015 este representó cerca de $696 millones del total de ingresos del Fondo General (FG). Con la situación caótica que ha provocado la falta de planificación del gobierno, la ausencia de energía eléctrica ha interrumpido las telecomunicaciones, y por tanto la capacidad de Hacienda de obtener los ingresos del IVU. Estos ingresos se obtienen directamente desde los comercios y otros puntos que están conectados al sistema de Hacienda. Como alternativa, el secretario de la agencia, Raúl Maldonado, ha planteado la posibilidad de regresar al impuesto de los puertos del 6.6% como “medida temporera”.

No cabe duda que esta medida reducirá grandemente la base contributiva del territorio, ya que con el sistema del IVU existen cerca de 1 millón de contribuyentes, mientras que con la propuesta del regreso al 6.6% su alcance se limitaría a cerca de 400 contribuyentes. Para el sistema del IVU, el millón de contribuyentes se compone de comercios de todo tipo, mientras que para el impuesto en los muelles son cerca de 200 grandes importadores, quienes controlan el 80% de la carga, y otros 200 que traen el resto.  Debe quedar claro que dicha medida no representaría de ninguna manera un alivio a la precaria situación económica que enfrentamos las masas trabajadoras, sino que refleja el intento desesperado de la administración de “buscar chavos de donde pueda” por el momento.  En todo caso, dado el inevitable descenso del consumo provocado entre otras razones por el éxodo poblacional, lo que se vislumbra a mediano plazo es una combinación de la aun mayor concentración en el sector de importadores y cada vez más presiones para mantener altos los precios de bienes de consumo.

Vale la pena recordar que el sector de la burguesía que controla la importación en el territorio, particularmente el sector de alimentos (B. Fernández, Ballester Hermanos, José Santiago) ha sido acérrimo enemigo del desarrollo de las industrias agropecuarias. Éstas siempre han defendido los intereses de los monopolios agro exportadores de Estados Unidos, quienes bajo las relaciones políticas actuales mantienen como mercado cautivo de su producción al territorio.

En ese sentido, resulta aún más contradictoria la irrelevancia de la moratoria de 10 días en las leyes de cabotaje que solicitó recientemente la administración Rosselló. Como era de esperarse, el lapso de tiempo solicitado no tendría ningún efecto en el proceso de agilizar la llegada de suministros a Puerto Rico. Además, tampoco tuvo ningún efecto en el costo de las mercancías, las cuales por las actuales leyes cabotaje, le cuestan a la clase trabajadora en Puerto Rico cerca de $400 millones anuales. Esa acción del gobierno, no solo demuestra un nivel de improvisación craso, sino también la burda sumisión de Rosselló y su pandilla, no solo a los monopolios estadounidenses, sino también a sus corporaciones sindicales que controlan el movimiento de la carga allá.

Pero las improvisaciones no terminan ahí. A la misma vez nos anuncian con gran pompa que “ya están listas” las primeras seis APP para su estudio de viabilidad. Tres de ellas se relacionan al ámbito de energía eléctrica y tres a otros proyectos de privatización de servicios e infraestructura pública. Las APP de energía eléctrica fueron iniciativas de empresas privadas: una para privatizar las instalaciones hidroeléctricas a favor de la empresa Cube Hydro, otra para que Bostonian Group construya una planta generatriz en la costa norte y, la construcción de una planta de gas licuado cerca de la planta de Palo Seco a cargo de Puma.

Las otras APP son una relacionada con la privatización de todas las rutas de servicio marítimo público (Cataño, Fajardo, Vieques-Culebra y Ceiba), la construcción y el mantenimiento de 500 unidades de vivienda universitaria en Mayagüez, es decir, una nueva Plaza Universitaria, y, la modernización de estacionamientos del gobierno. Según Omar Marrero, director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP), estas movidas representarían beneficios para el gobierno en 7 mil empleos y entre $300 y $450 millones por concepto de recaudos e impuestos.

Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre cómo se llegaron a esas cifras y, sobre todo, cómo se financiarán estos proyectos y dónde residirá la titularidad de esas propiedades. Estos son aspectos muy importantes, ya que se prestan para la realización de esquemas de corrupción ya conocidos. Tomemos por ejemplo el complejo Plaza Universitaria. Esa residencia universitaria fue financiada con emisiones de bonos y en turbios procesos pasó a manos privadas la operación para recibir ingresos, mientras que la deuda la mantuvo la UPR. En fin, que todas se perfilan como esquemas para traspasar propiedad pública a manos privadas.

Mientras avanzan estas movidas a la carrera, y literalmente en la oscuridad de la noche, el servicio de rentas interna federal (IRS) otorgó una extensión de los privilegios a los beneficiarios de la ley 22. La medida permitirá a sus beneficiarios (bonistas, inversionistas y especuladores) estar en sus países de origen hasta 117 días, cuando la ley exigía 187 días, sin que se afecten las exenciones contributivas para sus negocios. Con estas enmiendas estos mafiosos disfrutarán de un 100% en exenciones sobre ingresos en dividendos e intereses. De la misma forma disfrutarán del 100% de exenciones contributivas sobre ganancias de capital. Es decir, que sin vivir en el territorio tendrán ganancias limpias, sin pagar impuestos y beneficiándose de inversiones que harán sus firmas financieras, las cuales tendrán gran participación en el llamado proceso de reconstrucción.

Todas estas acciones son indicativas de que la pandilla de delincuentes que administra el territorio carece de un plan económico para llevar adelante su tan cacareada reconstrucción de Puerto Rico. Más aún, toda su caótica gestión es un claro indicativo de que ha abandonado poco a poco su intención de proyectarse que está a cargo de la situación y ha asumido su verdadero rol de socio menor, encargándose de canalizar las contrataciones del gobierno federal y de asegurarse de lograr su tajada.

De la misma forma, todo este proceso de saqueo descarado adquiere dimensiones revolucionarias por el carácter masivo del empobrecimiento de las masas obreras. Mientras se reduce dramáticamente el valor del trabajo, se nos pide a la clase obrera que “levantemos a Puerto Rico” trabajando bajo condiciones de miseria a la vez que distintos sectores capitalistas harán su agosto. Por eso, la burguesía y sus parásitos, en su afán de lucro desmedido, seguirán agudizando el odio de clase de las masas obreras, a pesar de su empalagosa campaña mediática para levantar a Puerto Rico.