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Departamento de Justicia federal abandona pretensiones de combatir abuso policiaco

Por Ismael Castro

 

El fiscal General federal, Jeff Sessions, emitió una orden esta semana para revisar los acuerdos entre el Departamento de Justicia y varias agencias policiacas a través de EEUU. En un memorando sometido al tribunal federal en el estado de Maryland, Sessions argumentó que “No es la responsabilidad del gobierno federal supervisar a agencias policiacas no federales.”

 

La supervisión de agencias policiacas locales por el Departamento de Justicia a través de “decretos por consentimiento” (consent decrees) en años recientes ha surgido como producto de muy documentadas prácticas de abuso policiaco sistemático.  Bajo la administración de Obama, que dio continuidad a la misma política de militarización de la policía que sus predecesores mediante el suministro de armamento y equipo grado militar a departamentos locales a través de EEUU, varios casos destacados de asesinatos policiales de jóvenes de extracción obrera provocaron consternación masiva y llamados para investigar prácticas de abuso sistemático.  Dichas investigaciones por ex funcionarios del Departamento de Justicia resultaron ser una farsa ya que los departamentos policiales a través de Estados Unidos (y en Puerto Rico) continúan aumentando sus prácticas represivas, particularmente en las comunidades obreras.  Sin embargo, la orden recién emitida por Sessions representa el abandono incluso de esa mezquina pretensión.

 

En su memorando, Sessions ordena a funcionarios del Departamento de Justica a revisar los acuerdos que tienen con agencias locales para implementar programas de adiestramiento en áreas de relaciones comunitarias y programas de reforma colaborativos. Dichos acuerdos, que fueron requeridos de los departamentos policiales con récord de abusos sistemáticos, serán debilitados si no eliminados por completo para asegurar alineamiento con los nuevos “principios” institucionales que Sessions adelanta.  Con sumo cinismo, el fiscal General Sessions ha justificado esta movida con el reclamo de que, “Las fechorías de los malos actores individuales no deben impugnar o socavar el legítimo y honorable trabajo realizado por los agentes y las agencias policiacas para mantener seguras las comunidades americanas.

 

Las implicaciones de la nueva orden federal para Puerto Rico no deben pasar desapercibidas por activistas pro derechos civiles, de las comunidades marginadas u organizadores laborales. El Departamento de Policía de Puerto Rico, que tiene una larga trayectoria de supresión de derechos y corrupción, es considerado entre los peores entre las jurisdicciones estadounidenses en términos de uso excesivo de fuerza y fuerza letal, la supresión de protestas pacíficas, incumplimiento con las reglas para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género, etc. Entre 2005 y 2010 se efectuaron 1.700 arrestos de agentes de la policía (10% del número total de agentes) en Puerto Rico por crímenes tales como asesinato, asalto, robo, violencia doméstica y narcotráfico.  El infame caso del asesinato de Miguel Cáceres Cruz en 2007 quedó marcado en la memoria colectiva como un ejemplo más de los crímenes cometidos por la policía territorial. De hecho, la Policía de Puerto Rico fue objeto de una extensiva investigación del mismo Departamento de Justicia federal que duró entre 2008 y 2011. Dicha investigación concluyó que el abuso y la corrupción eran sistemáticos y resultó en la imposición de un decreto por consentimiento en 2012 para iniciar reformas tales como el adiestramiento de agentes de policía en el trato con el público y el uso de fuerza, la investigación de querellas civiles, y la disciplina de agentes.  A pesar de dicha conclusión, la corrupción rampante sigue caracterizando a la Policía en el territorio.

 

La administración de Rosselló ha intentado iniciar “reformas” a la Policía mediante el nombramiento de una ex militar especializada en espionaje informática. No obstante, una de las primeras propuestas de Hernández fue aumentar la solicitud de fondos federales para la compra de equipo militar, práctica de se ha vuelto común en los estados. Al mismo tiempo se ha criminalizado la protesta a través de medidas legislativas. De esta manera, la clase dominante en el territorio busca modernizar sus aparatos de represión política mediante una combinación de la innovación tecnológica y la introducción de instrumentos de fuerza bruta.

 

Los estrategas de la clase capitalista, tanto en el territorio como en la metrópoli, comprenden muy bien la reacción popular que su política pública provocará. Por eso preparan para la supresión violenta de las inevitables manifestaciones de ira popular que se avecinan.  Tanto Sessions en EEUU como el dúo de Vázquez y Hernández en Puerto Rico están cumpliendo con su tarea asignada de eliminar cualquier traba al uso de policías locales en la represión de la protesta popular.  Ante esta realidad las masas obreras que se oponen a los ataques llevados a cabo por la clase capitalista tendrán que organizarse para la autodefensa.  El Estado capitalista ya no puede reformarse.  Entre las muchas lecciones históricas que los obreros tendrán que asimilar es la necesidad de confrontar fuerza con fuerza.

 

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