Tribunal Supremo confirma parcialmente el veto migratorio de la administración de Trump

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Por Carlos Borrero

El tribunal supremo de EEUU acordó esta semana por voto unánime incluir el veto migratorio de la administración de Trump como parte de los casos a adjudicar durante su sesión de otoño este año.  La decisión incluyó una reversión parcial de los fallos tomados por varios tribunales federales bajos al permitir aspectos del veto a entrar en vigor hasta que se decida el caso.  A partir del ayer, los agentes fronterizos podrán negar la entrada a viajeros de seis países “mayoritariamente musulmanes” (Irán, Siria, Yemen, Libia, Sudán y Somalia).  El veto original incluía Irak, sin embargo, la oposición centrada en la no prohibición de colaboradores iraquíes con las fuerzas de ocupación estadounidense desde dentro del Departamento de Defensa resultó en la eliminación de ese país de la lista.

 

Como resultado de la decisión del tribunal, cualquier persona de los seis países sin una relación ‘bona fide’ con otra persona o entidad dentro de EEUU será prohibida a entrar a suelo estadounidense durante un período de hasta cuatro meses.  Han surgido grandes conflictos acerca de cómo definir una relación ‘bona fide’ ya que el tribunal dejó esta determinación en manos de la administración.  Al momento, el Departamento del Estado ha excluido a abuelos y nietos al igual que sobrinos y primos de esa categoría.  Aunque los agentes fronterizos recibieron órdenes para permitir entrar a los viajeros que ya poseían visas, se les concedieron mucha autonomía para autorizar o no la entrada a las personas de los seis países, una situación que muy probablemente resulte en escenas caóticas en los aeropuertos.

 

Los grupos de derechos de inmigrantes no tardaron en criticar la decisión del tribunal.  Varios grupos defensores de los inmigrantes organizaron ayuda legal para pasajeros que entran por los aeropuertos principales de EEUU como el JFK en Nueva York.  El estado de Hawai ha retado la interpretación de la decisión del tribunal por la administración.  Se ha notado la ausencia de prominentes demócratas de las filas de la oposición al veto.  Tal parece que están demasiado atareados pidiendo mayor “bipartidismo” en el asalto de la clase dominante contra la salud pública.

 

El veto migratorio, aunque implementado sólo parcialmente, debe entenderse como parte del esfuerzo deliberado para fomentar conflictos étnicos dentro de Estados Unidos.  Mientras a las personas de origen árabe se les acusan de ser terroristas, a las de extracción latinoamericana se les achacan robar trabajos y ser delincuentes.  Esta es una vieja estrategia empleada por las clases dominantes para desviar hacia los inmigrantes toda la ira popular provocada por el desempleo, los bajos salarios y el alto costo de las necesidades básicas como la vivienda, la educación y la atención médica a nivel interno mientras se allana el camino para el militarismo en el extranjero.

 

En un ejemplo reprobable de la increíble hipocresía que caracteriza a la clase dominante estadounidense, el veto incluye a los refugiados sirios bajo el fraudulento pretexto de una supuesta “amenaza a la seguridad”.   En otras palabras, mientras que los cazas estadounidenses F18 llevan a cabo la matanza criminal de miles de civiles en lugares como Homs, Alepo y Raqa, se les tranca la puerta a los refugiados huyendo de las bombas norteamericanas.  El veto también se aplica a los ciudadanos yemeníes cuyo país está siendo destruido por un ejército saudita equipado con tanques y cazas estadounidenses.  Estos actos de agresión han seguido la destrucción desatada en Libia bajo la administración “liberal” de Obama.  De hecho, el mayor sembrador del terror en el mundo es el imperialismo estadounidense el cual ha librado dos décadas de guerras depredadoras en el Medio Oriente.

 

Sin embargo, hay otras contradicciones que se manifiestan en la histeria anti inmigrante promovida por la clase capitalista estadounidense.  Mientras se gastan miles de millones de dólares cada año para mantener la maquinaria bélica permanente y garantizar las ganancias de los grandes bancos y otras instituciones financieras, sucesivas administraciones demócratas y republicanas han colaborado para desmantelar los programas sociales que brindan una atención médica y la educación mínimas a los pobres e imponer políticas que hacen de la vivienda adecuada cada vez menos accesible a grandes sectores de la población.  En respuesta la ira popular engendrada por estas políticas, el Estado capitalista combina la promoción de formas grotescas de etnochauvinismo con el fortalecimiento de su aparato represivo.  Esto no sólo incluye la militarización de la policía para suprimir físicamente las manifestaciones de la oposición popular o el uso de las agencias de inteligencia para vigilar e interrumpir los esfuerzos para organizar a las masas, sino que también depende de la reorientación del aparato jurídico legal para darle a la represión estatal un “aire de legitimidad”.  A pesar de toda la retórica alrededor de sus supuestas alas liberales y conservadoras, el tribunal supremo, el cual forma la pieza central de todo el corroído aparato legal capitalista en EEUU, no es nada más que una fosa de la reacción.

 

Los comunistas defendemos todos los derechos democráticos de los oprimidos incluyendo los de inmigrantes que se trasladan de un país a otro en busca de trabajo así como los refugiados que huyen de la guerra. Tal como los capitalistas exigen el libre movimiento para su capital como parte de su insaciable búsqueda de ganancias, los trabajadores comunistas deben combatir los prejuicios étnicos, raciales y religiosos alimentados por las clases dominantes como un medio para debilitar la consciencia obrera y desviar la atención de la guerra que libran contra toda la clase obrera internacional.