Nefastos planes de administración Rosselló para UPR

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¡Hacia la unidad obrero estudiantil!

Por Rogelio Acevedo

Recientemente el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Gerardo Portela anunció con bombos y platillos que habían llegado un acuerdo con los bonistas de la UPR. Este acuerdo incluyó el pago de $20 millones a bonistas aglomerados en el US Bank Trust National Association, con un próximo desembolso de $20 millones adicionales para agosto. Portela planteó que la AAFAF busca lograr un acuerdo con esta agrupación de bonistas dentro del Título VI de Promesa “para que la UPR continúe su labor docente y significa un paso adelante en su encomienda de reconstrucción fiscal.”

 

Aparte de la intención politiquera, este anuncio encierra veladamente los nefastos planes que tienen los administradores del territorio con la UPR. Estos planes no tienen nada que ver con atender los problemas que enfrenta la educación pública superior.

 

Lo primero que se desprende de este anuncio es la intención de tratar a la UPR como una entidad en quiebra, lo cual es rotundamente falso. Durante los pasados años la UPR ha estado pagando a sus bonistas los $43 millones anuales sobre sus bonos institucionales hasta el 2016.  La deuda de la UPR totaliza $496 millones divididos entre $432 de sus “University Systems Revenue Bonds” y $64 millones de sus “AFICA UPP”. Si bien es cierto que por conducto de la Ley de Moratoria de AGP estos pagos se suspendieron, esta contaba con esos fondos para continuar cumpliendo.

 

Entonces cabe preguntarnos ¿por qué se pretende incluir a la UPR dentro de la quiebra territorial? A pesar de que la UPR se nutre presupuestariamente del Fondo General (FG), como muchas instrumentalidades del gobierno, funciona como un ente híbrido, ya que recibe financiamiento en forma de emisiones de bonos que gestiona el BGF.

La UPR emite los “University system revenue bonds” para el financiamiento de mejoramiento de infraestructura y para el pago de líneas de crédito con el BGF. Esas líneas de crédito realmente son bonos emitidos por la Autoridad para el Financiamiento Industrial, Turístico, Médico y Educativo utilizados para la construcción de Plaza Universitaria (AFICA-UPP).

La fuente de pago de los “revenue bonds” provienen de las cuotas, cargos a estudiantes, renta y alquiler de sus facilidades. Cuando esos fondos no son suficientes puede solicitar adicionales al FG. El acuerdo contempla la creación de cargos adicionales y el aumento de los existentes a estudiantes para obtener fondos suficientes para el pago de bonos.

Para atender el pago de los bonos AFICA-UPP se creó la empresa Desarrollos Universitarios Inc. Pero por extraño acuerdo con la UPR, esta es quien se encarga del pago de sus bonos, además que le paga cuotas de arrendamiento por el uso de sus facilidades. Es decir, que ese proyecto se pagó con deuda pública, las instalaciones pasaron a manos privadas y a la misma vez la deuda quedó como responsabilidad pública. La deuda de AFICA-UPP está asegurada con los ingresos comprometidos por pagos a bonos P y Q de los revenue bonds emitidos en 2006, es decir, deuda reciclada. Esto son precisamente las series que se “atendieron” para este mal llamado acuerdo.

Este “acuerdo” responde a un burdo intento de presionar a la administración territorial a que haga los desembolsos a esta agrupación de bonistas. Sin embargo, lo que está sobre el tintero es la escandalosa reducción de $149 millones con otros $52 millones de la partida de Asignaciones Especiales, lo que totaliza $201 millones para este año. A esto se le suma la nueva ley reaccionaria que pretende debilitar por la vía económica los notables avances organizativos que ha realizado los diferentes sectores universitarios.

 

Todo parece indicar que la intención que se esconde tras este acuerdo es incluir a la UPR dentro de la quiebra territorial por la simple excusa de que recibe financiamiento del FG, aun cuando la deuda de la UPR equivale a menos del 1% del total. Esta intención podría enmarcarse dentro del plan de desmembrar el sistema universitario público dentro del modelo de las APP, el cual comienza a perfilarse para otras entidades públicas como la AEE.

Es por esto que para combatir todas estas medidas todos los sectores universitarios deben continuar luchando por mejorar sus unidad organizativa para la lucha en defensa de la UPR y de la educación pública. Solo una sociedad socialista y la clase obrera en el poder podrá asegurar la educación pública como derecho y su acceso a todos los niveles.

 

¡Estudiantes y obreros!

¡Unidos venceremos!