Lucha entre bonistas: táctica conducente hacia la quiebra territorial

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Por Rogelio Acevedo

 

A medida que se acerca el 1 de mayo como fecha límite de la moratoria para litigios contra el gobierno según Promesa, se intensifican las presiones entre los distintos grupos de bonistas para lograr recuperar sus fraudulentas inversiones. Estas agrupaciones han empleado diversas tácticas para acrecentar esas presiones en distintas instancias de acuerdo a sus intereses y posibilidades.

Por ejemplo, los llamados bonistas del patio han concentrado su ofensiva en torno a los medios de comunicación combinada con intenso cabildeo con ciertos sectores de la administración territorial. Mientras que los fondos de cobertura o buitres, han invertido obscenas sumas de dinero para asegurar el apoyo de poderosos sectores congresionales, así como de los tribunales particularmente a nivel federal. Por otro lado, los fondos buitres de la AEE han impulsado calladamente un proceso de negociación con el gobierno a la medida de sus intereses que los ha colocado en ventaja respecto a las otras agrupaciones.

El Plan Fiscal (PF) recientemente aprobado por la Junta de Wall Street (JWS) ha sido el elemento que ha desatado la lucha abierta entre estas agrupaciones debido a que destina $787 millones al llamado “servicio de la deuda” por los próximos diez años. Estas condiciones implican que habrá menos dinero para pagar a una larga lista de bonistas, sin contar otras deudas contraídas por el gobierno como líneas de crédito tomadas a bancos locales. Las batallas recientes entre bonistas GO’S y Cofina, junto a las acciones tibias, tanto de la JWS, como de la administración Rosselló, para negociar con las distintas agrupaciones, indican que existe un plan conducente al Título III, es decir, a la quiebra del territorio.

 

¿Por qué es más conveniente para los capitalistas la quiebra del territorio?

 

En esta coyuntura es importante recordar que en el pasado la administración de García Padilla argumentó que una forma de “proteger a Puerto Rico de sus acreedores” era acogiéndose al Capítulo 9 de quiebra federal o a otro tipo de proceso similar. A la luz de los intereses y necesidades de las masas obreras, ni el procedimiento de quiebras bajo el Título III, como tampoco el Título VI, están diseñados para protegernos. Ambos están diseñados para acrecentar nuestro nivel de explotación favoreciendo los intereses de los capitalistas. Veamos.

La ley Promesa planteó dos parámetros para reorganizar las finanzas del territorio y establecer un proceso “ordenado” de reestructuración de la deuda pública: el Título III y el Título VI. El Título III establece un proceso de quiebras administrado por un tribunal federal, ya sea en el territorio, o en EEUU, dependiendo del tipo de deuda. Mientras que el Título VI crea un proceso de negociaciones con los bonistas sin la intervención de un tribunal, y que los acuerdos a los que se llegue con la mayoría, serán vinculantes para todos.

A primera vista pareciera que el Título III asegura un método para que el gobierno proteja sus activos (infraestructura, patrimonio natural e histórico, etc) de demandas en lo que se establecen acuerdos con los bonistas. Sin embargo, el aspecto de mayor peligro para la sociedad es que este método provee para que las agrupaciones de bonistas puedan tener acceso a esos activos como forma de pago, lo que pone al alcance de sus manos el patrimonio colectivo. Ya hemos visto como el gobierno ha levantado un inventario de la propiedad pública que será subastada como “tributo” a estas agrupaciones y que servirán para afianzar su propiedad de los bienes sociales bajo la modalidad de APP, como es el caso de las autopistas. Encima hemos sido testigos de cómo los tribunales son muy afines a proteger los intereses de los capitalistas como ha sido el caso de los “bonistas del patio”.

La ley Promesa también establece que será la JWS la encargada de solicitar el proceso de quiebra en el tribunal, quien ha mantenido una posición de conducir el proceso bajo el Título VI. Tanto el contenido del PF y la dilatación del proceso de negociación, demuestran que favorecen la opción del Título III. Esta misma posición es la que ha asumido la administración Rosselló, quien junto a los bonistas GO’S y los de Cofina se han aliado en contra del grupo Ad Hoc AEE.

Aparte de que el Título III “simplifica” para la JWS el proceso de saqueo de los bienes públicos, algunos de sus miembros, como Carlos García y José González, representan intereses del Banco Santander, uno de los mayores traficantes de bonos de Puerto Rico. Como resultado de sus operaciones como asegurador e intermediario, Santander ha obtenido ganancias cercanas a $1,000 millones.

 

Todos contra el grupo Ad Hoc AEE

 

A pesar de todas estas luchas más o menos intensas entre agrupaciones de bonistas, todas se han puesto de acuerdo, aceptando las condiciones del PF, para “meter” en el proceso de quiebra al grupo Ad Hoc AEE. Este grupo negoció con Alix Partners y Lisa Donahue un acuerdo muy favorable donde condonaban solo el 15% de la deuda y bajo el método de titularización se apoderarían de los ingresos procedentes de la facturación. Por supuesto, este grupo se opone al Título III porque bajo los términos del PF tendrán que condonar un mayor porcentaje de deuda, impondrá límites a emisión de nueva deuda, así como extiende el plazo de vencimiento de esos bonos.

Tal y como demostró la vista celebrada ayer en el Subcomité de Asuntos Indígenas, Insulares y Nativos de Alaska parece que la ventaja que llevaban los Ad Hoc AEE sobre las otras agrupaciones de bonistas se ha desvanecido. El aspecto de generación de energía es uno primario en el escenario de Promesa y la JWS utilizará todos sus poderes para garantizar los mejores intereses de los capitalistas que representan, a nivel federal y del capital financiero.

 

¿Qué importancia tiene para la clase trabajadora estas luchas entre capitalistas?  ¿Cuáles son sus implicaciones ante esta ofensiva general?

 

No importa qué bando salga vencedor en este conflicto. El resultado de estas luchas entre capitalistas tendrá graves consecuencias para las masas trabajadoras en Puerto Rico.  Nos encontramos ante un panorama altamente fluido y complejo, donde impera la confusión. La lección más importante que debemos sacar de este proceso es que estas clases explotadoras se preparan para asestar una serie de golpes nunca antes vividos por la clase trabajadora y los desposeídos en nuestro país. Se repartirán todos los bienes que hemos construido por décadas, nuestros recursos naturales y eliminarán todo lo que no les resulte “rentable” para sus inversiones. Es decir, cortarán los mismos servicios esenciales que alegan proteger.

Este plan orquestado desde Wall Street solo busca reestablecer las condiciones financieras necesarias para que el territorio regrese vigoroso al mercado de bonos, aumentando el nivel de explotación de las masas trabajadoras. Es por esto que los trabajadores debemos organizarnos independientemente para luchar contra las clases explotadoras en nuestro país que nos preparen y eduquen para la toma del poder político. Solo con la clase obrera en el poder lograremos erradicar la especulación financiera y el enriquecimiento de un puñado de parásitos con nuestros bienes sociales. Solo con la clase obrera en el poder podremos construir una sociedad que proteja los intereses y aspiraciones de las mayorías por medio de la nacionalización de la banca y asegurando las prestaciones de servicios médicos y de jubilación.