Sobre la situación en la AEE (I)

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Por Rogelio Acevedo

 

Nota de la mesa editorial: Este será el primero de una serie de artículos que realizará Abayarde Rojo sobre la situación en la AEE y exponer a la clase trabajadora el enorme esquema de saqueo que se orquestra actualmente dentro del Plan Fiscal (PF) de la Junta de Wall Street (JWS). Este es un tema de vital importancia para la clase trabajadora y las masas por las serias implicaciones que tiene para nuestro desarrollo económico, nuestro derecho al acceso a la electricidad y el esquema de explotación que sufrimos bajo el régimen actual. En este artículo trataremos sobre el acuerdo de reestructuración (RSA) que con tanta fanfarria han celebrado los administradores del territorio.

 

Como parte de la ley Promesa, la Junta de Wall Street (JWS) es la entidad que tiene el control directo de las principales corporaciones públicas, entre ellas la AEE. Esto se explica en que son las corporaciones públicas las que generan mayores ingresos para el Fondo General (FG) y por tanto, principales “instrumentalidades” emisoras de deuda del territorio.

 

Se ha estado discutiendo públicamente por varios años la enorme deuda que acumula la AEE de cerca de $9 mil millones. Durante la administración de AGP se logró un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) con las diferentes agrupaciones de bonistas que, con algunas enmiendas mínimas de la administración actual, logró dos aspectos necesarios para los capitalistas: preparar a la corporación para regresar al mercado de bonos municipales y; acogerse al Título VI de Promesa. Sin embargo, ese acuerdo de reestructuración (RSA) abarca transformaciones en distintos aspectos como infraestructura y funcionamiento que merecen pasar revista por el serio impacto que tendrá sobre la vida cotidiana de los trabajadores.

 

Esquema de endeudamiento

 

Durante el periodo entre 2004 y 2009, con la llegada de los fondos buitres, se implementó en la AEE un patrón de endeudamiento que correspondía a un plan general establecido por sectores de la banca para el territorio. Se caracterizó por la emisión de instrumentos financieros cada vez más tóxicos bajo condiciones que rayaron en la ilegalidad burguesa. Igual que para la deuda del territorio (GOB, COFINA), el propósito de lograr esas emisiones era aumentar la capacidad de endeudamiento de la AEE.

 

De la misma forma que hicieron con las agencias del ELA, bancos como JP Morgan Chase y UBS ganaron cientos de millones en un esquema que iba más allá de vender bonos tóxicos. El esquema, consistía en que estos bancos participaban en toda la cadena del tráfico de esos bonos:

 

  1. Asesoraban a la AEE a realizar emisiones de interés capitalizado (usados para pagar intereses de deudas previas) que atrajeron a los buitres.

 

  1. Cobraban jugosas comisiones por asegurar la venta de esos bonos.

 

  1. Cobraban jugosas sumas en penalidades sobre los intereses acumulados por los instrumentos financieros.

 

Nuevamente vemos la participación que han tenido los bancos, sus filiales de inversiones, bufetes, toda clase de intermediarios en la crisis actual y, en la atroz explotación que sufrimos las masas trabajadoras. Movidos por la tentación de la triple exención contributiva que disfrutan los bonos del territorio en el mercado de bonos municipales de EEUU, continuaron impulsando una agenda de endeudamiento masivo, aun conociendo la grave situación de la AEE.

 

¿En qué consiste la RSA?

 

El acuerdo de reestructuración al que llegaron los administradores del territorio con las agrupaciones de bonistas durante la administración de AGP fue uno altamente ventajoso para los buitres. Siguiendo el patrón que ya hemos observado, compraron deuda a una fracción de su valor, colocándolos en una posición de incidir directamente en las decisiones sobre la corporación por medio de demandas y tribunales.

