Administración intensifica campaña para eliminar cubierta médica a miles de personas

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Sigue el desmantelamiento del ya inadecuado sistema de salud pública

Por Ismael Castro

 

Bajo el pretexto totalmente falso de combatir el fraude, la administración de Rosselló ha comenzado a implementar medidas para eliminar a centenas de miles de personas del Plan de Salud del Gobierno (PSG). Ya miles de personas están siendo afectadas.

 

Desde junio del año en curso, y con muy poco escrutinio público, la administración ha cambiado el método de determinar la elegibilidad para el PSG, el principal programa de Medicaid en Puerto Rico.  El Medicaid es un programa administrado y financiado conjuntamente por el gobierno federal y las jurisdicciones locales, en que las últimas tienen un grado de autonomía para determinar los beneficios y la elegibilidad, el cual les provee cubierta médica a más de 72 millones de personas de bajos ingresos, niños pobres y ciertas personas con discapacidades.  En Puerto Rico, casi un millón de personas reciben estos beneficios a través del PSG, conocido comúnmente como la Reforma.

 

En un informe de prensa reciente se destaca que a partir de este verano, los cambios en los criterios para determinar la elegibilidad han resultado en la eliminación de entre 30 y 40 mil personas del PSG en Puerto Rico.  Más específicamente se ha cambiado la manera en que se usa la fórmula del Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI, por sus siglas en inglés) además de la unidad base para hacer los cálculos de ingreso en la determinación de elegibilidad.

 

El MAGI es un cálculo de todos los recursos que recibe un solicitante el cual incluye los ingresos tributables como el salario, la pensión alimenticia, las propinas, el desempleo, etc.  En Puerto Rico la miseria es tan marcada que las familias con ingresos anuales menos de $10,260 cualifican para Medicaid bajo la Reforma.  Para eliminar a más personas del PSG se está intentando incluir a ingresos no tributables como el Seguro Social, PAN y los reintegros como parte de la fórmula MAGI.  El alto grado de dependencia de estos beneficios en Puerto Rico deja a centenas de miles de personas pobres vulnerables a la pérdida cubierta médica.  Además de estos cambios en la computación, se ha implementado una política en que la elegibilidad para el PSG será determinada para cada miembro individual de una familia en vez de la unidad familiar en su conjunto.  Las implicaciones de dicha política para la cohesión familiar son evidentes.  A estos cambios se pueden sumar  mayor agresividad en el escrutinio de documentos durante sus citas anuales de elegibilidad y la imposición de mayores deducibles para aquellas personas con bajos ingresos que se quedan bajo la Reforma.

 

Una investigación reciente realizada por el Departamento de Salud y Servicios Sociales a nivel federal arroja luz sobre el dramático deterioro de la cubierta médica en Puerto Rico a partir del 2018 bajo los dos escenarios más probables.  Según el informe, bajo el primer escenario, si la administración de Rosselló sigue gastando la misma cantidad de fondos en el PSG que se le ha asignado para el año fiscal en curso, ya para el 2020 unas 471.000 personas en Puerto Rico perderían cubierta médica.  Este escenario asume que la aportación de la administración territorial siga superando la asignación federal.  Sin embargo, bajo el segundo escenario, en que la administración decide no asignar fondos más allá de la asignación federal, es decir, si se mantiene un pareo estricto entre fondos federales y locales, ya para el año 2020 quedarían 856.000 personas sin cubierta médica.  Queda claro que bajo el segundo escenario la mayor priorización del pago a los bonistas por la administración le quitaría recursos para la salud pública.  Lo que resalta de la investigación citada es que bajo cualquiera de los dos escenarios es inevitable que la administración territorial responda mediante restricciones impuestas sobre la elegibilidad para el PSG.

 

No debe haber duda de que la administración en el territorio ya está llevando a cabo una estrategia deliberada para eliminar a las personas del PSG y que esto es parte de una estrategia nacional con el objetivo de desmantelar a programas para los pobres como Medicaid.  Aunque estos esfuerzos han cogido mayor auge bajo la administración de Trump, en realidad forman parte de la política conjunta de las dos alas políticas de la clase capitalista en EEUU.  En EEUU varios estado han impuesto medidas similares en su campaña de ataques contra las masas obreras y de pobres.  La misma campaña de los capitalistas y su gobierno en EEUU es prueba de que los problemas de la salud pública en Puerto Rico, aunque peores que en Estados Unidos, no tienen su origen en su condición colonial sino en el sistema capitalista.

 

Rosselló y su administración no son amigos de los pobres o defensores de la salud pública.  Rosselló y su administración, al igual que sus homólogos del PPD, son servidores de la clase capitalista y un sistema de salud basado en el afán de lucro.  La medicina capitalista se revela cada vez más incompatible con las necesidades básicas de las masas.  Precisamente por eso, la clase obrera no puede reducir sus objetivos a pequeñas reformas dentro del actual sistema de salud y mucho menos intentos de “salvar” el sistema actual, el cual es completamente inadecuado.  Sólo la socialización completa de la medicina puede comenzar a corregir el daño impuesto a las masas por la medicina capitalista.

 

¡A luchar por un sistema socialista de salud universal!