Cuando el liderato estadista empieza a hablar de la igualdad…

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Por: Carlos Borrero

La semana pasada Rosselló completó su Comisión de la Igualdad para Puerto Rico con el nombramiento de otro ex gobernador responsable por ataques salvajes contra la clase obrera, la matrona de un consorcio familiar y principal proponente local de la imposición de la Junta de Wall Street, y un defensor impenitente del militarismo estadounidense. Más que sus nombramientos previos, éstos últimos dejan claros los verdaderos intereses de clase que representa el liderato del PNP.

Aunque el desdén de Luis Fortuño hacia la clase obrera es bien documentado a través de sus actos, lo que es menos evidente es el papel activo que ha jugado como intermediario al servicio del capital financiero internacional. Como abogado corporativo – Fortuño trabaja actualmente para el bufete internacional Steptoe & Johnson ubicado en Washington DC el cual fue, durante su administración, recipiente de al menos $24 millones en contratos gubernamentales – este representante político de la clase capitalista se ha enfocado en asegurar la existencia de un marco legal para maximizar los beneficios de sus clientes. Este marco incluye leyes y estructuras para: facilitar la venta de haberes públicos a intereses privados (ej. Aeropuerto Muñoz Marín, autopistas PR-22 y PR-5); atender los reclamos de industriales grandes (ej. enmiendas al Código de Rentas a favor de elaboradores de ron); y eliminar cualquier estorbo para la extracción de ganancias (ej. regulaciones ambientales, protecciones laborales). Más que nada, este nuevo “campeón de la igualdad” ha sido adepto con el uso del muy familiar pretexto de un Estado de Emergencia para imponer leyes, siendo la Ley 7 la más notoria, que les garanticen condiciones óptimas a los grandes inversionistas internacionales que busquen la estabilidad del marco legal y monetario estadounidense.

Zoraida Fonalledas representa más que nadie la perspectiva de ese puñado de oligarcas puertorriqueños que adquirieron sus fortunas al amparo de la dominación imperialista y con subsidios significativos del Estado. La familia Fonalledas, terratenientes de centros comerciales como Plaza Las Américas y dueños de la procesadora lechera Tres Monjitas entre otros negocios, se ha insertado al nexo del capital comercial y financiero estadounidense. Como terratenientes de varios centros comerciales, dependen de las grandes cadenas de tiendas estadounidenses que alquilan sus espacios además de los bancos y compañías como MasterCard y Visa para proveer crédito a los consumidores. Mientras participan directamente en la explotación del trabajo asalariado en el ámbito de su empresa lechera y otras operaciones industriales, se benefician de las medidas que bajan los costos operacionales de las tiendas que operan dentro de sus centros comerciales tales como la reducción al mínimo de salarios y beneficios. Al igual que otros capitalistas, el desarrollo del emporio Fonalledas le ha permitido emplear su riqueza acumulada cada vez más en las actividades especulativas como fue la compra de por lo menos $23 millones en bonos puertorriqueños, razón por la cual hicieron grandes esfuerzos por asegurar que se aprobara la nefasta Ley Promesa dentro del Congreso estadounidense.

En cuanto al general retirado Félix Santoni, su ‘distinguida’ carrera militar de casi cuatro décadas no sólo coincidió con la destrucción desatada desde Vietnam al Golfo pérsico por la maquinaria bélica del imperialismo estadounidense, sino que en su capacidad como comandante adjunto del Comando Sur, éste participó en varias agresiones llevadas a cabo por EEUU en el Caribe, Centroamérica y los países de América del Sur. Su labor con la Guardia Nacional de Puerto Rico refleja la comprensión de la oligarquía puertorriqueña de que el corroído orden social dentro del territorio depende, en primera instancia, de este apéndice de las fuerzas militares estadounidenses.

La composición de la Comisión pone de manifiesto importantes hechos innegables. En primer lugar, la inclusión de Zoraida Fonalledas en la misma arroja luz sobre el fraudulento argumento de que existe un conflicto sustancial entre Rosselló y la Junta. ¡Nada más lejos de la verdad! Los Fonalledas son patrones del PNP y contribuyentes financieros al esfuerzo para imponer la Junta de Wall Street. El intercambio de cartas entre Rosselló y Carrión que ha sido sensacionalizado en la prensa no ha sido más que teatro político. La Junta es, de hecho, una nueva superestructura política impuesta por una colaboración entre la oligarquía puertorriqueña y sus socios dentro del imperio para dar ‘cubierta política’ y así desviar la ira popular de la administración territorial encargada de llevar a cabo sus directrices.

Segundo, todo el discurso alrededor de la “paridad”, es decir, la campaña para lograr un aumento de los fondos de Medicaid y Medicare asignados a Puerto Rico a niveles iguales que los estados, que Rosselló, Fortuño y González han usado con habilidad para movilizar el apoyo electoral, puede verse como un ardid. Mientras hablan de un supuesto aumento de fondos de Medicaid que la estadidad traería para Puerto Rico, se pasean codeando en los pasillos del congreso con los mismos republicanos que trabajan para desmantelar ese programa mediante recortes salvajes. En el caso de “Zori” Fonalledas, como la conocen en Washington, además de ser súper delegada del GOP es donante habitual a republicanos como Rob Bishop y Sean Duffy, feroces enemigos de programas para los pobres y fieles defensores de las políticas antiinmigrante, pro combustibles fósiles y anti protección ambiental promovidas por Trump.

Los recién nombrados miembros de la comisión de Rosselló representan el triunvirato reaccionario de capitalistas, sus representantes políticos y la guardia pretoriana que los protegen. Su uso demagógico del discurso en torno a la “igualdad”, sirve sólo para reunir el apoyo de las masas. Como defensores del orden social capitalista, un orden basado precisamente en la explotación del pobre por el rico, en realidad se oponen a la igualdad material de los seres humanos. Respecto a si los miembros de la comisión son o no verdaderos creyentes en la causa de la estadidad, ésta es una cuestión de psicología individual, aunque la disposición de algunos anexionistas puertorriqueños de degradarse públicamente resalta una fuerte tendencia de disonancia cognitiva. De todos modos estos factores subjetivos son segundarios para comprender las tendencias políticas. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que sus intereses materiales se entrelazan con los de importantes sectores del capital estadounidense. La formación de esta comisión, nominalmente para promover la causa de la anexión, sirve como el pretexto perfecto para profundizar los vínculos económicos y políticos del puñado de oligarcas dentro del territorio con los círculos del poder económico y político en EEUU del cual depende para adelantar sus estrechos intereses.

En el análisis final, cuando el liderato estadista en Puerto Rico empieza a hablar de la igualdad, de lo que pueden estar seguras las masas obreras es que lo último a que se refiere es la igualdad entre los seres humanos.