Los capitalistas abandonan pretensiones democráticas

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Por I. Castro

 

La propuesta para agilizar la aplicación del proyecto de ley 743, el cual se anticipa ser aprobado en la legislatura territorial, delata el deseo de los capitalistas de suprimir toda oposición a las políticas impulsadas por la administración actual. De aprobarse la propuesta, en vez de aplicarse después de 90 días, la nueva ley que enmienda el Código Penal entraría en vigor de manera inmediata.

 

Las implicaciones de este cambio no pueden sobreestimarse. El proyecto de ley 743 no sólo resalta el completo socavamiento de los principios democráticos fundamentales al criminalizar las protestas populares, el deseo de acelerar la aplicación de la misma pone de manifiesto el grado en que los secuaces territoriales anticipan más manifestaciones masivas contra sus políticas en los días venideros.  Tanto el proyecto 743 como su aplicación acelerada representa un fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado.

 

Desde AbayardeRojo hemos denunciado la criminalización de la protesta popular representada por dicho proyecto de ley. Entre sus aspectos más notorios, el proyecto de ley criminalizaría las manifestaciones en que se impidan obras de construcción, el movimiento de terrenos, la entrada a escuelas o la colección de impuestos.  También convertiría en crimen mayor la ocupación de terrenos o propiedad.

 

No habrá ninguna oposición seria a esta medida de la llamada oposición dentro de la legislatura territorial.  El PPD no sólo ha sido cómplice en los ataques contra las masas populares, sino que también allanó el camino para que la PNP ganara la última ronda de elecciones territoriales y tomara control de la legislatura a consecuencia de sus propias políticas antipopulares.  Su “oposición” a las políticas de la administración de Rosselló son esencialmente actos de teatro político.

 

Los propuestos cambios al Código Penal no pueden separarse de otras medidas tales como el nombramiento de una ex militar para dirigir la Policía, la mayor militarización de la Policía o la decisión de radicar cargos contra estudiantes por “delitos graves” tales como el interrumpir a una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR. La hipocresía de los defensores del capitalismo en el territorio es flagrante.  Los mismos que proclaman “ley y orden” para suprimir la protesta popular trabajan incansablemente para ocultar los actos criminales de los agentes financieros llevados a cabo en colusión con toda la politiquería territorial.  La llamada “ley y orden” sólo se aplica a la supresión de las masas populares cuando se defienden contra las medidas de austeridad impuestas para salvaguardar las ganancias capitalistas.  Para los capitalistas y sus agentes que esquivan sus propias leyes, estos mismos politiqueros actúan para asegurar su impunidad.

 

Empero, el uso de medios legales para suprimir la lucha de las masas no se limita a Puerto Rico. Este fenómeno forma parte de uno más amplio en el que los capitalistas y sus representantes políticos se están preparando para una intensificación de la lucha de clases.  En Francia, esto se puede ver en la imposición de un “estado de emergencia” durante casi dos años que se está utilizando para la represión de los obreros en protesta contra la imposición de medidas de austeridad. Debe notarse que el recién electo Macron se ha pronunciado a favor de mantenerse el estado de emergencia.  En Estados Unidos ha habido una nueva ola de leyes estatales que reprimen las protestas y las manifestaciones públicas. Algunos ejemplos incluyen penas más severas por la invasión de “infraestructura crítica” como oleoductos (Oklahoma), inmunidad para conductores que hieren a manifestantes que bloquean las calles (Tennessee), la criminalización del uso de máscaras durante las manifestaciones y la redefinición de “motín” para incluir a una reunión de cinco o más personas (Dakota del Norte).

 

Estos ejemplos no sólo evidencian el carácter clasista del sistema legal dentro de la sociedad capitalista el cual impone todo su peso cruel sobre los pobres y los que se atreven desafiar al actual orden social, sino también la verdadera naturaleza de la democracia burguesa.  Dentro de la sociedad capitalista la democracia siempre es limitada; siempre es reservada únicamente para los ricos que defienden el orden capitalista.  De hecho, ya los capitalistas mismos no creen en sus propios principios democráticos.  Cada vez más abandonan toda pretensión democrática mientras marchan invariablemente hacia formas autoritarias de gobierno.  En este sentido, el dúo de Rosselló y Rivera Schatz no es más que un reflejo en el territorio de Trump y la pandilla de militares y ultra reaccionarios que ocupan su administración en la metrópoli.

 

Sólo la clase obrera puede garantizar los derechos democráticos de la mayoría. Sin embargo, a diferencia de las falsas pretensiones de los capitalistas que proclaman a los cuatro vientos: “derechos democráticos para todos” mientras desatan todos los medios a su disposición para suprimir la voluntad democrática de la mayoría, la clase obrera revolucionaria declara abierta y honestamente: “Nuestra democracia es para la mayoría que trabajan! ¡No concederemos un ápice de democracia a los explotadores capitalistas o a sus defensores!