Sobre la situación en la AEE (III)

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Por Rogelio Acevedo

 

Nota de la mesa editorial: este artículo de la serie toca el inesperado giro de la anulación del Acuerdo de Reestructuración (RSA) de la AEE por la Junta de Wall Street (JWS) y las implicaciones que tendrá este evento sobre el futuro de la corporación pública.

 

No cabe duda que uno de los acontecimientos más importantes en lo que ha sido la saga de la deuda de la AEE, ha sido la anulación del acuerdo de reestructuración (RSA) aprobado por la administración de García Padilla y ratificado por la de Rosselló con las agrupaciones de bonistas Ad Hoc AEE. Este acuerdo se enmarcaba dentro del Título VI, el cual implicaba una reestructuración orientada hacia la renovación de su base técnica y sobre la base de nuevas emisiones de bonos titularizados. Es decir, asegurados con el pago de la factura.

 

Este acuerdo siempre fue criticado por sectores minoritarios de estas agrupaciones de bonistas, que, sin embargo, tuvieron que suscribir ya que este mecanismo los obligaba a aceptarlo si la mayoría lo aceptaba. La crítica de sectores de bonistas se concentra en torno a mantener el RSA bajo el Título VI de Promesa o si incluir a la AEE dentro del Título III.

 

Sin embargo, desde hace varios meses, callada pero consistentemente, entró en escena un actor que ha sido clave en galvanizar la oposición al RSA, incluyendo congresistas como Rob Bishop, logrando efectivamente acentuar una fractura ya existente al interior de la JWS. Esta fue la Coalición del Sector Privado (CSP) quien lleva meses en una intensa campaña cabildeando en el congreso de EEUU y en los medios de comunicación burgueses argumentando que este acuerdo “afecta el desarrollo económico de Puerto Rico”.

 

El planteamiento básico de la CSP es que, por un lado, el RSA establece un alza paulatina de la tarifa en el costo del kilovatio hasta alcanzar los 21 centavos por hora, costo que sobrepasa por mucho el de otras jurisdicciones y que tiene el efecto de encarecer los costos. El otro aspecto que señalan es que el RSA se basa en nuevas emisiones de deuda y que, según la agrupación de capitalistas, a largo plazo no resuelve el problema de fondo: la enorme deuda de la corporación.

 

Llama la atención la conducta ambivalente de la JWS, al no lograr consenso sobre el RSA, hace una contrapropuesta que ha sido rechazada por algunos grupos de bonistas de la AEE. Al momento se desconocen los elementos específicos de esa propuesta, pero se sabe que un aspecto importante es la reducción sustancial del 15% sobre el monto que se destinará al servicio de la deuda a bancos y aseguradoras. Por otro lado, pareciera que mantiene su táctica de atender la deuda de la AEE dentro del Título VI a pesar de que los sectores que insisten en incluir la corporación dentro del Título III bajo el argumento que ese mecanismo responde a intereses particulares y no a la totalidad de los acreedores.

 

La lenta y ambivalente respuesta de la JWS tiene dos posibilidades: podría ser una cortina de humo para crear insatisfacción entre las agrupaciones de bonistas y pasarle la papa caliente a los tribunales bajo el Título III. De otra parte, podría ser cierta la denuncia de los opositores al RSA, quienes acusan a miembros de la JWS de insistir en el Título VI por estar sujetos a intereses de fondos buitres, dueños de gran parte de la deuda de la AEE.

 

Las masas trabajadoras deben estar conscientes de que cualquiera de las opciones que se nos impondrá será en detrimento de nuestros intereses. Por un lado, el Título III que provee un “proceso ordenado de quiebra que proteja los activos de la corporación” en nada servirá para mantener como propiedad pública esos activos. Solo servirá para obligar a las agrupaciones de bonistas a seguir un proceso dirigido por un tribunal de quiebras, los cuales han demostrado estar muy a tono con los intereses de esas agrupaciones. Mientras abrirá la puerta para el desmembramiento de la corporación con la privatización de sus plantas generatrices a distintas empresas por medio del nefasto “modelo” de las APP.

 

Por otro lado, el Título VI establecerá un nuevo proceso de renovación de la infraestructura de generación pagado con deuda nueva titularizada mediante la Corporación de Revitalización de la AEE y asegurada con el pago de la factura. De la misma manera, este modelo abrirá la puerta a que distintas agrupaciones de capitalistas se apoderen de esa infraestructura nueva bajo APP.

 

La importancia primordial que todos estos conflictos interburgueses tienen para la clase obrera es que los hechos demuestran la cruda realidad del sistema de explotación: este “conflicto” se reduce a una vulgar pugna entre agrupaciones de capitalistas por cuál se apodera de la AEE. Ni la CSP ni mucho menos la JWS, les interesa que la AEE permanezca en manos públicas, ni mucho menos satisfacer las necesidades y el acceso de las masas a la energía eléctrica. Solo ven sus estrechos intereses de cómo convertir la AEE en otro negocio rentable que les genere jugosas ganancias mientras colocan sobre nuestras espaldas los costos de esas inversiones.

 

Es por esto que la única alternativa para preservar todas las intrumentalidades que dan servicio a la sociedad en manos públicas es con la clase trabajadora en el poder político. Solo con la organización de consejos obreros en todas las empresas, industrias, comunidades nos colocará en posición de capacitarnos para tomar las riendas del Estado bajo control obrero. Solo el socialismo garantizará nuestros empleos, nuestras pensiones, nuestras escuelas y nuestros recursos naturales y los preservará de la voracidad capitalista.

 

¡Revolución o sometimiento!

¡Comunismo o barbarie!