El mito del “recorte”

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Rosellito, títere de Wall Street

Por: Ismael Castro

La administración territorial ha anunciado un acuerdo con los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en el que los bonistas aceptaron un recorte que varía del 25% al 45%.  Esto es una farsa.

Entre los bonistas que llegaron al acuerdo con la administración territorial se encuentran los fondos de cobertura Fir Tree Partners, Avenue Capital Management, Brigade Capital Management y Solus Alternative Asset Management.  Como se ha señalado en varias ocasiones, estos fondos de cobertura adquirieron la mayoría de sus bonos a precios de ganga durante los últimos años cuando la calificación crediticia de Puerto Rico ya había sido degradada por las agencias calificadoras de crédito.  (Se recuerda que el precio de mercado y las tasas de interés de los bonos tienen una relación inversa.)  La idea de que un fondo de cobertura, cuya estrategia de inversión se basa precisamente en la adquisición de bonos a precios de descuento para entonces litigar con el objetivo de extraer el valor nominal entero de la deuda, acepte voluntariamente una pérdida es inconcebible.  ¡Y más todavía cuando se sabe que tienen en la administración del territorio un socio que fielmente cuidará sus intereses!

Lo que realmente ha sido revelado por el acuerdo es cuán bajo fue el precio al que se adquirieron los bonos.  Aunque no se sabe las cifras exactas, incluso unos bonos adquiridos al 45% del valor nominal en 2014, obtendrían, bajo los términos del reciente acuerdo, un beneficio mínimo de 10% en tres años, lo que en el clima actual para los inversionistas sería superior a la ganancia anual promedia.  ¡Y esto no toma en cuenta los pagos de cupones semestrales que sólo se suspendieron temporalmente durante el último año!

Sin embargo, lo que es más revelador sobre el acuerdo es lo que los bonistas ahora pueden reclamar.  Entre los activos que se transferirán al nuevo ente que asumirá responsabilidad para sus haberes figuran las deudas de los municipios al banco.  En otras palabras, los bonistas ahora tendrán acceso directo a los ingresos municipales, como los impuestos a la propiedad como parte de un futuro régimen tributario reestructurado, los cuales servirán como garantía para los nuevos bonos que se emitirán para reemplazar a los ya existentes.

Lo que los lacayos coloniales presentan fraudulentamente como un ‘sacrificio’ para los bonistas es, en realidad, un margen de ganancia un poco superior al promedio para una inversión de alto riesgo, en este caso los bonos del BGF, combinado con el potencial de saquear nuevos flujos de ingresos por concepto de impuestos municipales para aquellos que decidan permanecer vinculados a la deuda territorial.

Tal es la realidad del llamado “recorte de pelo” que sufrirán los bonistas.