 

Este acuerdo incluye aspectos relacionados a la privatización del componente de generación (con las APP), inversión de mejoras capitales o infraestructura y, al ámbito financiero. Otros dos elementos importantes fueron incluir a la AEE dentro del Título VI de Promesa y suspender el pago del principal por 8 años. Estos aspectos financieros son cruciales para el “relanzamiento” de la AEE al mercado ya que, al mantenerla fuera del Título III (capítulo de quiebra) no se devalúan los nuevos bonos que emitirá la recién creada Corporación para la Revitalización de la AEE. La función de esta nueva corporación será aumentar la capacidad de endeudamiento de la AEE bajo las nuevas condiciones que impondrá el acuerdo. Es similar en forma y contenido a COFINA, y será la encargada de generar y absorber la deuda que se emitirá en la forma de bonos titularizados (“securitized bonds”).

 

La titularización implica el intercambio de los bonos devaluados por otros nuevos de mayor valor, emitidos por la entidad “revitalizada”. Los bonos titularizados (securitized bonds), como todos los bonos, tanto del gobierno como de una instrumentalidad como la AEE son titularizados.  Esto se refiere a la conversión de un flujo regular de ingresos (impuestos, facturas) en fuente de repago de un instrumento de deuda – el bono.  El RSA esencialmente extiende los términos de la deuda, además pone como garantía cargos fijos adicionales como parte de la factura, incluyendo otros activos de la AEE para los bonistas.

 

Con la aprobación reciente de la ley 26 de Cumplimiento del Plan Fiscal, se faculta a la administración del territorio por medio de la AAFAF, Hacienda y OGP a aumentar las tarifas de las corporaciones públicas. Este fue un requisito para que, en caso de que bajen los ingresos por menos consumo, se mantenga una tasa estable que cumpla con las exigencias de la JWS. Este esquema de “revitalización” aplicará a todas las corporaciones públicas.

El otro aspecto es lo que el RSA denominó como “externalizaciones” que consisten en la venta, concesión o arrendamiento de infraestructura de la AEE. Esto significa que se desmembrará el modelo de “circuito” actual donde todos los componentes de producción están interconectados. En su lugar, se construirán plantas nuevas y más eficientes que operarán independientemente a base de gas natural y propano, operadas por estas nuevas empresas bajo el modelo de APP. En ese sentido, la titularización es fundamental porque esas emisiones, que oscilarán entre los $7,650 y $8,350 millones, se utilizarán para atraer inversionistas, para la compra-venta y construcción de esas plantas.

 

¿Para qué sirve la RSA?

 

Este acuerdo, con sus particularidades, sigue el patrón de explotación por medio de la especulación financiera basada en la propiedad pública, en este caso la AEE. Sin embargo, cuando observamos el panorama más amplio podemos ver a grandes rasgos el plan que tienen los capitalistas con el territorio.

 

En resumidas cuentas, como se llegó al límite de extracción bajo el modelo anterior, se creó una entidad para emitir nueva deuda que utilizará ese dinero para construir plantas nuevas y más eficientes. Con estas plantas se reducirá la cantidad de trabajadores necesarios, y atado a la facturación, se reiniciará un nuevo ciclo de explotación que proyecta generar ganancias fabulosas a todos sus inversionistas. Esta revitalización se basa en dos componentes principales: el regreso de la AEE a los mercados financieros y la renovación de la base técnica de producción, ambas bajo nuevas condiciones en lo que respecta a la propiedad de la infraestructura, los ingresos que generará y las necesidades de las masas.

 

Todo este proceso va atado al plan que tienen los capitalistas para crear nuevamente las condiciones necesarias para la inversión en el territorio: bajando el valor del trabajo con leyes antiobreras, recortes en servicios y el desmantelamiento de leyes de protección ambiental. En ese sentido, las principales corporaciones públicas (AEE, AAA, ACT) son fundamentales para fortalecer el nuevo aparato productivo y de servicios y atraer la inversión extranjera.

 

Es por esto que los trabajadores de la AEE y la clase obrera en general debemos organizarnos para luchar contra estos planes. Las masas trabajadoras debemos tener conciencia de que este es un renglón estratégico, ya que el control de la producción eléctrica debe responder a los mejores intereses de la sociedad. Además, la clase obrera y las masas trabajadoras debemos reivindicar el acceso a la electricidad como un derecho y que no debe estar sujeto a los intereses de un grupito de gente ociosa.

 

¡Organicemos consejos obreros!