Secuaces coloniales subastarán a hospitales públicos

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Por Ismael Castro

El ritmo frenético de la venta de activos públicos parece no tener límites bajo la administración del PNP. La semana pasada las dos cámaras de la legislatura territorial aprobaron un proyecto de ley elaborado por Rivera Schatz para acelerar la privatización de hospitales públicos. El proyecto de ley exime de la privatización a varias instituciones que forman parte del Centro Médico en Río Piedras. Sin embargo, los hospitales públicos más pequeños y regionales, que muy a menudo dependen del apoyo económico municipal, se pondrán a la venta.

 

Con esta medida, la administración territorial facilitará el acceso directo de las empresas capitalistas a los fondos públicos derivados de los impuestos de Medicaid y Medicare mientras se lavará las manos de cualquier responsabilidad por la salud pública. La privatización de los hospitales no es sólo un ejemplo más del saqueo de los recursos públicos, sino que representa una abdicación de una de las responsabilidades más fundamentales del gobierno. Es otra manifestación de la bancarrota política que caracteriza al gobierno territorial.

 

La infraestructura médica en Puerto Rico refleja toda la insuficiencia de la medicina capitalista en general. Para atender a una población de 3,4 millones de personas hay actualmente 69 hospitales registrados. Esto deja un balance de un hospital por cada 49.000 habitantes. La inmensa mayoría de los hospitales locales y regionales, tanto públicos como privados, además de carecer de suficiente personal, también carecen de equipo adecuado y muchos otros elementos materiales básicos para prestar una atención de calidad al paciente. En Puerto Rico las salas de emergencia súper llenas, esperas que parecen interminables para las citas, la necesidad para quienes no viven en el área metropolitana de recorrer largas distancias para ver a un especialista y cada vez más onerosos “costos de bolsillo” son problemas comunes que enfrentan los pacientes de extracción obrera. El proyecto de ley aprobado por la legislatura territorial, que de seguro será firmado por Rosselló, no hará nada para resolver estos problemas.

 

Después de años de financiación inadecuada como parte de una campaña perversa de negligencia deliberada, los representantes políticos del capitalismo en el territorio han decidido aprovecharse del muy conveniente pretexto de la crisis fiscal para entregar a intereses privados lo que queda de los principales componentes de la infraestructura médica. Esta infraestructura sirve a lo que es el segundo renglón económico del país, después del gobierno, en términos de empleos. Además del impacto de la privatización sobre la fuerza laboral, las consecuencias de la eliminación de los hospitales públicos fuera de las instituciones del Centro Médico repercutirán de manera inmediata al reducir aun más el acceso al cuidado médico para las masas de trabajadores y la población marginada, particularmente en las áreas rurales.

 

Por lo general, la venta de hospitales públicos resulta en una reducción del acceso a los servicios médicos esenciales, aunque no rentables, como las diversas formas de atención ambulatoria, estancias hospitalarias en promedio más cortas bajo la excusa de “eficiencia”, así como el aumento de los costos para los pacientes. Las condiciones laborales para los trabajadores médicos en los hospitales privatizados también experimentarán cambios profundos, ya que los ejecutivos corporativos motivados por el afán de lucro exigirán “mayor productividad” mientras imponen otras medidas de “reducción de costos”.

 

Incluso aquellas instituciones que forman parte del Centro Médico no sujetas a la venta a corto plazo experimentarán mayores presiones debido a la privatización de otros hospitales. Además de las presiones causadas por la reducción del acceso a la atención médica en otros hospitales recién privatizados, quedan interrogantes serios sobre el impacto de la privatización sobre los “hospitales de enseñanza“. De todos modos, la exención de las instituciones del Centro Médico de la privatización desmiente el mito deliberadamente propagado de que las instituciones públicas son inferiores a las privadas. Reconocido como la “joya coronada” de la región, el Centro Médico es un ejemplo de lo que puede desarrollar en el área de servicios esenciales mediante la financiación y administración públicas.  No obstante, la futura posibilidad de sacar jugosas ganancias del llamado “turismo médico”, el cual dependería de las instituciones del Centro Médico, aumentará las presiones para privatizar a éstas también.

 

Los comunistas denunciamos la profundización de la campaña para privatizar los servicios esenciales como los hospitales. Exigimos un programa masivo de inversión en la infraestructura médica para hacer frente a la crisis de salud pública generada por el capitalismo en Puerto Rico. Dicho programa crearía una red ampliada de hospitales públicos bien equipados y dotados de personal suficiente en todo el país, así como un sistema de atención médica universal garantizada. Cada vez más, las masas trabajadoras se están despertando a la realidad del fracaso de la medicina capitalista. Sólo un sistema socialista de medicina – imposible sin que los trabajadores tomen control de los órganos del poder político – puede resolver la crisis de la salud pública heredada del capitalismo.