Sobre la situación en la AEE (II)

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Por Rogelio Acevedo

Nota editorial: Este es el segundo de una serie de artículos dedicados a analizar la situación de la AEE y sus efectos en el territorio ante la coyuntura de Promesa. En este se analiza el aspecto del despilfarro en contrataciones de todo tipo, que han minado la capacidad económica de la corporación y servido para la acelerar el proceso de privatización de sus operaciones.

El gasto en las contrataciones es una de las áreas donde se observa con más claridad el derroche de fondos públicos en la AEE. La AEE es la corporación pública más grande del territorio, como a nivel de los EEUU, con un presupuesto anual cercano a los $4,000 millones anuales. Por sus características altamente técnicas, como por su capacidad de generar ingresos, la AEE ha sido utilizada por todas las administraciones territoriales como herramienta de pago y mantengo a donantes de los partidos burgueses, a intermediarios de empresas privadas, para emisiones de deuda pública. Es decir, para perpetuar la corrupción y la explotación.

La página de la Oficina del Contralor reveló entre los años 2012-2017 la firma de 3,581 contratos hechos por la AEE para diferentes tipos de servicios. Este periodo representa solo una muestra escogida al azar.

Sabemos que hay contratos que son necesarios para la ejecución de sus funciones como la compra de combustibles, otros insumos y determinados tipos de asesoría técnica para sus operaciones. Sin embargo, la mayoría de los gastos en contrataciones están relacionados a otros servicios que no tienen relación en lo que refiere a su operación. Más aún, la gran mayoría de esas contrataciones ocurren en ámbitos para los cuales la AEE tiene los recursos para proveerlos sin recurrir a gastos adicionales, en particular a lo que refiere a aspectos técnicos de infraestructura y operación.

Existen decenas de contratos firmados recientemente con los fondos buitres que no reflejan montos pagados, ya que están relacionados con el Acuerdo de Reestructuración (RSA), en lo que se implementan las nuevas condiciones de pago impuestas en el mismo. Otro aspecto importante es la segmentación de los contratos, que es una práctica habitual para disfrazar la corrupción gubernamental en el territorio. La segmentación se usa comúnmente como pantalla para disfrazar contratos millonarios tras la justificación de que “cada contrato cubre aspectos particulares de las funciones para las que se contrata”.

Los contratos para la RSA están firmados principalmente con aseguradoras municipales, bancos de inversiones como Goldman Sachs, las filiales de inversiones financieras de Scotiabank y Banco Popular. El principal grupo está compuesto por fondos de cobertura como: Solus, Assured, AG Funds, Nutmeg Partners, Bluemountain, Franklyn, Knighthead, Marathon, KTRS Credit Fund, Oppenheimer, Massmutual International Holdings. Muchos de estos fondos buitres poseen bonos de diversas corporaciones públicas y de agencias gubernamentales del territorio.

Como muestra se seleccionaron contratos que sobrepasan los $500 mil en cuatro renglones donde la AEE destina gran parte de las contrataciones por servicios y asesorías: consultoría financiera y administrativa, gestiones de cobro, asesoría legal y, construcción de infraestructura. Desde luego, dentro de estos renglones, así como en otros numerosos servicios aparecen registrados cientos de contratos, pero que, por sus montos y tipos de servicio, son indicativos de favores a amigos y allegados.

A continuación, se muestra el gasto en contrataciones en estos cuatro renglones alcanza la suma de $151, 779, 545. Dentro de estos el mayor se relaciona a la consultoría administrativa y financiera con Alix Partners a la cabeza con $47, 789, 720. Estos contratos están relacionados precisamente al proceso de negociación con los bonistas para la reestructuración (RSA) recientemente aprobada. El otro renglón de mayores gastos es el de asesoría legal que alcanza los $53, 362, 096, también estrechamente relacionadas al RSA como muestra la presencia de Cleary Gottlieb.

Las contrataciones para construcción y mantenimiento de infraestructura que alcanzan los $33, 547, 120 han servido para la justificación de privatización para lograr “maximizar el uso de recursos” a la misma vez que han ido debilitando los talleres de la corporación encargadas de esas funciones. Este aspecto se ha hecho evidente en las escandalosas contrataciones para la producción y compra de energía renovable hechas en años recientes, donde las sumas alcanzan los miles de millones de dólares.

Resaltan también los contratos para el cobro de deudas, particularmente los $4.5 millones al Banco Popular, quien desde su filial Popular Securities ha tenido participación en la venta de bonos de otras instancias gubernamentales. Algunos contratos con el BPPR identificados como “transferencias de fondos” comprueban el patrón cada vez más común de los administradores del territorio de utilizar la banca privada para depositar fondos públicos. Esta aparente acción inocente de poner en manos privadas dineros públicos tiene la grave implicación de que capitaliza estos bancos poniendo en riesgo esos depósitos.

Este despilfarro de fondos públicos y malos manejos en la AEE, que ha sido denunciado por años por la UTIER, resulta extremadamente contradictorio si se considera el paquete de medidas de austeridad que se implementarán a los ámbitos presupuestarios y del pago de salarios y otros beneficios a los trabajadores. La administración de la AEE ha argumentado contra los “altos salarios y beneficios de la plantilla de empleados”, justifica los recortes de partidas y personal para mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, ha defendido tenazmente los contratos millonarios en asesorías y subcontrataciones a la misma vez que se desmantelan las divisiones encargadas de hacer esas mismas tareas a menor costo.

Esta pequeña muestra ejemplifica la corrupción generalizada que impera en la camarilla que administra la AEE. Además, la utilización de amplios recursos de la corporación, no solo para fortalecer el control de inversionistas y privatizadores, sino para ir transformándola en su funcionamiento en una entidad que sirva a esos intereses privados y no a la sociedad.